Diputados rechazó por mayoría el juicio político contra la presidenta del STJ
Tras casi cuatro horas de debate en el recinto, por 21 votos contra 12, el oficialismo logró en la noche del miércoles que se aprobara su dictamen y no acusar ante el Senado provincial a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak.T
El Frente para la Victoria contó con los votos de Ricardo Troncoso (Recuperación Radical-Maciá) y de Gustavo Zavallo (UNA/FR-Viale) y Daniel Koch (UNA/FR-Nogoyá). El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que actuó como Comisión investigadora, Diego Lara (FpV-María Grande), fue la voz del oficialismo para defender a la magistrada, desestimar la denuncia de los abogados, y arremeter contra el vocal Carlos Chiara Díaz, quien enfrentará el enjuiciamiento en la Cámara Alta, y contra los propios denunciantes de Mizawak.
Con votación nominal -una moción promovida por la oposición y aprobada por unanimidad-, se decidió el destino de la presidenta del STJ: no será acusada.
Lara hizo una extensa lectura, de más de dos horas, de extractos del dictamen, disgregándolo en los cinco puntos que denunció la presentación de los abogados, a saber:
1) Viajes y abandonos excesivos de la jurisdicción. Falta de diligencia debida en el control del otorgamiento de viáticos y licencias.
2) Participación en sociedades comerciales con Sergio Daniel Urribarri y Daniel Arroyo (“según los denunciantes”, en palabras de Lara). Incompatibilidad con el ejercicio de la magistratura.
3) Manipulación del trámite de la causa “Arralde” y tráfico de información.
4) Percepción de sobresueldos –enriquecimiento sin causa.
5) Grave negligencia, falta de idoneidad e incumplimiento de las obligaciones y atribuciones de superintendencia. Robo de armas bajo custodia directa del Poder Judicial, su comercialización y venta ilegal.
Sobre cada punto dio cuenta de lo que sostuvieron los demandantes, la defensa que hizo Mizawak, las pruebas colectadas en cada caso, así como lo que resolvió el oficialismo.
El salvavidas
“Del análisis de la totalidad de la prueba aportada y producida en esta investigación, la que por su cuantía no reconoce antecedentes en ningún pedido de juicio político llevado a cabo en nuestra Provincia de Entre Ríos, estamos en condiciones de afirmar que ninguno de los hechos denunciados y endilgados a la actual Presidenta del Superior Tribunal de Justicia poseen asidero fáctico y probatorio que nos permitan siquiera presumir la existencia de conductas irregulares o dudosas atribuibles a la Dra. Claudia Mizawak, que puedan ser considerados además como causales de mal desempeño en su función”, concluyó el oficialismo.
Sobre los viajes, abandonos excesivos de la jurisdicción, y falta de diligencia debida en el control de viáticos y licencias, de ninguna manera afectaron las funciones jurisdiccionales de la magistrada. Y sobre los viáticos, el oficialismo consideró que han sido en el marco de un mecanismo legal. Con respecto al control se indicó que no es responsabilidad de Mizawak sino de los nueve miembros que integran el STJ.
Sobre las supuestas sociedades con Sergio Daniel Urribarri y la incompatibilidad funcional por la sociedad con Raúl Eduardo Arroyo, se indicó que “no hay ningún elemento que, siquiera como indicio, de cuenta de una relación societaria pasada o presente, entre el actual Presidente de la Cámara de Diputados y la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia”.
“Sobre la incompatibilidad que se le adjudico por poseer acciones en Emprendimientos AyM SA, quedó probado que Mizawak no administró nunca la misma y que a partir de 2008 ni siquiera conservó la titularidad accionaria”.
Con respecto a la supuesta manipulación de la causa “Arralde” y el tráfico de información en la misma, “a prueba contundente del expediente judicial, el informe del secretario, Julio César Pérez Ducasse, y las declaraciones testimoniales de los Vocales del Superior Tribunal de Justicia, en especial la de su vicepresidente, Bernardo Salduna, destruyen toda posibilidad de encontrar irregularidad alguna en dicha causa”.
Sobre la “percepción de sobresueldos” y enriquecimiento sin causa por este motivo, para el oficialismo “no existen fondos o gastos reservados, sino una partida sancionada sucesivamente y unánimemente desde 2010 hasta 2016 por la Legislatura Provincial”.
Para el oficialismo, “quedó demostrado que no existió apropiación a título personal y/o salarial, de los dineros provenientes de esa partida o por alguno de los demás Vocales”.
Sobre este punto, se encontró que jurídicamente fueron “gastos protocolares” y que su relación con “gastos reservados” es contable, por cuanto la forma de rendición de la misma. De todos modos reconoce que no son lo mismo. Y agrega: “De todas maneras, en la legislación actual se encuentra previsto dicho rubro y también el formato renditivo global. Ello no impide que en el futuro, esta Cámara que integramos o el Senado Provincial, decidan promover la reforma de partidas como esa -tanto para el Poder Judicial como para otros poderes del Estado- o el cambio del modo en que se rinden las cuentas sobre ellas”.
“De todo lo expuesto y acreditado en estas actuaciones se concluye, que ninguno de los hechos denunciados y endilgados a la actual Presidenta del Superior Tribunal de Justicia poseen asidero fáctico y probatorio que nos permitan siquiera presumir la existencia de conductas irregulares o dudosas atribuibles a la Dra. Claudia Mizawak, que puedan ser consideradas como causales de mal desempeño en su función”, concluyó el oficialismo.
Dictamen de la oposición
En tiempo más breve que el oficialismo, Cambiemos en las voces de Gabriela Lena (Chajarí), María Alejandra Viola (La Paz) y Esteban Vitor (Paraná), expusieron el dictamen donde pedían acusar a Mizawak, y cuyo dictamen fue ampliamente difundido por EL ARGENTINO en su edición de ayer.
Al concluir, Viola interpeló a sus pares: “Tenemos conductas que quedaron claramente constatadas en escasos 30 días, y nos preguntamos, qué podemos esperar si no acusamos, si sigue en sus funciones. Qué Justicia queremos, una corporativa o una justicia independiente, esa es nuestra cuestión. No estamos juzgando a la persona sino los hechos que pudimos advertir en esta breve pero contundente investigación. No sirve comparar a la Presidenta con Chiara Díaz, se lo comparó con el anterior vocal y no con otros que hicieron uso de licencias mucho menores”.
Tras ella, Kneeteman cerró: “Este juicio político que llevamos adelante tiene una similitud enorme que el que lleva adelante el Senado contra Chiara Díaz. Para nosotros está absolutamente claro y nos parece lógico que de la misma manera se acuse en este caso. Nos parece que no estamos midiendo con la misma vara, juzgando a indicios y pruebas similares no estamos emitiendo un igual dictamen. La sociedad está reclamándonos que demos muestra que trabajamos por el mejoramiento de las instituciones de la provincia”.
Luego, se dio paso a la votación, con el resultado conocido.
Con votación nominal -una moción promovida por la oposición y aprobada por unanimidad-, se decidió el destino de la presidenta del STJ: no será acusada.
Lara hizo una extensa lectura, de más de dos horas, de extractos del dictamen, disgregándolo en los cinco puntos que denunció la presentación de los abogados, a saber:
1) Viajes y abandonos excesivos de la jurisdicción. Falta de diligencia debida en el control del otorgamiento de viáticos y licencias.
2) Participación en sociedades comerciales con Sergio Daniel Urribarri y Daniel Arroyo (“según los denunciantes”, en palabras de Lara). Incompatibilidad con el ejercicio de la magistratura.
3) Manipulación del trámite de la causa “Arralde” y tráfico de información.
4) Percepción de sobresueldos –enriquecimiento sin causa.
5) Grave negligencia, falta de idoneidad e incumplimiento de las obligaciones y atribuciones de superintendencia. Robo de armas bajo custodia directa del Poder Judicial, su comercialización y venta ilegal.
Sobre cada punto dio cuenta de lo que sostuvieron los demandantes, la defensa que hizo Mizawak, las pruebas colectadas en cada caso, así como lo que resolvió el oficialismo.
El salvavidas
“Del análisis de la totalidad de la prueba aportada y producida en esta investigación, la que por su cuantía no reconoce antecedentes en ningún pedido de juicio político llevado a cabo en nuestra Provincia de Entre Ríos, estamos en condiciones de afirmar que ninguno de los hechos denunciados y endilgados a la actual Presidenta del Superior Tribunal de Justicia poseen asidero fáctico y probatorio que nos permitan siquiera presumir la existencia de conductas irregulares o dudosas atribuibles a la Dra. Claudia Mizawak, que puedan ser considerados además como causales de mal desempeño en su función”, concluyó el oficialismo.
Sobre los viajes, abandonos excesivos de la jurisdicción, y falta de diligencia debida en el control de viáticos y licencias, de ninguna manera afectaron las funciones jurisdiccionales de la magistrada. Y sobre los viáticos, el oficialismo consideró que han sido en el marco de un mecanismo legal. Con respecto al control se indicó que no es responsabilidad de Mizawak sino de los nueve miembros que integran el STJ.
Sobre las supuestas sociedades con Sergio Daniel Urribarri y la incompatibilidad funcional por la sociedad con Raúl Eduardo Arroyo, se indicó que “no hay ningún elemento que, siquiera como indicio, de cuenta de una relación societaria pasada o presente, entre el actual Presidente de la Cámara de Diputados y la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia”.
“Sobre la incompatibilidad que se le adjudico por poseer acciones en Emprendimientos AyM SA, quedó probado que Mizawak no administró nunca la misma y que a partir de 2008 ni siquiera conservó la titularidad accionaria”.
Con respecto a la supuesta manipulación de la causa “Arralde” y el tráfico de información en la misma, “a prueba contundente del expediente judicial, el informe del secretario, Julio César Pérez Ducasse, y las declaraciones testimoniales de los Vocales del Superior Tribunal de Justicia, en especial la de su vicepresidente, Bernardo Salduna, destruyen toda posibilidad de encontrar irregularidad alguna en dicha causa”.
Sobre la “percepción de sobresueldos” y enriquecimiento sin causa por este motivo, para el oficialismo “no existen fondos o gastos reservados, sino una partida sancionada sucesivamente y unánimemente desde 2010 hasta 2016 por la Legislatura Provincial”.
Para el oficialismo, “quedó demostrado que no existió apropiación a título personal y/o salarial, de los dineros provenientes de esa partida o por alguno de los demás Vocales”.
Sobre este punto, se encontró que jurídicamente fueron “gastos protocolares” y que su relación con “gastos reservados” es contable, por cuanto la forma de rendición de la misma. De todos modos reconoce que no son lo mismo. Y agrega: “De todas maneras, en la legislación actual se encuentra previsto dicho rubro y también el formato renditivo global. Ello no impide que en el futuro, esta Cámara que integramos o el Senado Provincial, decidan promover la reforma de partidas como esa -tanto para el Poder Judicial como para otros poderes del Estado- o el cambio del modo en que se rinden las cuentas sobre ellas”.
“De todo lo expuesto y acreditado en estas actuaciones se concluye, que ninguno de los hechos denunciados y endilgados a la actual Presidenta del Superior Tribunal de Justicia poseen asidero fáctico y probatorio que nos permitan siquiera presumir la existencia de conductas irregulares o dudosas atribuibles a la Dra. Claudia Mizawak, que puedan ser consideradas como causales de mal desempeño en su función”, concluyó el oficialismo.
Dictamen de la oposición
En tiempo más breve que el oficialismo, Cambiemos en las voces de Gabriela Lena (Chajarí), María Alejandra Viola (La Paz) y Esteban Vitor (Paraná), expusieron el dictamen donde pedían acusar a Mizawak, y cuyo dictamen fue ampliamente difundido por EL ARGENTINO en su edición de ayer.
Al concluir, Viola interpeló a sus pares: “Tenemos conductas que quedaron claramente constatadas en escasos 30 días, y nos preguntamos, qué podemos esperar si no acusamos, si sigue en sus funciones. Qué Justicia queremos, una corporativa o una justicia independiente, esa es nuestra cuestión. No estamos juzgando a la persona sino los hechos que pudimos advertir en esta breve pero contundente investigación. No sirve comparar a la Presidenta con Chiara Díaz, se lo comparó con el anterior vocal y no con otros que hicieron uso de licencias mucho menores”.
Tras ella, Kneeteman cerró: “Este juicio político que llevamos adelante tiene una similitud enorme que el que lleva adelante el Senado contra Chiara Díaz. Para nosotros está absolutamente claro y nos parece lógico que de la misma manera se acuse en este caso. Nos parece que no estamos midiendo con la misma vara, juzgando a indicios y pruebas similares no estamos emitiendo un igual dictamen. La sociedad está reclamándonos que demos muestra que trabajamos por el mejoramiento de las instituciones de la provincia”.
Luego, se dio paso a la votación, con el resultado conocido.
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