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Diario El Argentinojueves 28 de marzo de 2024
Provinciales

Detuvieron al suegro de Emilio Castrillón

Detuvieron al suegro  de Emilio Castrillón

El juez Federal de Paraná, Leandro Ríos, dispuso la detención de un ex policía provincial acusado por el secuestro y torturas de una mujer durante la última dictadura cívico-militar.  


Se trata de Atilio Ricardo Céparo, de 66 años y oriundo de La Paz, quien es suegro del vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, ex legilsador del PJ entrerriano. El ex uniformado se presentó espontáneamente el jueves por la noche en los Tribunales Federales, después de que Gendarmería fuera a buscarlo a su casa y no lo encontrara.
Castrillón habría intentado resistir la detención de su suegro, en la noche de ayer, pero no lo pudo conseguir. El ex policía fue indagado por el juez Ríos y derivado a la Unidad Penal número 1, pasado el mediodía. El magistrado le imputó los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos por un hecho que habría ocurrido en septiembre de 1976. Una ex detenida política señaló a Céparo como una de las personas que la secuestró de su casa en la ciudad de Paraná y también lo reconoció entre quienes la sometieron a torturas mientras era interrogada durante su detención ilegal. El ex policía sería indagado hoy por el magistrado. Ricardo Atilio Céparo es suegro de Emilio Castrillón, el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y hasta su detención se desempeñaba como chofer del alto cuerpo. Natalia Céparo, una de las hijas del ex policía, está casada con el magistrado.
Céparo era oficial auxiliar de la Policía de Entre Ríos y fue dejado cesante a partir del 24 de julio de 1981, tras un sumario administrativo en el que fue acusado de haber cobrado indebidamente multas en nombre del Estado. Luego fue chofer de una cochería de servicios fúnebres de La Paz. En año 2003 presentó un recurso de gracia pidiendo su reincorporación al cuadro de oficiales de la Policía. En ese momento invocó “la difícil situación económica que atraviesa” y dijo que el sumario había sido “arbitrario y viciado de nulidades”. El gobierno que entonces encabezaba Sergio Montiel le rechazó el recurso y la medida fue confirmada en 2005 por el gobernador Jorge Busti y su ministro Sergio Urribarri.
 

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