La injusticia de la pobreza

El Estado y la clase dirigente en su conjunto (pública y privada) debería tener como prioridad innegociable en sus agendas a la pobreza, pero no para generarla sino para erradicarla.
Erradicar la pobreza y reducir la incidencia de la propia pobreza requiere como condición necesaria la recuperación de la senda del crecimiento económico. Pero está visto que eso es insuficiente, porque también es imperioso que las instituciones de la República y el propio Estado sepan mirar a la sociedad en términos generacionales y no solamente electorales.
Nadie dudará en afirmar que Argentina es un país con importantes recursos. Tiene todos los climas y un extenso territorio pródigo y bondadoso para las más diversas producciones.
Pero a pesar de ello, la pobreza se extiende. ¿Qué ocurre? Los resultados de las reformas estructurales tanto en la organización económica como en las instituciones básicas no están dando los resultados pronosticados.
Es cierto que hay más conciencia sobre la inclusión de todos los sectores en una distribución de ingresos más equitativa. Para ello se debe favorecer –todavía no se ha hecho de manera sistemática- la utilización plena de los recursos locales y crear mejores condiciones para la inversión, que tiene como una primera consecuencia la creación de mayores niveles de empleo, colaborando así con la estabilidad monetaria y el desarrollo.
Pero nada de eso se logrará si antes no se aplica una promoción y sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas que son las principales generadoras de trabajo y empleo. Será a través de las llamadas Pymes como se retomará el camino más adecuado y sostenible para afianzar la inclusión social, recuperar los niveles de ingresos, y de esa forma reducir la pobreza y erradicar la indigencia que todavía avergüenza a la familia argentina.
Pero aún así no es suficiente. Se requiere también que se avance una reforma integral de la política fiscal, que sea progresiva y fundamentalmente que evite la gran evasión, entre otros temas urgentes, estructurales y prioritarios.
Es indudable que todos estos objetivos no deben ser sólo metas del gobierno de turno, sino que se debe convocar a todos: gobiernos nacional, provinciales y municipales; pero también a empresarios y trabajadores; las organizaciones sociales e intermedias. Y quien tiene que realizar esa convocatoria es el Estado.
Si cada uno asumiera el compromiso, el proceso sería mucho más llevadero. El horizonte no es otro que establecer el bienestar y la calidad de vida a todos los ciudadanos. ¿Se tiene esa conciencia en el conjunto de la dirigencia? La respuesta cae por madura: No. Y esa falta de conciencia es el mayor obstáculo para erradicar la pobreza y terminar con la indigencia.