AMIA, Nisman e impunidad
El atentado a la mutual judía AMIA lleva más de dos décadas de impunidad y de inoperancia de la Justicia. En rigor, no se trata de la única impunidad en esta materia que se registra en 31 años de democracia. El atentado a la Embajada de Israel quedó impune, por citar un ejemplo también emblemático.
Ahora ingresa en ese escenario la muerte de Alberto Nisman, que además jaquea a las propias instituciones de la República.
No es casual la sensación colectiva en el país: la muerte de Nisman genera estremecimiento y más incertidumbres que certezas. Por eso es urgente que se esclarezca cuando antes y a la luz de la ley y la Justicia. Lo peor que puede ocurrir es que esta muerte termine siendo esclarecida por los historiadores y no por la Justicia. Ya ha pasado en otras oportunidades y eso es un registro de debilidad de las propias instituciones.
El caso AMIA es una causa que está embargada por el encubrimiento realizado desde las más altas esferas del poder. Y esto genera lógicas y naturales desconfianza aún cuando se esté diciendo la verdad. Los niveles de descreimiento existen porque se ha perdido la confianza entre gobernados y gobernantes. No es responsabilidad ni culpa de la ciudadanía, sino de quienes asumieron sus representaciones.
Por eso cuando se habla de encubrimiento hay que asociarla siempre a la impunidad, uno de los mayores flagelos que atraviesa y cuestiona a la dirigencia política en toda su extensión e intensión.
El otro hecho es que los propios servicios de inteligencia en vez de facilitar la investigación la han obstruido. No alcanza con sólo cambiar una ley en ese campo, sino que también hay que llevar a la Justicia a sus responsables directos y materiales. Incluso no habría que agotar la intervención de otros servicios de inteligencia pertenecientes a otros países. Todo es posible, en un mundo que no reconoce buenas intenciones en la defensa de los intereses generales.
Por eso sería saludable también que se creara una comisión independiente para esclarecer el atentado contra la AMIA, porque la Justicia –lamentablemente- lleva dos décadas de permanente fracaso. Para avanzar hacia la verdad y la justicia es necesario desterrar la impunidad, los encubrimientos.
Lamentablemente ni el oficialismo ni la oposición saben estar en estas horas a la altura de las circunstancias. Ese es otro déficit importante de la democracia, pero que hay que solucionarlo con más democracia.
Las campañas de difamación, de extorsiones y el tráfico de influencias –entre otros delitos- fueron generados desde el propio Estado a través de los servicios de inteligencia a lo largo de la historia. No hay gobierno que haya quedado ajeno a esas acciones. De esto también hay que hacer críticas y autocríticas, si realmente se quiere avanzar con sinceridad hacia un Estado más representativo de la sociedad.
Se insiste en el concepto: sería lamentable que la muerte de Alberto Nisman sea esclarecida por los historiadores y no por la Justicia.
Alguna vez se deberá entender que con impunidad es imposible alimentar la democracia, tan necesaria para llegar a la verdad y a la Justicia.
No es casual la sensación colectiva en el país: la muerte de Nisman genera estremecimiento y más incertidumbres que certezas. Por eso es urgente que se esclarezca cuando antes y a la luz de la ley y la Justicia. Lo peor que puede ocurrir es que esta muerte termine siendo esclarecida por los historiadores y no por la Justicia. Ya ha pasado en otras oportunidades y eso es un registro de debilidad de las propias instituciones.
El caso AMIA es una causa que está embargada por el encubrimiento realizado desde las más altas esferas del poder. Y esto genera lógicas y naturales desconfianza aún cuando se esté diciendo la verdad. Los niveles de descreimiento existen porque se ha perdido la confianza entre gobernados y gobernantes. No es responsabilidad ni culpa de la ciudadanía, sino de quienes asumieron sus representaciones.
Por eso cuando se habla de encubrimiento hay que asociarla siempre a la impunidad, uno de los mayores flagelos que atraviesa y cuestiona a la dirigencia política en toda su extensión e intensión.
El otro hecho es que los propios servicios de inteligencia en vez de facilitar la investigación la han obstruido. No alcanza con sólo cambiar una ley en ese campo, sino que también hay que llevar a la Justicia a sus responsables directos y materiales. Incluso no habría que agotar la intervención de otros servicios de inteligencia pertenecientes a otros países. Todo es posible, en un mundo que no reconoce buenas intenciones en la defensa de los intereses generales.
Por eso sería saludable también que se creara una comisión independiente para esclarecer el atentado contra la AMIA, porque la Justicia –lamentablemente- lleva dos décadas de permanente fracaso. Para avanzar hacia la verdad y la justicia es necesario desterrar la impunidad, los encubrimientos.
Lamentablemente ni el oficialismo ni la oposición saben estar en estas horas a la altura de las circunstancias. Ese es otro déficit importante de la democracia, pero que hay que solucionarlo con más democracia.
Las campañas de difamación, de extorsiones y el tráfico de influencias –entre otros delitos- fueron generados desde el propio Estado a través de los servicios de inteligencia a lo largo de la historia. No hay gobierno que haya quedado ajeno a esas acciones. De esto también hay que hacer críticas y autocríticas, si realmente se quiere avanzar con sinceridad hacia un Estado más representativo de la sociedad.
Se insiste en el concepto: sería lamentable que la muerte de Alberto Nisman sea esclarecida por los historiadores y no por la Justicia.
Alguna vez se deberá entender que con impunidad es imposible alimentar la democracia, tan necesaria para llegar a la verdad y a la Justicia.
Este contenido no está abierto a comentarios