Los vocales del STJ aumentaron sus sueldos 600 por ciento desde 2011
Primero avisa y después dispone. Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación efectiviza los aumentos salariales para el Poder Judicial. Y automáticamente eso se traslada a los jueces entrerrianos, a partir de aquel concepto de “armonización” que en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) lograron arrancarle al gobierno de Sergio Urribarri, allá por 2011.
El mes pasado, la Corte dispuso un incremento del 10 por ciento. Según un informe periodístico, el aumento generará un impacto de más de 60 millones de pesos para las cuentas públicas.
El mes pasado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, pidió por carta a la Jefatura de Gabinete una modificación de partidas presupuestarias para otorgar un aumento salarial para todo el Poder Judicial y luego el máximo tribunal en pleno dispuso un incremento del 10 por ciento para todas las categorías del escalafón a partir del 1º de marzo, publicó Página Judicial.
La decisión tiene un efecto directo e inmediato en Entre Ríos: impactará en los más de 2.200 trabajadores que tiene el Poder Judicial e insumirá un gasto extra superior a los 60 millones de pesos para el presupuesto provincial. Esto es así desde que en diciembre de 2011 entró en vigencia la Ley de Sueldos del Poder Judicial, que establece una equiparación de salarios de los magistrados entrerrianos con los nacionales.
La Ley Número 10.068 establece que “a las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial provincial, se les aplicará en forma automática todo incremento que por cualquier concepto disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los haberes del Poder Judicial nacional, correspondiendo al Poder Ejecutivo implementar las medidas tendientes a adecuarlas en idéntica medida, para proceder a liquidarlas y abonarlas íntegramente” y agrega que “a tales fines, el Poder Judicial comunicará al Ministerio de Economía el incremento que resulte, con copia de la acordada respectiva (de la Corte Suprema), para su cumplimiento”.
Así las cosas, el STJ remitió hace unos días al Poder Ejecutivo la Acordada Número 5/14, fechada el 8 de abril, donde los ministros de la Corte Suprema decidieron el incremento salarial, para que el gobierno provincial disponga su efectivización.
El Presupuesto 2014 de la provincia contempla un total de 826 millones de pesos para el pago de salarios del Poder Judicial, lo que representa el 7,6 por ciento del total asignado para gastos de personal en toda la administración pública entrerriana. La cifra es, por ejemplo, casi siete veces superior al gasto previsto para seguridad social (jubilaciones y obra social provincial). Y el incremento salarial para los magistrados, funcionarios y empleados judiciales insumiría un gasto extra de unos 63,5 millones de pesos.
Escalas
La escala salarial prevista en el Presupuesto 2014, tomando como caso testigo el de un juez de primera instancia con diez años de antigüedad, es la siguiente: el sueldo básico es de 28.502,39 pesos; más 8.892,74 pesos en concepto de intangibilidad; y 11.218,54 pesos por antigüedad; a eso hay que restar 9.528,28 pesos en concepto de aportes personales. Así, el sueldo de bolsillo sería de 39.085,39 pesos. Aquí una salvedad: las leyes provinciales fijan una escala porcentual para los distintos cargos en función del sueldo del vocal del STJ, que es el máximo cargo del escalafón. Esta escala, ahora, se verá modificada.
En el caso concreto de la presidenta del STJ, Claudia Mizawak -tomando un ejemplo al azar-, embolsaba, antes del último aumento, una suma mensual de 100.179,03 pesos, con la salvedad de que está eximido del pago de Impuesto a las Ganancias, por aquello de la intangibilidad del salario de los magistrados, y ni siquiera tienen obligación de realizar el aporte solidario al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), por una acordada del propio STJ que los autoriza a retirarse de la entidad y buscar cobertura en una empresa de medicina prepaga privada.
Pero el dato más llamativo es que desde la entrada en vigencia de la ley que equipara los salarios de los jueces entrerrianos con los nacionales, el sueldo de los vocales del alto cuerpo se vio incrementado en más de un 600 por ciento (sin paritarias claro está), muy por encima de la media de cualquier otro trabajador del sector público o privado en la provincia e incluso en la Nación.
El mes pasado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, pidió por carta a la Jefatura de Gabinete una modificación de partidas presupuestarias para otorgar un aumento salarial para todo el Poder Judicial y luego el máximo tribunal en pleno dispuso un incremento del 10 por ciento para todas las categorías del escalafón a partir del 1º de marzo, publicó Página Judicial.
La decisión tiene un efecto directo e inmediato en Entre Ríos: impactará en los más de 2.200 trabajadores que tiene el Poder Judicial e insumirá un gasto extra superior a los 60 millones de pesos para el presupuesto provincial. Esto es así desde que en diciembre de 2011 entró en vigencia la Ley de Sueldos del Poder Judicial, que establece una equiparación de salarios de los magistrados entrerrianos con los nacionales.
La Ley Número 10.068 establece que “a las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial provincial, se les aplicará en forma automática todo incremento que por cualquier concepto disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los haberes del Poder Judicial nacional, correspondiendo al Poder Ejecutivo implementar las medidas tendientes a adecuarlas en idéntica medida, para proceder a liquidarlas y abonarlas íntegramente” y agrega que “a tales fines, el Poder Judicial comunicará al Ministerio de Economía el incremento que resulte, con copia de la acordada respectiva (de la Corte Suprema), para su cumplimiento”.
Así las cosas, el STJ remitió hace unos días al Poder Ejecutivo la Acordada Número 5/14, fechada el 8 de abril, donde los ministros de la Corte Suprema decidieron el incremento salarial, para que el gobierno provincial disponga su efectivización.
El Presupuesto 2014 de la provincia contempla un total de 826 millones de pesos para el pago de salarios del Poder Judicial, lo que representa el 7,6 por ciento del total asignado para gastos de personal en toda la administración pública entrerriana. La cifra es, por ejemplo, casi siete veces superior al gasto previsto para seguridad social (jubilaciones y obra social provincial). Y el incremento salarial para los magistrados, funcionarios y empleados judiciales insumiría un gasto extra de unos 63,5 millones de pesos.
Escalas
La escala salarial prevista en el Presupuesto 2014, tomando como caso testigo el de un juez de primera instancia con diez años de antigüedad, es la siguiente: el sueldo básico es de 28.502,39 pesos; más 8.892,74 pesos en concepto de intangibilidad; y 11.218,54 pesos por antigüedad; a eso hay que restar 9.528,28 pesos en concepto de aportes personales. Así, el sueldo de bolsillo sería de 39.085,39 pesos. Aquí una salvedad: las leyes provinciales fijan una escala porcentual para los distintos cargos en función del sueldo del vocal del STJ, que es el máximo cargo del escalafón. Esta escala, ahora, se verá modificada.
En el caso concreto de la presidenta del STJ, Claudia Mizawak -tomando un ejemplo al azar-, embolsaba, antes del último aumento, una suma mensual de 100.179,03 pesos, con la salvedad de que está eximido del pago de Impuesto a las Ganancias, por aquello de la intangibilidad del salario de los magistrados, y ni siquiera tienen obligación de realizar el aporte solidario al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), por una acordada del propio STJ que los autoriza a retirarse de la entidad y buscar cobertura en una empresa de medicina prepaga privada.
Pero el dato más llamativo es que desde la entrada en vigencia de la ley que equipara los salarios de los jueces entrerrianos con los nacionales, el sueldo de los vocales del alto cuerpo se vio incrementado en más de un 600 por ciento (sin paritarias claro está), muy por encima de la media de cualquier otro trabajador del sector público o privado en la provincia e incluso en la Nación.
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