Baja de la edad de punibilidad: Piden que el debate no se centre en la persecución estatal
En una serie de consideraciones sobre la baja de la edad de punibilidad, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia afirmó que no debe rechazarse el debate a los fines de adecuar la legislación penal juvenil, pero estimó necesario incluir otras “perspectivas sociales y jurídicas”.
La Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia expresó que la intención del Poder Ejecutivo de impulsar una reforma legislativa tendiente a la baja de la punibilidad de 16 a 14 años, “no se corresponde” con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones “Ni un pibe menos por la droga” que hizo ese organismo eclesiástico el pasado 6 de noviembre de 2016 y que fue asumido como tal por el Gobierno Nacional a través del decreto presidencial 1249/2016 del 12 de diciembre de 2016.
“Se reaviva así un debate sobre el límite establecido legalmente, por debajo del cual el Estado no puede aplicar una pena. Dicho debate no debe rechazarse a los fines de adecuar la legislación penal juvenil, pero necesariamente debe incluir otras perspectivas sociales y jurídicas”, reclamó en un comunicado.
“No puede centrarse solamente en la persecución estatal --a través del derecho penal-- de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantizan derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal”, advirtió.
La Comisión, que coordina el presbítero José María “Pepe” Di Paola (FOTO), consideró que no parece “razonable que en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos, sin garantizar el cumplimiento por parte del Estado Nacional, de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de los municipios, del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales (alimentación, salud, educación, vivienda, familia, entre otros)”.
Consideraciones sobre la baja de la edad de punibilidad
“Se reaviva así un debate sobre el límite establecido legalmente, por debajo del cual el Estado no puede aplicar una pena. Dicho debate no debe rechazarse a los fines de adecuar la legislación penal juvenil, pero necesariamente debe incluir otras perspectivas sociales y jurídicas”, reclamó en un comunicado.
“No puede centrarse solamente en la persecución estatal --a través del derecho penal-- de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantizan derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal”, advirtió.
La Comisión, que coordina el presbítero José María “Pepe” Di Paola (FOTO), consideró que no parece “razonable que en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos, sin garantizar el cumplimiento por parte del Estado Nacional, de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de los municipios, del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales (alimentación, salud, educación, vivienda, familia, entre otros)”.
Consideraciones sobre la baja de la edad de punibilidad
El día 4 de enero de 2017, hemos tomado conocimiento por los medios masivos de comunicación, de la intención del Poder Ejecutivo de la Nación de impulsar una reforma legislativa tendiente a la baja de edad de punibilidad de 16 a 14 años, conformando previamente una comisión especializada.
Desde la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia queremos expresar que esta intención no se corresponde con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones “Ni un pibe menos por la droga” que hiciéramos el pasado 6 de noviembre de 2016 y que fue asumido como tal por el Gobierno Nacional a través del Decreto presidencial 1249/2016 con fecha 12 de diciembre de 2016.
Se reaviva así un debate sobre el límite establecido legalmente, por debajo del cual el Estado no puede aplicar una pena. Dicho debate no debe rechazarse a los fines de adecuar la legislación penal juvenil, pero necesariamente debe incluir otras perspectivas sociales y jurídicas. No puede centrarse solamente en la persecución estatal --a través del derecho penal-- de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantizan derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal.
No pareciera razonable que en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos, sin garantizar el cumplimiento por parte del Estado Nacional, de las Provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de los Municipios, del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales (alimentación, salud, educación, vivienda, familia, entre otros).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la Opinión Consultiva OC-17/2002 “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, del 28 de agosto de 2002, sostuvo en el punto 8 de su parte dispositiva que: “La verdadera y plena protección de los niños significa que estos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos, sociales y culturales, que les asignan diversos instrumentos internacionales. Los Estados Partes en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño”.
Por ello la actividad estatal no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal para bajar la edad de punibilidad, sin advertir que estudios estadísticos dan cuenta que un importante porcentaje de adolescentes infractores a la ley penal son pobres, varones en su mayoría, que el mayor porcentaje ha cometido delitos contra la propiedad, que cuentan con fuerte déficit en la escolarización, y que provienen de familias desintegradas, y de baja calificación laboral.
Es evidente que la justa distribución de la renta, y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas impacta en la infancia y en lo que le sucede a cada familia, que representa el sostén psicosocial y cultural en el crecimiento de cualquier niño.
Su Santidad, el Papa Francisco, siendo Cardenal Primado y Arzobispo de Buenos Aires, ya advertía ello en la Carta leída a los jóvenes en la 31ª Peregrinación Juvenil a Luján (2 de octubre de 2005): “…los datos de la realidad nos señalan que la mayoría de nuestros niños son pobres y que alrededor del 50% de los pobres son niños. Los niveles de indigencia se expresan dramáticamente en la actualidad y en nuestro futuro próximo, con consecuencias ciertas a partir de carencias nutritivas, ambientales, insalubridad, violencia y promiscuidad naturalizadas, que condicionan su crecimiento, problematizan su relación personal y tornan dificultosa su inserción social y comunitaria…”. (…) “Frente a esta realidad de nuestros niños y adolescentes aparecen reacciones diversas que se orientan a un acostumbramiento progresivo de creciente pasividad e indiferencia, una suerte de normalidad de la injusticia; o, por otra parte, una actitud falsamente normativa y de supuesto bien común que reclama represión y creciente control que va, desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta su forzada separación familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una discrecional y abusiva institucionalización.”
En el Anexo de dicha Carta agrega que: “Si bien existe una demanda social muy fuerte a favor de la institucionalización, los tratamientos con larga privación de libertad no han logrado buenos resultados. Esto queda demostrado ya que ocho de cada diez presos adultos pasaron por Institutos de Menores. Es preocupante además que mientras cuatro de cada diez chicos ingresan por causas penales, el resto ingresa por causas asistenciales, porque su familia no puede hacerse cargo de ellos o porque son víctimas de violencia”.
Cada chico marginado, abandonado o en situación de calle, con deficiente acceso a los beneficios de la educación y de la salud, y que puede encontrarse involucrado también en una cuestión penal, es la expresión cabal no sólo de una injusticia sino de un fracaso institucional que incluye tanto a la familia como también a sus vecinos, a las instituciones barriales, a su parroquia y a los distintos estamentos del Estado en sus diversas expresiones. Estas situaciones reclaman una respuesta inmediata, pero no solamente de la mano del derecho penal.
Finalmente, no podemos dejar de recordar que la baja de punibilidad ya ha sido tratada por el Estado Nacional en el informe SENAF-UNICEF 2015, como también por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, el cual firmó el Acta Compromiso “Acta Declaración contenidos mínimos de una nueva ley penal juvenil” (sesión plenaria 22 del 16 y 17 julio de 2015), donde se afirmó que una nueva ley penal juvenil “…debería establecer, como mínimo, las siguientes normas: 1. La edad de punibilidad no podrá establecerse por debajo de los 16 años, en respeto al principio de no regresividad y de progresividad en la garantía de los derechos. Sin perjuicio de las medidas especiales que en protección de los derechos del niño puedan adoptarse”.
No podemos caminar hacia una nueva ley penal juvenil, convirtiendo a los chicos infractores a la ley penal en casi “enemigos sociales”. No podemos mirar solamente la “fotografía” del hecho que han cometido, sino que debemos mirar la “película de su vida” para atrás, y así seguramente advertiremos la vulneración de los estándares mínimos de derechos sociales e intrafamiliares vulnerados, que también habrá que considerar y hacer cumplir.
Fuente: Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia - Conferencia Episcopal Argentina – AICA
Desde la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia queremos expresar que esta intención no se corresponde con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones “Ni un pibe menos por la droga” que hiciéramos el pasado 6 de noviembre de 2016 y que fue asumido como tal por el Gobierno Nacional a través del Decreto presidencial 1249/2016 con fecha 12 de diciembre de 2016.
Se reaviva así un debate sobre el límite establecido legalmente, por debajo del cual el Estado no puede aplicar una pena. Dicho debate no debe rechazarse a los fines de adecuar la legislación penal juvenil, pero necesariamente debe incluir otras perspectivas sociales y jurídicas. No puede centrarse solamente en la persecución estatal --a través del derecho penal-- de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantizan derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal.
No pareciera razonable que en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos, sin garantizar el cumplimiento por parte del Estado Nacional, de las Provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de los Municipios, del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales (alimentación, salud, educación, vivienda, familia, entre otros).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la Opinión Consultiva OC-17/2002 “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, del 28 de agosto de 2002, sostuvo en el punto 8 de su parte dispositiva que: “La verdadera y plena protección de los niños significa que estos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos, sociales y culturales, que les asignan diversos instrumentos internacionales. Los Estados Partes en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño”.
Por ello la actividad estatal no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal para bajar la edad de punibilidad, sin advertir que estudios estadísticos dan cuenta que un importante porcentaje de adolescentes infractores a la ley penal son pobres, varones en su mayoría, que el mayor porcentaje ha cometido delitos contra la propiedad, que cuentan con fuerte déficit en la escolarización, y que provienen de familias desintegradas, y de baja calificación laboral.
Es evidente que la justa distribución de la renta, y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas impacta en la infancia y en lo que le sucede a cada familia, que representa el sostén psicosocial y cultural en el crecimiento de cualquier niño.
Su Santidad, el Papa Francisco, siendo Cardenal Primado y Arzobispo de Buenos Aires, ya advertía ello en la Carta leída a los jóvenes en la 31ª Peregrinación Juvenil a Luján (2 de octubre de 2005): “…los datos de la realidad nos señalan que la mayoría de nuestros niños son pobres y que alrededor del 50% de los pobres son niños. Los niveles de indigencia se expresan dramáticamente en la actualidad y en nuestro futuro próximo, con consecuencias ciertas a partir de carencias nutritivas, ambientales, insalubridad, violencia y promiscuidad naturalizadas, que condicionan su crecimiento, problematizan su relación personal y tornan dificultosa su inserción social y comunitaria…”. (…) “Frente a esta realidad de nuestros niños y adolescentes aparecen reacciones diversas que se orientan a un acostumbramiento progresivo de creciente pasividad e indiferencia, una suerte de normalidad de la injusticia; o, por otra parte, una actitud falsamente normativa y de supuesto bien común que reclama represión y creciente control que va, desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta su forzada separación familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una discrecional y abusiva institucionalización.”
En el Anexo de dicha Carta agrega que: “Si bien existe una demanda social muy fuerte a favor de la institucionalización, los tratamientos con larga privación de libertad no han logrado buenos resultados. Esto queda demostrado ya que ocho de cada diez presos adultos pasaron por Institutos de Menores. Es preocupante además que mientras cuatro de cada diez chicos ingresan por causas penales, el resto ingresa por causas asistenciales, porque su familia no puede hacerse cargo de ellos o porque son víctimas de violencia”.
Cada chico marginado, abandonado o en situación de calle, con deficiente acceso a los beneficios de la educación y de la salud, y que puede encontrarse involucrado también en una cuestión penal, es la expresión cabal no sólo de una injusticia sino de un fracaso institucional que incluye tanto a la familia como también a sus vecinos, a las instituciones barriales, a su parroquia y a los distintos estamentos del Estado en sus diversas expresiones. Estas situaciones reclaman una respuesta inmediata, pero no solamente de la mano del derecho penal.
Finalmente, no podemos dejar de recordar que la baja de punibilidad ya ha sido tratada por el Estado Nacional en el informe SENAF-UNICEF 2015, como también por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, el cual firmó el Acta Compromiso “Acta Declaración contenidos mínimos de una nueva ley penal juvenil” (sesión plenaria 22 del 16 y 17 julio de 2015), donde se afirmó que una nueva ley penal juvenil “…debería establecer, como mínimo, las siguientes normas: 1. La edad de punibilidad no podrá establecerse por debajo de los 16 años, en respeto al principio de no regresividad y de progresividad en la garantía de los derechos. Sin perjuicio de las medidas especiales que en protección de los derechos del niño puedan adoptarse”.
No podemos caminar hacia una nueva ley penal juvenil, convirtiendo a los chicos infractores a la ley penal en casi “enemigos sociales”. No podemos mirar solamente la “fotografía” del hecho que han cometido, sino que debemos mirar la “película de su vida” para atrás, y así seguramente advertiremos la vulneración de los estándares mínimos de derechos sociales e intrafamiliares vulnerados, que también habrá que considerar y hacer cumplir.
Fuente: Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia - Conferencia Episcopal Argentina – AICA
La propuesta del Gobierno
El Gobierno de Mauricio Macri anunció el pasado 4 de enero que tiene previsto impulsar un debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años después de las elecciones legislativas.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil se presentará "recién después de las elecciones" legislativas de este año, "para sacarlo de la lógica política electoral".
Para ello, el Gobierno creará una comisión que analizará la reforma del Régimen Penal Juvenil, que estará conformada por un representante del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales, expertos en justicia penal juvenil, educación y salud, así como también habrá participación de ONGs, se informó.
Garavano subrayó que se pondrá el eje en "el abordaje de los jóvenes, el tratamiento y la posibilidad de inserción escolar y laboral", tras advertir que "siempre son mayormente jóvenes los involucrados en el delito" y que "si se analiza la franja etárea en la que se cometen" los ilícitos "es entre los 14, 15 años y los 28".
"Quisimos que durante este año haya una discusión seria para que el tratamiento legislativo recién sea el año que viene, y no en un año electoral. Quisimos abrir la discusión y la comisión para que trabaje este año y recién después de las elecciones se resente el proyecto", sostuvo.
En declaraciones a Radio Nacional, el jefe de la cartera judicial afirmó que "hay una situación, sobre todo en la franja de 15 años, que debe ser abordada en la ley", pero advirtió que el Gobierno está "abierto a construir consensos con UNICEF, los expertos y todo el arco político, para encontrar una ley que salga de la discusión política".
Según subrayó, el objetivo del Gobierno es modificar la legislación vigente que fue "dictada durante la dictadura" para cambiarla por una norma "basada en derechos, responsabilidades y obligaciones".
"Mediáticamente, el foco se pone en la edad, el problema es mucho más grave y tiene que ver con el abordaje de los jóvenes, el tratamiento, la posibilidad de inserción escolar laboral. En ese eje vamos a trabajar", aclaró el funcionario.
La reforma del Régimen Penal Juvenil es una discusión que se repitió a lo largo de los últimos años y en esta oportunidad se produce en momentos en que resuena el asesinato de Brian Aguinaco, de 14 años, en el barrio de Flores, caso por el que hay un menor acusado de dispararle.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil se presentará "recién después de las elecciones" legislativas de este año, "para sacarlo de la lógica política electoral".
Para ello, el Gobierno creará una comisión que analizará la reforma del Régimen Penal Juvenil, que estará conformada por un representante del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales, expertos en justicia penal juvenil, educación y salud, así como también habrá participación de ONGs, se informó.
Garavano subrayó que se pondrá el eje en "el abordaje de los jóvenes, el tratamiento y la posibilidad de inserción escolar y laboral", tras advertir que "siempre son mayormente jóvenes los involucrados en el delito" y que "si se analiza la franja etárea en la que se cometen" los ilícitos "es entre los 14, 15 años y los 28".
"Quisimos que durante este año haya una discusión seria para que el tratamiento legislativo recién sea el año que viene, y no en un año electoral. Quisimos abrir la discusión y la comisión para que trabaje este año y recién después de las elecciones se resente el proyecto", sostuvo.
En declaraciones a Radio Nacional, el jefe de la cartera judicial afirmó que "hay una situación, sobre todo en la franja de 15 años, que debe ser abordada en la ley", pero advirtió que el Gobierno está "abierto a construir consensos con UNICEF, los expertos y todo el arco político, para encontrar una ley que salga de la discusión política".
Según subrayó, el objetivo del Gobierno es modificar la legislación vigente que fue "dictada durante la dictadura" para cambiarla por una norma "basada en derechos, responsabilidades y obligaciones".
"Mediáticamente, el foco se pone en la edad, el problema es mucho más grave y tiene que ver con el abordaje de los jóvenes, el tratamiento, la posibilidad de inserción escolar laboral. En ese eje vamos a trabajar", aclaró el funcionario.
La reforma del Régimen Penal Juvenil es una discusión que se repitió a lo largo de los últimos años y en esta oportunidad se produce en momentos en que resuena el asesinato de Brian Aguinaco, de 14 años, en el barrio de Flores, caso por el que hay un menor acusado de dispararle.
En 2009, la Cámara de Senadores aprobó una ley que bajaba de los actuales 16 años a 14 la edad de imputabilidad, aunque la norma no tuvo adhesión en Diputados y no fue tratada.
El subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, precisó que la intención del Gobierno es bajar a 14 años la edad de imputabilidad "en determinados supuestos de delitos graves, como homicidios, violaciones o robos con armas".
El subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, precisó que la intención del Gobierno es bajar a 14 años la edad de imputabilidad "en determinados supuestos de delitos graves, como homicidios, violaciones o robos con armas".
"Queremos poner sobre la mesa la posibilidad de analizar la baja para 14 años en determinados supuestos de delitos graves, como homicidios, violaciones o robos con armas", remarcó en declaraciones a radio Nacional.
Indicó que el Régimen Penal Juvenil actual data de 1980, fue firmado por Jorge Rafael Videla y "no se adecua a la situación actual que se vive en el país y en la región, así como tampoco a los estándares de la Convención de los Derechos del Niño".
Indicó que el Régimen Penal Juvenil actual data de 1980, fue firmado por Jorge Rafael Videla y "no se adecua a la situación actual que se vive en el país y en la región, así como tampoco a los estándares de la Convención de los Derechos del Niño".
Casares subrayó que la iniciativa apunta a debatir "no sólo sobre la edad de imputabilidad, sino que lo novedoso y superador es poner el foco en el tratamiento que se le va a dar a esos menores de edad que tienen un conflicto con ley penal o han cometidos delitos".
"Estamos convencidos de que el sistema de responsabilidad juvenil tiene que ser específico, porque la situación de ese chico que está creciendo y madurando es muy distinta de la de una persona adulta que toma decisiones con discernimiento y responsabilidad", afirmó el subsecretario de Política Criminal.Casares llamó a poner el eje en las "medidas socioeducativas que se le van a brindar a esos chicos para que puedan integrarse a la sociedad".
"El rol de la pena debe ser integrar al chico a la sociedad para que pueda desarrollarse, es decir que pueda comprender la responsabilidad del hecho que cometió, pero es más bien una finalidad de tipo preventivo", agregó el funcionario.
"Estamos convencidos de que el sistema de responsabilidad juvenil tiene que ser específico, porque la situación de ese chico que está creciendo y madurando es muy distinta de la de una persona adulta que toma decisiones con discernimiento y responsabilidad", afirmó el subsecretario de Política Criminal.Casares llamó a poner el eje en las "medidas socioeducativas que se le van a brindar a esos chicos para que puedan integrarse a la sociedad".
"El rol de la pena debe ser integrar al chico a la sociedad para que pueda desarrollarse, es decir que pueda comprender la responsabilidad del hecho que cometió, pero es más bien una finalidad de tipo preventivo", agregó el funcionario.
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