¿Y la ley?

En rigor, la Federación Agraria Argentina desde hace siete años viene bregando por una ley de arrendamiento, que los legisladores se niegan a debatir.
Hay que tener en cuenta que no hay proyecto nacional viable con el actual festival de extranjerización y concentración de la tierra. Es más, sería demasiado iluso pretender que esta situación se resolverá con una ley por sí misma, pero es un paso necesario e indispensable. Junto con el límite a la extranjerización de la tierra y una ley de arrendamiento hay que establecer mecanismos que eviten los desalojos que padecen los pequeños y medianos productores y crear un nuevo esquema para la comercialización de carnes y granos.
Si se ahonda en la historia, es necesario remitirse al Grito de Alcorta de 1912, cuando los agrarios levantaron la bandera de la democratización del uso y tenencia de la tierra y ya hablan –en ese entonces- de ponerle un freno a la extranjerización.
Hay que tomar conciencia de que los pequeños y medianos productores están en una situación crítica y pueden perder la tierra que la vienen trabajando desde hace generaciones.
Los pooles de siembra, los fideicomisos, los fondos de inversión, erosionan la cultura del trabajo que caracteriza al sector agropecuario, porque la única finalidad que tienen es la rentabilidad económica en el corto plazo.
En este contexto, no queda otra cosa que afirmar que la concentración de tierras está siendo avalada por el gobierno nacional, aunque en su discurso diga otra cosa. De otro modo no se entiende por qué teniendo una mayoría en ambas Cámaras no aborda estos temas que son cruciales para las familias de los chacareros.
Por otro lado, se está generando bolsones de marginados, dado que el éxodo rural implica abandonar el campo para trasladarse a las periferias de las ciudades, transformando a personas laboriosas en parias.
Al inicio de esta columna se sostuvo que no hay proyecto nacional viable sin una ley de extranjerización de la tierra y sin una ley de arrendamiento. En rigor, no hay siquiera desarrollo local sin esas normas.
No es menor que se haya puesto en agenda legislativa una problemática tan aguda y tan vinculada con la construcción de ciudadanía. Pero es necesario hechos más concretos, justamente para comenzar a debatir qué proyecto agropecuario se requiere para el país, incluida la llamada soberanía alimentaria.
Se insiste que se está en un momento crucial para abordar estos temas, porque los daños no son solamente económicos o ambientales, sino que se está perjudicando de manera irreversible una identidad vinculada con la cultura del trabajo. Los legisladores tienen tarea que cumplir y pueden pasar a la historia como quienes le pusieron límite al despojo de la Patria. Pero eso no se logra con anuncios vacíos, sino con el innegociable contenido de que la tierra es para el que la trabaja.