Nuevos procedimientos en el marco de la investigación de la banda “narco”

Continuando con los procedimientos en el marco de la red de narcotráfico que se investiga, en los que están involucrados un alto jefe de la Policía entrerriana, dos policías federales y un gendarme, además de varios civiles, se llevó a cabo un nuevo allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en calle Córdoba y Cortada 59, del Barrio Fátima I de la ciudad de Concordia. 

El procedimiento se sumó a otros realizados en la “Capital del citrus”, en Concepción del Uruguay, en Colón y en Buenos Aires, culminando el nuevo allanamiento  con la incautación de cocaína, marihuana, teléfonos celulares, una tablet y una importante cantidad de dinero en efectivo, y con  el dueño de la vivienda -de 40 años de edad- a disposición del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del doctor Pablo Andrés Seró.

Las investigaciones en torno a las actividades de la banda de narcotraficantes no se han cerrado, por lo que se está trabajando siguiendo distintos indicios y líneas investigativas a través de operativos y de secuestros de elementos de informática, como de telecomunicaciones o también información que se guarda en pendrives o elementos similares y mediante los cuales se puedan detectar vinculaciones.

En relación con este caso en el que trabaja la Policía de Entre Ríos y que tiene actualmente a 9 personas detenidas, el juez Federal actuante tendrá 10 días hábiles a partir de la última indagatoria, para resolver la situación procesal de los mismos.

Elogios para el trabajo de la  Policía entrerriana 

Justamente el juez Seró se refirió al caso en declaraciones al sitio uruguayense 03442, donde destacó el trabajo de investigación a cargo de la Policía entrerriana y su Dirección de Toxicología, al que calificó de ‘profundo, meticuloso y esmerado’, remarcando que la Fuerza provincial  “trabaja muy bien con la Justicia Federal”.

Entre otros aspectos, el juez Federal uruguayense continuó diciendo respecto a la investigación que “La causa es muy compleja por los actores. Si bien no está definida la situación procesal de ellos, y aún restan indagar personas y no estamos en plazos de resolución, la causa ofrece mucha complejidad. Como se ha publicado la imputación de asociación ilícita, en rigor, cuando se resuelva la situación procesal recién ahí se determina la figura ante la cual el juez está trabajando. O sea, procesal o técnicamente, cuando se recibe la declaración indagatoria de una persona, se lo hace en un marco de un estado de sospecha, que autoriza el artículo 294 del CPP y en ese marco se le atribuye un hecho que se presume ilícito y a ese se lo acomoda a una calificación legal establecida por la norma. En este caso puede ser la del 210 del CP de asociación ilícita o encubrimiento, y eso recién definirá cuando se resuelva la situación procesal de estas personas. Obviamente esta causa tiene sus diferencias con otras, por quienes están involucrados, ya que no podemos dejar de reconocer que hay funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, que podrían estar incursos en la comisión de hechos ilícitos. La investigación previa a la judicialización, no significa que la causa judicial ya en marcha se deje de investigar y justamente la naturaleza de esta etapa instructoria, es la investigación, no el juzgamiento y por eso seguimos investigando”.

“La resolución de la situación procesal puede llevar a determinar la existencia o no de un hecho ilícito y desde allí se continuará la causa. Hay actores en esta causa que son funcionarios en los que la comunidad deposita su confianza y eso agrava la situación, pero no todo está dicho. Por ahora estamos en presunciones. Aún restan personas por indagar, que fueron detenidas oportunamente y luego liberadas pero supeditadas a la causa. Desde la última indagatoria, correrán los plazos que es de 10 días hábiles”, explicó.

En la Granja Penal 

Los cuatro funcionarios detenidos  quedaron alojados con prisión preventiva en la UP 9 Granja Penal de El Potrero, tomándose todos los recaudos para evitar fugas o posibles represalias contra los involucrados. Todo lo concerniente a las cuestiones de seguridad es resorte exclusivo del Servicio Penitenciario, bajo la supervisión judicial.

“Se tiene en consideración, como en otros casos, la calidad de funcionarios públicos policiales (fuerzas de seguridad) y son inocentes hasta que una sentencia condenatoria firme demuestra lo contrario y aun así el condenado debe mantener sus garantías. Vuelvo a repetir, es una causa compleja, pero hemos tenido muchas más complejas”, dijo Seró.

Otro tema abordado por el magistrado fue la cantidad de casos descubiertos de tráfico de drogas o comercialización, en la jurisdicción del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. 

Respecto a esto  el doctor Pablo Seró señaló que “Lamentablemente la delincuencia no da tregua. Se está trabajando mucho, lamentablemente es así y lo digo no por el trabajo que se hace, sino porque es lamentable que exista el crimen o delito. Ante esta situación, las fuerzas deben actuar inmediatamente y esto opera con una suerte de altibajos, dependiendo de la época del año, ya que hay etapas que se registra con mayor intensidad. Se trabaja con lo que se puede para dar respuestas