El río Uruguay y el medioambiente

Por ejemplo, ayer el comité binacional que responde a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) ingresó por novena vez a la pastera UPM-Botnia en Fray Bentos; pero todavía las comunidades desconocen los resultados de dicho monitoreo.
Los científicos de Argentina y Uruguay ingresaron a la pastera para cumplir con los pasos formales del monitoreo conjunto binacional. Se trata de la novena entrada oficial a la planta, de diez concretadas -las dos primeras fueron de prueba-, y de un total de doce a realizar por año.
Tras el acuerdo de 2010 por los presidentes Cristina Fernández y José Mujica, los controles comenzaron oficialmente en junio de 2011. Sin embargo, hasta ahora no se divulgó ningún resultado. Las divergencias en las delegaciones de la CARU impiden por el momento saber cómo está operando la planta. Se saben algunas cuestiones parciales como la de emitir efluentes al curso de agua por encima de la temperatura admitida en el Digesto del Río Uruguay; se sabe también que se ha descubierto un efluente clandestino; pero oficialmente no se avanza en la transparencia de dicha información.
Por otro lado, en la costa entrerriana se sabe que una empresa ubicada en el departamento Colón tampoco respeta los parámetros del Digesto y eso ha motivado justas quejas por parte de la delegación oriental ante la Caru. Los funcionarios entrerrianos deberían saber que los parámetros a tener en cuenta son los dictados por el Digesto y no solamente por las normas provinciales. Es el mismo argumento, salvando alguna distancia, que el esgrimido por los uruguayos con respecto a Botnia.
Mientras tanto, el río Uruguay continúa siendo un peregrino en medio de un holocausto ambiental producido esencialmente por los desmontes, los agrotóxicos, los efluentes industriales y urbanos, Botnia y una depredación ictícola que tampoco nadie ha acertado en detener. A esto se le debe sumar las floraciones algales que lesionan la recreación de las playas y balnearios, especialmente en la zona de la represa de Salto Grande.
Volviendo al plan de monitoreo, que se extiende hasta la desembocadura del río Gualeguaychú, fue acordado en 2010 por ambos presidentes y en aquella oportunidad se prometió que a los treinta días estarían los resultados del primer monitoreo, pero lo concreto es que a casi n año de impulsar esa iniciativa, todavía no hay ni un solo renglón oficial sobre los resultados.
Ambos gobiernos se acusan mutuamente de no habilitar la difusión de dichos estudios y las comunidades ribereñas siguen sin visualizar una solución concreta y realista que permita ponerle un freno a la contaminación que está padeciendo el río Uruguay.
Es urgente que los organismos de ambos gobiernos sinceren sus posiciones, que asuman el rol intransferible que tienen los Estados de proteger la vida y con ello a los ciudadanos y a su entorno y no se continúe –por mezquinos intereses- con una contaminación alarmante que ya se observa en el recurso compartido. El río Uruguay debería ser fuente de vida e integración. Es la desidia de ambos Estado que lo ubica en un espacio de conflicto y desequilibrio.