Diputados rechazó el pedido de juicio político a Mizawak
En sesión especial se aprobó un dictamen de mayoría que envió al archivo el pedido de juicio político formulado contra la Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak. Además del Frente para la Victoria, los diputados de UNA, Zavallo y Koch, y el radical Troncoso, votaron contra el enjuiciamiento.
La investigación preliminar culminó en un dictamen de 159 carillas. Con 21 votos afirmativos sobre 12 negativos los miembros de la Cámara de Diputados rechazaron este miércoles, el pedido de Juicio Político. A los votos de la bancada del Frente para La Victoria, se le sumaron los votos positivos de los diputados de UNA Gustavo Zavallo y Daniel Koch, y el del radical Ricardo Troncoso. La diputada María Elena Tassistro, del bloque Unión Popular, no estuvo presente.
La sesión ocurrió luego de una intensa jornada de negociaciones ya que hasta última hora se dudó que el oficialismo pudiera alcanzar del quórum requerido para la sesión debido a la actitud cautelosa de la bancada de Cambiemos.
La denuncia contra Mizawak surgió luego de los dichos del vocal Carlos Chiara Díaz, quien le endilgó graves cargos, en el marco de su propio proceso de juicio político. Las expresiones del vocal fueron tomadas por un grupo de abogados y dirigentes políticos para presentar una denuncia contra la actual titular del STJ.
El dictamen aprobado este miércoles sostiene la prueba aportada y colectada en principio no confirma – sino todo lo contrario- ninguno de los puntos más salientes de la denuncia.
En cuanto a los vínculos societarios entre la Presidente Mizawak o parientes cercanos y el ex gobernador Sergio Urribarri “ningún informe de los organismos oficiales competentes incorporados a la investigación como respuesta a los oficios librados al efecto encontró relación societaria entre ambos ni con el marido de Mizawak, el funcionario Raúl Arroyo”, se explicó oficialmente.
“La empresa de la que Mizawak fuera accionista junto a su marido, Emprendimientos A y M SA, fue fundada en 2003 a partes iguales, declarada fiscalmente por Mizawak y declarada por la investigada en ocasión del tratamiento de su pliego en el Senado en 2008. Además se acreditó que Mizawak nunca ejerció la dirección ni la representación legal de dicha empresa, por lo tanto no violó la limitación que tienen los magistrados para ejercer el comercio”, se agregó.
El tema incluso había sido tratado en Acuerdo por el propio STJ que – paradójicamente con la propia firma de Chiara Díaz- había dictaminado que los magistrados pueden ser accionistas (como ejercicio de derechos patrimoniales y de propiedad) de una sociedad aunque no dirigirla, es decir no ejercer actos de comercio. “También se demostró, por documentación aportada por AFIP, que la empresa de Mizawak y Arroyo –que supo estar también incluida en el registro de sociedades inactivas durante un tiempo- nunca facturó obra pública ni a Estado entrerriano, ni a la municipalidad de Paraná ni al Poder Judicial. No obstante, además Mizawak se retiró la sociedad en 2013”, se señala.
Otro de los puntos que los denunciantes recogieron de la presentación que hiciera Chiara Díaz en oportunidad de ejercer su defensa en Diputados fue que calificó a Mizawak como la “reina de los viajes” por lo que pidieron que se investigue al respecto.
“Es que la gran diferencia entre el caso Mizawak y el caso Chiara Díaz, es que la primera dejó constancia en cada caso de la justificación de sus viajes como reales comisiones de servicio, mientras que el segundo encubrió en la mayoría de los casos, actividades académicas y personales” dice el dictamen de la mayoría en la página 39.
Agrega el dictamen a fojas 38 que “la Dra. Claudia Mónica Mizawak, aún en ejercicio de la Presidencia, no superó el promedio de sus restantes colegas en cantidad de licencias y ausencias, en todos los periodos considerados (año 2010/2015), todo lo que surge con claridad de la comparación agregada como prueba j). Y continúa “de ninguna de la prueba aportada surge que, amén de esas licencias y ausencias autorizadas, la Dra. Mizawak no haya estado en su despacho para el desempeño de sus tareas. Ello puede demostrarse acabadamente con los informes de la Secretaria de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJER así como de datos en similar sentido aportados por la defensa, que permiten concluir en el bajísimo índice de sentencias de la Sala a la que pertenece la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia no firmadas por ésta, en relación al total de sentencias dictadas en los periodos considerados”.
Otro capítulo de la denuncia formulada contra la Presidenta del STJ, hace foco en el pago de supuestos sobresueldos, que al parecer sin mayor contralor y por cifras millonarias serían percibidos por magistrados del Poder Judicial. De la prueba recolectada por la comisión y fundamentalmente, de los informes de todos los organismos de control del Estado requeridos, el dictamen del oficialismo concluye que dichos fondos fueron aprobados por unanimidad en la votación parlamentaria de los distintos presupuestos anuales y como es de práctica, su rendición ha sido aprobada sin objeciones por las sucesivas presidencias del Tribunal de Cuentas.
Finalmente, sobre la supuesta falta de idoneidad en relación al robo de armas bajo custodia directa del Poder Judicial, su comercialización y venta ilegal, “las mismas sobrepasan la responsabilidad directa de los integrantes del Alto Cuerpo, desde donde se iniciaron las actuaciones que llevaron a la investigación penal de público conocimiento, además de la intervención del área y la designación de nuevos funcionarios a cargo para llevar adelante la tarea de custodia”, se indicó.
La sesión ocurrió luego de una intensa jornada de negociaciones ya que hasta última hora se dudó que el oficialismo pudiera alcanzar del quórum requerido para la sesión debido a la actitud cautelosa de la bancada de Cambiemos.
La denuncia contra Mizawak surgió luego de los dichos del vocal Carlos Chiara Díaz, quien le endilgó graves cargos, en el marco de su propio proceso de juicio político. Las expresiones del vocal fueron tomadas por un grupo de abogados y dirigentes políticos para presentar una denuncia contra la actual titular del STJ.
El dictamen aprobado este miércoles sostiene la prueba aportada y colectada en principio no confirma – sino todo lo contrario- ninguno de los puntos más salientes de la denuncia.
En cuanto a los vínculos societarios entre la Presidente Mizawak o parientes cercanos y el ex gobernador Sergio Urribarri “ningún informe de los organismos oficiales competentes incorporados a la investigación como respuesta a los oficios librados al efecto encontró relación societaria entre ambos ni con el marido de Mizawak, el funcionario Raúl Arroyo”, se explicó oficialmente.
“La empresa de la que Mizawak fuera accionista junto a su marido, Emprendimientos A y M SA, fue fundada en 2003 a partes iguales, declarada fiscalmente por Mizawak y declarada por la investigada en ocasión del tratamiento de su pliego en el Senado en 2008. Además se acreditó que Mizawak nunca ejerció la dirección ni la representación legal de dicha empresa, por lo tanto no violó la limitación que tienen los magistrados para ejercer el comercio”, se agregó.
El tema incluso había sido tratado en Acuerdo por el propio STJ que – paradójicamente con la propia firma de Chiara Díaz- había dictaminado que los magistrados pueden ser accionistas (como ejercicio de derechos patrimoniales y de propiedad) de una sociedad aunque no dirigirla, es decir no ejercer actos de comercio. “También se demostró, por documentación aportada por AFIP, que la empresa de Mizawak y Arroyo –que supo estar también incluida en el registro de sociedades inactivas durante un tiempo- nunca facturó obra pública ni a Estado entrerriano, ni a la municipalidad de Paraná ni al Poder Judicial. No obstante, además Mizawak se retiró la sociedad en 2013”, se señala.
Otro de los puntos que los denunciantes recogieron de la presentación que hiciera Chiara Díaz en oportunidad de ejercer su defensa en Diputados fue que calificó a Mizawak como la “reina de los viajes” por lo que pidieron que se investigue al respecto.
“Es que la gran diferencia entre el caso Mizawak y el caso Chiara Díaz, es que la primera dejó constancia en cada caso de la justificación de sus viajes como reales comisiones de servicio, mientras que el segundo encubrió en la mayoría de los casos, actividades académicas y personales” dice el dictamen de la mayoría en la página 39.
Agrega el dictamen a fojas 38 que “la Dra. Claudia Mónica Mizawak, aún en ejercicio de la Presidencia, no superó el promedio de sus restantes colegas en cantidad de licencias y ausencias, en todos los periodos considerados (año 2010/2015), todo lo que surge con claridad de la comparación agregada como prueba j). Y continúa “de ninguna de la prueba aportada surge que, amén de esas licencias y ausencias autorizadas, la Dra. Mizawak no haya estado en su despacho para el desempeño de sus tareas. Ello puede demostrarse acabadamente con los informes de la Secretaria de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJER así como de datos en similar sentido aportados por la defensa, que permiten concluir en el bajísimo índice de sentencias de la Sala a la que pertenece la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia no firmadas por ésta, en relación al total de sentencias dictadas en los periodos considerados”.
Otro capítulo de la denuncia formulada contra la Presidenta del STJ, hace foco en el pago de supuestos sobresueldos, que al parecer sin mayor contralor y por cifras millonarias serían percibidos por magistrados del Poder Judicial. De la prueba recolectada por la comisión y fundamentalmente, de los informes de todos los organismos de control del Estado requeridos, el dictamen del oficialismo concluye que dichos fondos fueron aprobados por unanimidad en la votación parlamentaria de los distintos presupuestos anuales y como es de práctica, su rendición ha sido aprobada sin objeciones por las sucesivas presidencias del Tribunal de Cuentas.
Finalmente, sobre la supuesta falta de idoneidad en relación al robo de armas bajo custodia directa del Poder Judicial, su comercialización y venta ilegal, “las mismas sobrepasan la responsabilidad directa de los integrantes del Alto Cuerpo, desde donde se iniciaron las actuaciones que llevaron a la investigación penal de público conocimiento, además de la intervención del área y la designación de nuevos funcionarios a cargo para llevar adelante la tarea de custodia”, se indicó.
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