Llevan a la monja carmelita a una casa religiosa de Lucas González
Los defensores de la religiosa ya apelaron la decisión del juez Acosta de apartarla del convento carmelita. El caso derivó ahora al Tribunal de Juicios Apelaciones de Gualeguaychú.
La madre superiora del convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá, Luisa Toledo, que hasta el 15 del actual ejerció como priora del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, como Madre María Isabel, fue reubicada en otra casa religiosa.
La religiosa notificó en la Justicia que ahora reside en Lucas González, una ciudad ubicada a 27 kilómetros de Nogoyá. Está con las monjas Terciarias Misioneras Franciscanas, que dirigen el Colegio Castro Barros.
Luisa Toledo, que durante más de dos décadas dirigió el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, quedó involucrada en una serie de denuncias que hicieron en los Tribunales dos ex religiosas de ese convento, en las que la acusan de torturas, privación de la libertad y un ejercicio déspota de la autoridad.
La investigación judicial, a cargo del fiscal Federico Uriburu, se desató luego de que la revista “Análisis” publicara el jueves 25 de agosto las primeras declaraciones de las ex carmelitas. Una de ellas fue auxiliada por los sacerdotes Jorge Bonin y Gernónimo Zaragoza, de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, cuando escapó del convento, el lunes 28 de marzo último.
Apelación
El traslado de la religiosa Toledo sobrevino luego de la decisión adoptada el 15 de septiembre por el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, que impuso a la carmelita la obligación de buscar otro lugar adonde residir para no influir en el resto de las monjas que deben testimoniar en la causa abierta en los Tribunales.
La medida no implicó quitarle la jerarquía que tiene en el monasterio –eso lo puede hacer solamente la curia– aunque sí dispuso alejarla del convento nogoyaense para así evitar la influencia sobre las otras religiosas. Al tomar esa medida, el juez atendió un pedido formulado por el fiscal Uriburu. La determinación judicial fue comunicada oficialmente al arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, y a la Nunciatura en Argentina.
La medida que se aplicó con la priora del convento se asemeja a las medidas de exclusión que se adoptan en los casos de violencia familiar: se excluye al violento del hogar familiar. La priora ya fue imputada por el delito de privación de la libertad en perjuicio de las ex carmelitas que intentaron salir de la congregación, y no lograron hacerlo por la negativa de ella.
Pero la decisión judicial de obligar a la monja a retirarse del convento fue reprochada por los abogados defensores de Toledo, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, que ya apelaron la decisión del juez Acosta.
El asunto, ahora, será resuelto en otra jurisdicción. El recurso llegó al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, que deberá resolver el entredicho, informó El Diario de Paraná.
El caso
El caso de las carmelitas descorrió el velo que permitió conocer de qué modo vive una congregación religiosa en este siglo con modos y disciplina de varios siglos atrás. El testimonio del cura Jorge José Lorenzo Bonin, párroco de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, se constituyó en un elemento clave en la investigación judicial que lleva adelante el fiscal Uriburu en torno a la denuncia por aplicación de torturas y el ejercicio de la privación de la libertad en ese convento.
Lo que ocurre puertas adentro del convento carmelita de Nogoyá fue revelado por la revista “Análisis”, que recogió el testimonio de dos ex monjas, quienes contaron sus padecimientos en el claustro monacal.
“Nunca se pueden mirar a un espejo porque es símbolo de `vanidad´ y si alguna de ellas intenta ver su reflejo en el vidrio de alguna ventana, habrá un inmediato castigo. Hubo veces que solamente se podían bañar una vez cada siete días. Todas las semanas, como práctica habitual, hay que autoflagelarse desnuda, pegándose en las nalgas con lo más parecido a un látigo, pero con varias puntas y durante 30 minutos”, reveló la publicación.
El caso motivó una dura reacción de parte de la curia paranaense, que cuestionó el accionar del fiscal, y particularmente el allanamiento al convento, al que tildó de “escandaloso”.
Sin cambio de fuero
El fiscal federal de Victoria, Carlos García Escalada, emitió un dictamen contrario a la petición de los abogados Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, defensores de la monja carmelita Luisa Toledo, que habían requerido que la causa del convento de Nogoyá salga de la órbita provincial y recale en la Justicia Federal.
El juez federal de Paraná Leandro Ríos corrió vista del planteo al fiscal federal de Victoria, con jurisdicción sobre Nogoyá, quien el miércoles pasado emitió un dictamen en el que señaló que “de acuerdo a lo aportado por la solicitante, por el momento no hay razones para que intervenga la Justicia Federal”. Hay que aclarar que el dictamen del fiscal no es vinculante para el juez Ríos.
En la discusión, el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, sostiene la defensa del fuero provincial para investigar los hechos denunciados en el convento.
La religiosa notificó en la Justicia que ahora reside en Lucas González, una ciudad ubicada a 27 kilómetros de Nogoyá. Está con las monjas Terciarias Misioneras Franciscanas, que dirigen el Colegio Castro Barros.
Luisa Toledo, que durante más de dos décadas dirigió el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, quedó involucrada en una serie de denuncias que hicieron en los Tribunales dos ex religiosas de ese convento, en las que la acusan de torturas, privación de la libertad y un ejercicio déspota de la autoridad.
La investigación judicial, a cargo del fiscal Federico Uriburu, se desató luego de que la revista “Análisis” publicara el jueves 25 de agosto las primeras declaraciones de las ex carmelitas. Una de ellas fue auxiliada por los sacerdotes Jorge Bonin y Gernónimo Zaragoza, de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, cuando escapó del convento, el lunes 28 de marzo último.
Apelación
El traslado de la religiosa Toledo sobrevino luego de la decisión adoptada el 15 de septiembre por el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, que impuso a la carmelita la obligación de buscar otro lugar adonde residir para no influir en el resto de las monjas que deben testimoniar en la causa abierta en los Tribunales.
La medida no implicó quitarle la jerarquía que tiene en el monasterio –eso lo puede hacer solamente la curia– aunque sí dispuso alejarla del convento nogoyaense para así evitar la influencia sobre las otras religiosas. Al tomar esa medida, el juez atendió un pedido formulado por el fiscal Uriburu. La determinación judicial fue comunicada oficialmente al arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, y a la Nunciatura en Argentina.
La medida que se aplicó con la priora del convento se asemeja a las medidas de exclusión que se adoptan en los casos de violencia familiar: se excluye al violento del hogar familiar. La priora ya fue imputada por el delito de privación de la libertad en perjuicio de las ex carmelitas que intentaron salir de la congregación, y no lograron hacerlo por la negativa de ella.
Pero la decisión judicial de obligar a la monja a retirarse del convento fue reprochada por los abogados defensores de Toledo, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, que ya apelaron la decisión del juez Acosta.
El asunto, ahora, será resuelto en otra jurisdicción. El recurso llegó al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, que deberá resolver el entredicho, informó El Diario de Paraná.
El caso
El caso de las carmelitas descorrió el velo que permitió conocer de qué modo vive una congregación religiosa en este siglo con modos y disciplina de varios siglos atrás. El testimonio del cura Jorge José Lorenzo Bonin, párroco de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, se constituyó en un elemento clave en la investigación judicial que lleva adelante el fiscal Uriburu en torno a la denuncia por aplicación de torturas y el ejercicio de la privación de la libertad en ese convento.
Lo que ocurre puertas adentro del convento carmelita de Nogoyá fue revelado por la revista “Análisis”, que recogió el testimonio de dos ex monjas, quienes contaron sus padecimientos en el claustro monacal.
“Nunca se pueden mirar a un espejo porque es símbolo de `vanidad´ y si alguna de ellas intenta ver su reflejo en el vidrio de alguna ventana, habrá un inmediato castigo. Hubo veces que solamente se podían bañar una vez cada siete días. Todas las semanas, como práctica habitual, hay que autoflagelarse desnuda, pegándose en las nalgas con lo más parecido a un látigo, pero con varias puntas y durante 30 minutos”, reveló la publicación.
El caso motivó una dura reacción de parte de la curia paranaense, que cuestionó el accionar del fiscal, y particularmente el allanamiento al convento, al que tildó de “escandaloso”.
Sin cambio de fuero
El fiscal federal de Victoria, Carlos García Escalada, emitió un dictamen contrario a la petición de los abogados Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, defensores de la monja carmelita Luisa Toledo, que habían requerido que la causa del convento de Nogoyá salga de la órbita provincial y recale en la Justicia Federal.
El juez federal de Paraná Leandro Ríos corrió vista del planteo al fiscal federal de Victoria, con jurisdicción sobre Nogoyá, quien el miércoles pasado emitió un dictamen en el que señaló que “de acuerdo a lo aportado por la solicitante, por el momento no hay razones para que intervenga la Justicia Federal”. Hay que aclarar que el dictamen del fiscal no es vinculante para el juez Ríos.
En la discusión, el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, sostiene la defensa del fuero provincial para investigar los hechos denunciados en el convento.
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