Defensor del Pueblo, el mejor momento

La provincia de Entre Ríos debe cumplir con la constitución real de la Defensoría del Pueblo y designar a su primer defensor. El escenario político existente, por su diversidad y consecuente potencial riqueza en la construcción de consensos, así parece posibilitarlo.
El actual contexto de conflictos sociales y ecológicos existentes, demuestran su necesidad. La actitud política de no poner en marcha las herramientas institucionales novedosas y esenciales de la nueva Constitución Provincial, también resulta ser una demostración de que estamos en un punto de inflexión institucional, que si no se resuelve por los mecanismos de la representación institucional, el accionar cívico será mucho más radical, activo y comprometido con la esencia democrática y la puesta en valor de la Constitución local, con la convicción y compromiso que se merece.
La telaraña de consensos conformados en la Convención Constituyente, no fueron el resultado de magia acuerdista para el balcón. Son el fruto de una diversidad de semillas -ideas más que renovadoras para pensar y hacer un proyecto de provincia compartido.
Nuestra insistencia de volcarnos a su concreción no es un dato pasional o de simple ingenuidad cuando militamos y gritamos el comenzar una transición democrática hacia la sustentabilidad en sus tres dimensiones más conocidas, económica, social y ecológica.
El defensor del Pueblo puede ser un factor clave en la construcción de consensos frente a los conflictos y sellar buenos acuerdos sociales, en promoverlos para la mejor ley, en potenciar las herramientas de participación ciudadana para poner de verdad en acción la democracia participativa a la que nos convoca la norma madre constitucional. Pero sustancialmente en empujar políticas de promoción e inclusión social equitativas y fraternas, como los nuevos artículos lo señalan en el programa constitucional.
El defensor puede equilibrar el diálogo social e institucional frente a los conflictos graves de intereses que ya se expresan en lo cotidiano. Su actuar mediador es un rol de confianza y credibilidad frente a instituciones degradadas y un Poder Judicial duramente criticado por su inacción y pérdida de confianza social.
La decisión sobre el fortalecimiento del Estado de Derecho en la provincia frente a la gestión y presión sin límites de las corporaciones en el territorio del día a día, es un deber que el gobierno no puede rendir a las últimas. Esta reflexión pone su acento en el poder federal local.
El ejemplo del ausente defensor del Pueblo en Entre Ríos a partir del 2009, y el negado en su designación en el Estado nacional desde hace años, es una enorme vergüenza inaceptable. El gobierno y en particular la Legislatura, pueden hacer posible un cambio sensiblemente importante, tienen el mayor derecho para su concreción transparente y luminosa. Una importante cantidad de organizaciones sociales están atentas a esta realización.

(*) Jorge Daneri es abogado y miembro de la “Fundación M´Biguá” y “Ciudadanía y Justicia Ambiental”.