Piden informes al Ejecutivo por el no pago de subsidios a bibliotecas populares

La Ley 8.092 de Creación y funcionamiento de las bibliotecas populares, sancionada en 1988 establece, entre otros beneficios destinados a promover el surgimiento y desarrollo de bibliotecas populares, el otorgamiento de un subsidio mensual “con destino a sufragar gastos de personal, mantenimiento y adquisición de material bibliográfico”.

La norma también prevé la entrega de préstamos para la adquisición, mejoramiento o ampliación de instalaciones; el otorgamiento de becas para estudios y perfeccionamiento de personal técnico y exenciones impositivas.

Sin embargo, los antecedentes muestran que, pese a tratarse de un fondo que no requiere de cuantiosas erogaciones, los retrasos y deudas han sido moneda corriente. El monto establecido por ley es el equivalente a dos sueldos básicos de un maestro de grado para las bibliotecas de primera categoría, que hoy significan 11.490,92. A las de segunda categoría corresponde el 75 por ciento de ese monto y las de tercera categoría, el 60 por ciento.

La actualidad no es una excepción y, ante esa situación, diputados de la oposición presentaron un pedido de informe dirigido al poder Ejecutivo provincial en el que se piden respuestas acerca de si la provincia “adeuda a las bibliotecas populares la ayuda o subsidios mencionados y, en caso afirmativo, la causa por la cual no se ha abonado.

Este aporte vital, con el que cuentan las bibliotecas populares, es el sostén para el funcionamiento y desempeño de sus tareas, para brindar el mejor servicio a las respectivas comunidades, ya que son públicas y en un gran número de ellas son las únicas que hay”, se argumenta en el proyecto presentado.

Finalmente advierten que sin el dinero que perciben de la provincia “se imposibilita su mantenimiento y lo que ello acarrea: viven momentos muy críticos e incluso podrían cerrar sus puertas en caso de no encontrar una solución en el corto plazo”.