La contaminación ambiental avanza porque retrocede el Estado provincial
Entre Ríos es una provincia que anticipa en su nombre un territorio fecundo en naturaleza y en el vínculo del hombre con el paisaje.
Sin embargo, también es cierto que esto no implica necesariamente que haya conciencia y cultura de preservación y sustentabilidad que permitan priorizar la biodiversidad como un valor presente y futuro.
EL ARGENTINO presenta los principales –pero no los únicos- problemas ambientales que están lejos de solucionarse, justamente por una ausencia del Estado.
Lo primero que hay que reconocer es que desde hace un par de años se pasó de Dirección de Ambiente a Secretaría, una jerarquía institucional que despertó muchas expectativas pero que actualmente también genera muchas decepciones a juzgar por sus resultados.
Si bien es difícil señalar al principal problema ambiental de la provincia, se puede decir con certeza que tal vez la erosión hídrica sea uno de los más sensibles, justamente en un territorio que se denomina así mismo Entre Ríos. Esta erosión hídrica se potencia por la expansión de la agricultura a escala industrial, amén del envenenamiento que padecen los campos por el uso de los agrotóxicos.
Otro problema ambiental clave es la falta de solución a la gran cantidad de residuos sólidos que no tienen tratamiento, situación que se agrava porque los cursos de aguas son receptores de efluentes industriales. Y en el caso específico de la cuenca del río Gualeguaychú, nada se está haciendo para prevenir los males que genera –por ejemplo- las aguas termales que bajan desde Villa Elisa.
El desmonte nativo es otro flagelo que se está produciendo de la mano de la expansión de la frontera agrícola, situación que empeora en los campos con relieve de cuchillas, donde el humus de la tierra se arrastra hasta dejar parcelas estériles propias de un valle lunar.
Quien viaje hacia Paraná, notará a la altura de Aldea Brasilera un nauseabundo olor por malos tratamientos industriales y quien lo haga por Crespo, sentirá lo mismo al llegar a esa localidad. Esto ocurre desde hace añares, sin que el Estado acierte con una medida protectora al ambiente y a la salud.
Y lo mismo que ocurre en las ciudades está pasando en el campo. En las zonas agrícolas ya es rutina encontrar cada tanto tiempo peces muertos flotando en ríos y arroyos, víctimas de los agrotóxicos.
Salud pública no tiene ningún relevamiento de enfermedades provocadas como consecuencia de la contaminación. No hay registros oficiales de víctimas de agrotóxicos, pese a que los cementerios ya tienen sus tumbas de estas personas inocentes y los cánceres se van multiplicando año tras año. Tan sólo en Gualeguaychú, el oncólogo Héctor Arocena viene denunciando casi en soledad que se produce un cáncer por día, de acuerdo a las estadísticas anuales. Sin embargo, las autoridades sanitarias todavía no se han hecho eco como corresponde.
La contaminación genera por lo menos problemas respiratorios crónicos, envenena los cursos de agua que deberían ser indispensables para su potabilización; y en las zonas marginales –donde la contaminación hace estragos en medio de la pobreza- la situación es mucho más aguda por la falta de saneamiento.
Botnia
No se puede hablar de contaminación, sin señalar al mayor conflicto (pero no el más grave) en materia ambiental. La presencia de la fábrica de pasta de celulosa Botnia en Fray Bentos, también encuentra al Estado nacional y provincial –y a las mayorías de las municipalidades- en la cultura del “no te metás”, dejando hacer sin intervenir, entregando la potestad de controlar a la propia gerencia de la fábrica. Una entrega de soberanía que implica una desprotección a su ciudadanía.
No se trata solamente de una violenta agresión al ambiente y a la salud, sino también una desprotección integral donde la pasividad del Estado provincial y los Municipales, agravan la situación. Sin defensas, los ciudadanos solo les quedan organizarse por sí mismo en asambleas y en vez de que el Estado les arrebate el conflicto (como debe ser en toda organización civilizada) es el pueblo quien le saca el rol tutelar al Estado.
Así las cosas, los desarrollos de otros perfiles –más allá de su convocatoria de público como es el caso del turismo- tienen certificado de defunción escrito por el avance de la contaminación en todas sus formas.
El mal viene en el agua
El agua pura y fresca debería ser percibida como un Don. Sin embargo, los cursos de agua generan desconfianza y su presencia comienza a percibirse más como una amenaza que una bendición.
El río, que debería ser un cordón umbilical que alimenta y da vida, es hoy una gigantesca cinta transportadora de muerte a cielo abierto.
No es solamente Botnia. El desmonte nativo, los agrotóxicos, los efluentes fabriles y urbanos, la agricultura a escala industrial, la basura que genera la actividad humana… nada se trata y todo se deposita en esas aguas que cada vez avanzan de manera más lentas y negras.
Mientras esto ocurre, curiosamente desde el Estado se silencian voces potentes que advierten sobre estas laceraciones a la naturaleza. Ambientalistas son procesados judicialmente, las protestas se criminalizan y la única respuesta es el castigo.
La Cuenca del Feliciano, que desemboca en el Paraná; la cuenca del Uruguay que descarga sus aguas en el Río de la Plata, la cuenca del Paraná, la del Gualeguay… todas están moribundas y saturadas de contaminación.
La depredación humana es colosal en la provincia. Esta depredación no encuentra amparo e incluso se justifica con la excusa de las ganancias económicas, por la renta, por una concepción productivista que no contempla la vida.
No es casual que las tres áreas que más deben influir en esta materia están ausentes. No hay ninguna fotografía que muestre al ministerio de Salud, al ministro de Producción y al secretario de Ambiente trabajando juntos. Cada uno por su lado y separados, con una concepción de un Estado desmembrado, no articulado, sin coordinación mínima y elemental, con normas y leyes que se superponen… y para males, con Municipios que se desentienden, con cámaras industriales y empresariales que miran para otro lado, con organismos como la Comisión Administradora del Río Uruguay que boicotea su propia autoridad en la cuenca… con funcionarios que no funcionan.
Otro ejemplo de la desidia. En el 2010, el entonces ministro de Salud, Ángel Giano, presidió varias reuniones con referentes nacionales, provinciales y municipales de Gualeguaychú, “para asegurar el seguimiento y control de aquellas personas que presenten cualquier síntoma compatible con la exposición a tóxicos ambientales”. Además, se emitió una resolución (la número 3383 de septiembre de 2010) mediante la cual se dispuso notificar en forma obligatoria cualquier caso compatible con síntomas por contaminación ambiental. De esas notificaciones no se conocen ninguna: o no hubo contaminación para el Estado o no se hizo lo que se prometió. En ambos casos habla a las claras de la deficiencia en la materia y la desprotección que amenaza a las poblaciones. Es más, nunca hubo al respecto información fehaciente y mucho menos inmediata.
Otras miradas
A principios de abril de este año, se intentó generar un registro de empresas contaminantes en Entre Ríos. La idea era propiciar el control por parte del Estado Provincial, a todas aquellas empresas que operen o desarrollen sus actividades dentro del territorio y que producto de sus actividades se encuentren en franca violación a las normas ambientales. No hubo avances, solo anuncios.
Es más, ese registro debería ser público, actualizado, de fácil consulta y de libre acceso por internet. Debería decir de manera individualizada todas las empresas industriales, personas físicas o jurídicas, dedicadas a la producción de cualquier elemento o sustancia que sea considerado contaminante, y a todas aquellas que desarrollen actividades susceptibles de generar desechos industriales contaminantes. Incluso si dichas empresas fueron objetos de sanciones por parte del Estado, y todo otro dato que la Provincia estime procedente. Nada se hizo… por eso no se controla.
En materia de educación, los avances son también lentos. Por ejemplo, en 2010 la Cámara de Diputados de la provincia sancionó un proyecto de resolución por el cual proponía utilizar el reverso de las boletas del Impuesto Inmobiliario para informar sobre los efectos nocivos de la contaminación ambiental. Se trataba de aprovechar casi 500 mil boletas que se distribuyen periódicamente en toda la provincia. Nada se sostiene, todo se abandona.
Otra iniciativa que también está naufragando es la de crear en el ámbito de la Policía de Entre Ríos, la Dirección de Policía Ambiental, con el objetivo de “ejercer el control y fiscalización de los recursos naturales en general, cumpliendo y haciendo cumplir toda normativa que contenga previsiones referidas a la protección y cuidado del ambiente y de los recursos hídricos”. Tampoco parece ser este el caso que manifiesta una clara voluntad política y un compromiso para hacer las cosas distintas.
Los casos se suceden. Un ejemplo es el rechazo masivo que está teniendo el método fracking vinculado con las exploraciones petroleras y la inercia de un Estado que sigue siendo sordo a todas las advertencias.
Así las cosas, la contaminación ambiental es la única que avanza en la provincia, justamente porque el Estado retrocede en su rol tutelar. Y si se tiene una mirada integral de la problemática, se debe concluir que el ecocidio ya transita su marcha letal e implacable.
Por Nahuel Maciel
EL ARGENTINO
EL ARGENTINO presenta los principales –pero no los únicos- problemas ambientales que están lejos de solucionarse, justamente por una ausencia del Estado.
Lo primero que hay que reconocer es que desde hace un par de años se pasó de Dirección de Ambiente a Secretaría, una jerarquía institucional que despertó muchas expectativas pero que actualmente también genera muchas decepciones a juzgar por sus resultados.
Si bien es difícil señalar al principal problema ambiental de la provincia, se puede decir con certeza que tal vez la erosión hídrica sea uno de los más sensibles, justamente en un territorio que se denomina así mismo Entre Ríos. Esta erosión hídrica se potencia por la expansión de la agricultura a escala industrial, amén del envenenamiento que padecen los campos por el uso de los agrotóxicos.
Otro problema ambiental clave es la falta de solución a la gran cantidad de residuos sólidos que no tienen tratamiento, situación que se agrava porque los cursos de aguas son receptores de efluentes industriales. Y en el caso específico de la cuenca del río Gualeguaychú, nada se está haciendo para prevenir los males que genera –por ejemplo- las aguas termales que bajan desde Villa Elisa.
El desmonte nativo es otro flagelo que se está produciendo de la mano de la expansión de la frontera agrícola, situación que empeora en los campos con relieve de cuchillas, donde el humus de la tierra se arrastra hasta dejar parcelas estériles propias de un valle lunar.
Quien viaje hacia Paraná, notará a la altura de Aldea Brasilera un nauseabundo olor por malos tratamientos industriales y quien lo haga por Crespo, sentirá lo mismo al llegar a esa localidad. Esto ocurre desde hace añares, sin que el Estado acierte con una medida protectora al ambiente y a la salud.
Y lo mismo que ocurre en las ciudades está pasando en el campo. En las zonas agrícolas ya es rutina encontrar cada tanto tiempo peces muertos flotando en ríos y arroyos, víctimas de los agrotóxicos.
Salud pública no tiene ningún relevamiento de enfermedades provocadas como consecuencia de la contaminación. No hay registros oficiales de víctimas de agrotóxicos, pese a que los cementerios ya tienen sus tumbas de estas personas inocentes y los cánceres se van multiplicando año tras año. Tan sólo en Gualeguaychú, el oncólogo Héctor Arocena viene denunciando casi en soledad que se produce un cáncer por día, de acuerdo a las estadísticas anuales. Sin embargo, las autoridades sanitarias todavía no se han hecho eco como corresponde.
La contaminación genera por lo menos problemas respiratorios crónicos, envenena los cursos de agua que deberían ser indispensables para su potabilización; y en las zonas marginales –donde la contaminación hace estragos en medio de la pobreza- la situación es mucho más aguda por la falta de saneamiento.
Botnia
No se puede hablar de contaminación, sin señalar al mayor conflicto (pero no el más grave) en materia ambiental. La presencia de la fábrica de pasta de celulosa Botnia en Fray Bentos, también encuentra al Estado nacional y provincial –y a las mayorías de las municipalidades- en la cultura del “no te metás”, dejando hacer sin intervenir, entregando la potestad de controlar a la propia gerencia de la fábrica. Una entrega de soberanía que implica una desprotección a su ciudadanía.
No se trata solamente de una violenta agresión al ambiente y a la salud, sino también una desprotección integral donde la pasividad del Estado provincial y los Municipales, agravan la situación. Sin defensas, los ciudadanos solo les quedan organizarse por sí mismo en asambleas y en vez de que el Estado les arrebate el conflicto (como debe ser en toda organización civilizada) es el pueblo quien le saca el rol tutelar al Estado.
Así las cosas, los desarrollos de otros perfiles –más allá de su convocatoria de público como es el caso del turismo- tienen certificado de defunción escrito por el avance de la contaminación en todas sus formas.
El mal viene en el agua
El agua pura y fresca debería ser percibida como un Don. Sin embargo, los cursos de agua generan desconfianza y su presencia comienza a percibirse más como una amenaza que una bendición.
El río, que debería ser un cordón umbilical que alimenta y da vida, es hoy una gigantesca cinta transportadora de muerte a cielo abierto.
No es solamente Botnia. El desmonte nativo, los agrotóxicos, los efluentes fabriles y urbanos, la agricultura a escala industrial, la basura que genera la actividad humana… nada se trata y todo se deposita en esas aguas que cada vez avanzan de manera más lentas y negras.
Mientras esto ocurre, curiosamente desde el Estado se silencian voces potentes que advierten sobre estas laceraciones a la naturaleza. Ambientalistas son procesados judicialmente, las protestas se criminalizan y la única respuesta es el castigo.
La Cuenca del Feliciano, que desemboca en el Paraná; la cuenca del Uruguay que descarga sus aguas en el Río de la Plata, la cuenca del Paraná, la del Gualeguay… todas están moribundas y saturadas de contaminación.
La depredación humana es colosal en la provincia. Esta depredación no encuentra amparo e incluso se justifica con la excusa de las ganancias económicas, por la renta, por una concepción productivista que no contempla la vida.
No es casual que las tres áreas que más deben influir en esta materia están ausentes. No hay ninguna fotografía que muestre al ministerio de Salud, al ministro de Producción y al secretario de Ambiente trabajando juntos. Cada uno por su lado y separados, con una concepción de un Estado desmembrado, no articulado, sin coordinación mínima y elemental, con normas y leyes que se superponen… y para males, con Municipios que se desentienden, con cámaras industriales y empresariales que miran para otro lado, con organismos como la Comisión Administradora del Río Uruguay que boicotea su propia autoridad en la cuenca… con funcionarios que no funcionan.
Otro ejemplo de la desidia. En el 2010, el entonces ministro de Salud, Ángel Giano, presidió varias reuniones con referentes nacionales, provinciales y municipales de Gualeguaychú, “para asegurar el seguimiento y control de aquellas personas que presenten cualquier síntoma compatible con la exposición a tóxicos ambientales”. Además, se emitió una resolución (la número 3383 de septiembre de 2010) mediante la cual se dispuso notificar en forma obligatoria cualquier caso compatible con síntomas por contaminación ambiental. De esas notificaciones no se conocen ninguna: o no hubo contaminación para el Estado o no se hizo lo que se prometió. En ambos casos habla a las claras de la deficiencia en la materia y la desprotección que amenaza a las poblaciones. Es más, nunca hubo al respecto información fehaciente y mucho menos inmediata.
Otras miradas
A principios de abril de este año, se intentó generar un registro de empresas contaminantes en Entre Ríos. La idea era propiciar el control por parte del Estado Provincial, a todas aquellas empresas que operen o desarrollen sus actividades dentro del territorio y que producto de sus actividades se encuentren en franca violación a las normas ambientales. No hubo avances, solo anuncios.
Es más, ese registro debería ser público, actualizado, de fácil consulta y de libre acceso por internet. Debería decir de manera individualizada todas las empresas industriales, personas físicas o jurídicas, dedicadas a la producción de cualquier elemento o sustancia que sea considerado contaminante, y a todas aquellas que desarrollen actividades susceptibles de generar desechos industriales contaminantes. Incluso si dichas empresas fueron objetos de sanciones por parte del Estado, y todo otro dato que la Provincia estime procedente. Nada se hizo… por eso no se controla.
En materia de educación, los avances son también lentos. Por ejemplo, en 2010 la Cámara de Diputados de la provincia sancionó un proyecto de resolución por el cual proponía utilizar el reverso de las boletas del Impuesto Inmobiliario para informar sobre los efectos nocivos de la contaminación ambiental. Se trataba de aprovechar casi 500 mil boletas que se distribuyen periódicamente en toda la provincia. Nada se sostiene, todo se abandona.
Otra iniciativa que también está naufragando es la de crear en el ámbito de la Policía de Entre Ríos, la Dirección de Policía Ambiental, con el objetivo de “ejercer el control y fiscalización de los recursos naturales en general, cumpliendo y haciendo cumplir toda normativa que contenga previsiones referidas a la protección y cuidado del ambiente y de los recursos hídricos”. Tampoco parece ser este el caso que manifiesta una clara voluntad política y un compromiso para hacer las cosas distintas.
Los casos se suceden. Un ejemplo es el rechazo masivo que está teniendo el método fracking vinculado con las exploraciones petroleras y la inercia de un Estado que sigue siendo sordo a todas las advertencias.
Así las cosas, la contaminación ambiental es la única que avanza en la provincia, justamente porque el Estado retrocede en su rol tutelar. Y si se tiene una mirada integral de la problemática, se debe concluir que el ecocidio ya transita su marcha letal e implacable.
Por Nahuel Maciel
EL ARGENTINO
Este contenido no está abierto a comentarios