Mucho apoyo al tabaco, pero poco a la salud
Gualeguaychú como gran parte del país está protagonizando una ardua campaña para lograr contar con la mayor cantidad posible de espacios libres de humo.
Mientras esto se pregona en todos los niveles del Estado, el gobierno nacional contradictoriamente sigue dando fabulosos subsidios a las empresas tabacaleras. Incluso da ventajas competitivas a los consumidores, dado que el IVA en los cigarrillos es ostensiblemente menor que el que se paga por alimentos esenciales como la leche, la manteca y el pan.
La solución pasa por el Congreso, que debería ignorar los intereses particulares de las tabacaleras y sancionar una ley nacional antitabaco para privilegiar los intereses generales.
Es cierto que el tabaco es un negocio legal y es un vicio legalizado. Pero también es verdad que enferma y mata no sólo a sus consumidores directos, sino también a los llamados fumadores pasivos. Y encima es subsidiado por el Estado en una cifra muy superior a la que se destina a la Salud para atender sus consecuencias nocivas.
Además de provocar muertes -cinco millones por año según la Organización Mundial de la Salud (OMS)- y diversas enfermedades que se convierten en crónicas, el consumo de tabaco genera pérdidas multimillonarias a la economía global que terminan siendo subsidiadas por el Estado.
En Argentina se calcula que mueren cerca de cuarenta mil personas todos los años a causa del tabaquismo. El otro dato certero es que Argentina gastó en 2014, de acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación, casi quince mil millones de pesos en atender enfermedades causadas por el consumo de tabaco, mientras que recaudó apenas seis mil millones en impuestos aplicados a la fabricación y venta de cigarrillos y otros productos derivados del tabaco.
A pesar de estas contradicciones, el Congreso todavía no se anima a debatir una ley antitabaco integral.
La creación de ambientes 100 por ciento libres de humo para todos los lugares públicos y de trabajo; la eliminación casi completa de toda forma de publicidad de productos de tabaco (la publicidad influye en la iniciación del tabaquismo en los jóvenes); el aumento de precios de los cigarrillos para desalentar su consumo; la presencia de advertencias en los paquetes de cigarrillos con fotos sobre los efectos perjudiciales del tabaco y la implementación de medidas que promuevan y garanticen el acceso de las personas que son adictas al tabaco a los tratamientos para dejar de fumar, deberían ser una política de Estado y no meras acciones aisladas.
Las entidades agropecuarias y los representantes de la producción de las siete provincias tabacaleras argentinas (Misiones, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes, Catamarca y Tucumán) dicen que una ley antitabaco afectaría a los miles de productores y trabajadores. Sin embargo, las medidas sugeridas atienden a un valor superior, dado que de implementarse bajaría de manera ostensible la mortalidad que ese producto genera.
La solución pasa por el Congreso, que debería ignorar los intereses particulares de las tabacaleras y sancionar una ley nacional antitabaco para privilegiar los intereses generales.
Es cierto que el tabaco es un negocio legal y es un vicio legalizado. Pero también es verdad que enferma y mata no sólo a sus consumidores directos, sino también a los llamados fumadores pasivos. Y encima es subsidiado por el Estado en una cifra muy superior a la que se destina a la Salud para atender sus consecuencias nocivas.
Además de provocar muertes -cinco millones por año según la Organización Mundial de la Salud (OMS)- y diversas enfermedades que se convierten en crónicas, el consumo de tabaco genera pérdidas multimillonarias a la economía global que terminan siendo subsidiadas por el Estado.
En Argentina se calcula que mueren cerca de cuarenta mil personas todos los años a causa del tabaquismo. El otro dato certero es que Argentina gastó en 2014, de acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación, casi quince mil millones de pesos en atender enfermedades causadas por el consumo de tabaco, mientras que recaudó apenas seis mil millones en impuestos aplicados a la fabricación y venta de cigarrillos y otros productos derivados del tabaco.
A pesar de estas contradicciones, el Congreso todavía no se anima a debatir una ley antitabaco integral.
La creación de ambientes 100 por ciento libres de humo para todos los lugares públicos y de trabajo; la eliminación casi completa de toda forma de publicidad de productos de tabaco (la publicidad influye en la iniciación del tabaquismo en los jóvenes); el aumento de precios de los cigarrillos para desalentar su consumo; la presencia de advertencias en los paquetes de cigarrillos con fotos sobre los efectos perjudiciales del tabaco y la implementación de medidas que promuevan y garanticen el acceso de las personas que son adictas al tabaco a los tratamientos para dejar de fumar, deberían ser una política de Estado y no meras acciones aisladas.
Las entidades agropecuarias y los representantes de la producción de las siete provincias tabacaleras argentinas (Misiones, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes, Catamarca y Tucumán) dicen que una ley antitabaco afectaría a los miles de productores y trabajadores. Sin embargo, las medidas sugeridas atienden a un valor superior, dado que de implementarse bajaría de manera ostensible la mortalidad que ese producto genera.
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