Un instrumento contra la corrupción
Sancionada en los últimos días por el Congreso de la Nación, la norma conocida como ley del arrepentido pone a la Argentina entre los países que cuentan con un instrumento que permitiría avanzar en las numerosas causas de corrupción en las que están involucrados ex funcionarios del gobierno anterior. De la Redacción LA VOZ
No es una panacea, pero sus consecuencias potenciales se insinúan en las resistencias que suscitó durante su discusión, quizá porque la simple lectura de los diarios permite asomarse al tembladeral que en Brasil ha implicado una ley similar y su impacto en el Lava Jato, investigación iniciada por el juez Sergio Moro en cuyo transcurso varios implicados han negociado sus penas a cambio de devolver activos mal habidos y brindar información útil al avance de las distintas causas.
En el caso argentino, la ley que debe promulgar pronto el Ejecutivo tiene algunos aspectos interesantes, como el detalle que, en el caso de corresponderle al procesado una sentencia perpetuidad, la pena no podrá ser inferior a 15 años de reclusión, amén de que los aportes a la causa deberán ser relevantes y servir para que esta pueda avanzar hacia el extremo superior de la pirámide de responsabilidades.
Este punto vale para que nadie pueda negociar reducciones fundadas en la delación de partícipes menores y dejar a salvo a los cerebros de cada caso.
Asimismo, entre otros ítems, se especifica que todo acuerdo con la Justicia deberá formalizarse antes de la elevación a juicio, lo que acortaría los tiempos de estos trámites.
La legislación luce como el atajo perfecto para que nuestro país no repita en el futuro el obsceno festival de la corrupción y funciona, al mismo tiempo, como una advertencia para un Poder Judicial siempre moroso.
Sin embargo, nadie debería ilusionarse con resultados formidables en el corto plazo, por la sencilla razón que nuevas herramientas en manos de los mismos hombres no garantizan mejores procederes.
Argentina no carece de leyes: por el contrario, parece tener demasiadas. Más y mejores leyes o más severas no alcanzan si no existe la vocación de aplicarlas.
Hoy la duración promedio de las investigaciones vinculadas a la corrupción es de 15 años, sumado esto a que el promedio de resolución no supera el tres por ciento.
En efecto, menos de tres por cada 100 causas llegan a sentencia, un récord de ineficacia.
Resta ahora una decidida acción del poder político para que el mensaje llegue a todos: el país no será viable sin una Justicia responsable y honesta.
De eso se trata y es lo que deberían entender quienes hasta ahora han simulado ser del todo ajenos a lo que nos pasa.
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