La fiscalía configuró la asociación ilícita para la banda de estafadores

Las fiscales Martina Cedrés y Natalia Bartolo llegaron a esa conclusión luego de recolectar varias pruebas en el marco de la investigación penal preparatoria. Los abogados defensores de los seis imputados ya fueron notificados de esta nueva situación. Se trata de los abogados José Morrison y Carlos Antico, quienes ya fueron informados que el miércoles los cinco hombres y la mujer de 34 años identificada como Graciela, serán llamados a ampliar su indagatoria, y a que se notifiquen de este nuevo delito que se le imputa.
La decisión de la fiscalía no ha sorprendido y de hecho era una imputación que se venía madurando desde hacía tiempo.
En la edición del 8 de mayo de EL ARGENTINO ya se había adelantado la posibilidad de esta instancia. En esa edición, se sostuvo que “el concepto de banda que contiene el Artículo 167° inciso segundo del Código Penal (fija penas de tres a diez años), establece como requisito la participación de tres o más personas que hayan tomado parte en la ejecución de un robo, sin necesidad de que esos partícipes integren a su vez una asociación ilícita, tal como se lo describe en el Artículo 210° del Código Penal”.
La agravante de “banda” está relacionada con la peligrosidad que implica que varias personas se unen para perpetrar un hecho (es un agravante del robo, por ejemplo), que se traduce en una disminución de la posible defensa de la víctima, justificando así la mayor intensidad de la protección penal.
Mientras que la asociación ilícita (la que ahora imputa la fiscalía) es un concepto diferente. Según el Artículo 210° del Código Penal: “Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión”.
El miércoles se les tomará nueva declaración indagatoria a los seis imputados de cometer diferentes estafas en la ciudad, delito que es autónomo del que ya se está investigando desde fines de abril cuando se recepcionaron las primeras denuncias.
Además, está claro que la situación procesal de esta supuesta asociación ilícita se encuentra cada vez más complicada, porque con la nueva configuración delictiva seguramente el Ministerio Público Fiscal podrá, por ejemplo, solicitar ampliar el tiempo de la prisión preventiva que ya les fue impuesta por el juez de Garantía.
Por otro lado, la figura de la asociación ilícita, la primera que se imputa en la historia judicial local al menos desde la implementación del nuevo sistema procesal penal, también ahuyenta las posibilidades de que alguna víctima que se quiera arrepentir o llegue a un arreglo extra judicial, al desistir de su denuncia se quede la causa sin delito.