Desde el gobierno de Entre Ríos recordaron a AIM que la Nación anunció la convocatoria a paritarias nacionales docentes en el que el tema central será el salario. Allí se debatirá qué aumento salarial se le otorgará al sector.
En tanto, en la provincia aguardarán el resultado de esta instancia “para luego convocar a los gremios docentes y luego a los demás estatales”.
El año pasado “la paritaria se resolvió el 22 de febrero” por lo que consideran que aún se está a tiempo de resolver este tema y que las clases comiencen normalmente en todo el territorio argentino.
No obstante, el gobierno entrerriano considera que “cualquier aumento que se otorgue siginificará muchísima plata para el Estado”.
En tal sentido, la fuente ejemplificó a AIM que “un aumento del 10 por ciento a los empleados públicos, representa 50.000.000 de pesos por mes, o sea 600.000.000 de pesos al año, y con los incrementos en los avalúos recientemente anunciados el estado prevé un ingreso anual extra de 180.000.000 de pesos”. De la misma manera afirmó que “el sector docente representa el 50 por ciento de la masa salarial de la provincia y un incremento del 20 por ciento para este sector representaría unos $50.000.000”.

Reclamo de ATE

“Por segunda vez consecutiva, el gobierno provincial extiende el cronograma de pagos más allá del 10, con el consecuente perjuicio a los trabajadores estatales; quienes a sus magros salarios les deberán restar la mora en todos los servicios y cuentas que deberán pagar fuera de término”, lamentaron en un comunicado de prensa desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). “La extensión se da pese al Decreto 4.940 de 2008, mediante el que estipularon que el abono de haberes iría hasta el 10 de cada mes”, apuntaron. “Entre Ríos tuvo vastas y malas experiencias en el pago de haberes a la administración pública y jubilados fuera de término, incluso con fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) a favor de los estatales en ese sentido, y a pesar de ello, se vuelve a reincidir en el pago de haberes fuera de término, trayendo importantes consecuencias al magro salario estatal de la provincia. Estos sueldos no llegan siquiera a cubrir el mínimo vital y móvil (significa que es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral), que en el mes de septiembre de 2011, pasó a ser de 2.300 pesos contra los 2.080 de salario garantizado que tiene la provincia”, detallaron.
“ATE hizo formal el pedido en estas dos oportunidades ante el Ministerio de Economía, repudiando esta metodología de pago por parte del gobierno provincial y reclamando la normalización y el cambio de cronograma para que ningún estatal ni jubilado cobre mas allá del 10”, reseñaron.