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sábado 16 de diciembre de 2017

Caso convento de las Carmelitas: el fiscal Uriburu imputó a la madre superiora y la citó a indagatoria

Caso convento de las Carmelitas: el fiscal Uriburu imputó a la madre superiora y la citó a indagatoria

04/09/16 |  El fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, decidió imputar por el delito de privación ilegítima de la libertad a la madre superiora del convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, la hermana María Isabel y será indagada el próximo miércoles.

 
La religiosa fue notificada en la tarde del viernes e incluso nombró como defensores a los abogados Guillermo Vartorelli y Miguel Angel Cullen, según pudo confirmar Análisis Digital. Al parecer, fueron determinantes las declaraciones de dos ex carmelitas, que confirmaron lo denunciado por la revista Análisis, en cuanto a los excesos cometidos en el convento, como así también la actitud de la religiosa -e incluso por varios años-, de prohibir sistemáticamente la salida de las jóvenes de la congregación.
El fiscal adoptó la determinación después de analizar en profundidad las extensas declaraciones testimoniales de dos ex carmelitas descalzas que transitaron por el convento en los últimos años. Una de ellas estuvo más de diez años y la restante permaneció por espacio de más de dos décadas. Ambas declararon por casi seis horas en Tribunales el viernes 26 de agosto y no solamente ratificaron todo lo denunciado por Análisis en su última edición, en cuanto al uso de cilicios, látigos, mordazas y el padecimiento de humillaciones y mortificaciones.
Además ampliaron numerosos detalles en torno a sus traumáticas vivencias en el convento y en especial en el período en que se hizo cargo la hermana María Isabel, quien hace diez años es la principal responsable. La identidad real de la religiosa es Luisa Toledo y desde 1991 está en Nogoyá, después de su paso por el convento de Concordia.
El viernes por la tarde llegaron hasta el edificio tribunalicio de Nogoyá los abogados penalistas paranaenses Guillermo Vartorelli y Miguel Angel Cullen, quienes dejaron asentado que serán los defensores de la madre superiora, por decisión del Arzobispado de Paraná.
Pudo saberse también que el mismo viernes, desde primeras horas de la tarde hasta altas horas de la noche declararon varios de los policías que participaron del allanamiento al convento, el jueves 25 de agosto, después de la actuación de oficio de la justicia. La mayoría de ellos habrían revelado incluso la serie de amenazas proferidas por la madre superiora al momento de la tarea judicial en la dependencia religiosa.
El fiscal Uriburu trabajó paso a paso con la procuradora general adjunta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Goyeneche y adoptó la decisión de imputarla a la madre superiora después de analizar las pruebas pertinentes (hay que recordar que en el convento se encontraron cilicios, látigos -denominados flagelos- y mordazas de castigo), a lo que se sumaron los extensos testimonios de ex carmelitas y de otras personas que atestiguaron en el expediente. También colabora permanentemente en la estrategia judicial el fiscal coordinador de la jurisdicción, Dardo Tórtul, con quien Uriburu mantuvo reuniones en el edificio tribunalicio de Nogoyá en los últimos días.
En tanto, se estudia la posibilidad de imputarle también -quizás más adelante- la aplicación de tormentos o torturas, como así también el delito de reducción a la servidumbre. Este establece que “serán reprimidos con reclusión o prisión de cuatro a quince años el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella”.
 
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