Secciones
Diario El Argentino
Secciones
Diario El Argentinojueves 28 de marzo de 2024
Nacionales

El Gobierno avanza en el decreto para la reforma del sistema migratorio

El Gobierno avanza en el  decreto para la reforma  del sistema migratorio

  Integrantes del gabinete nacional avanzaron en las modificaciones al régimen migratorio que el presidente Mauricio Macri podría decretar en los próximos días, con el objetivo de “impedir” el ingreso de delincuentes extranjeros al país y expulsarlos con mayor celeridad.


 
Del encuentro, realizado en la Casa de Gobierno, participaron los ministros Germán Garavano (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Rogelio Frigerio (Interior), además del director nacional de Migraciones, Horacio García, y el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas.
Según trascendió, el decreto que endurece los controles migratorios está en elaboración y por ende no fue elevado para su firma al presidente Mauricio Macri, aunque podría darse a conocer a fines de esta semana o principios de la próxima.
La medida, según pudo saber NA de voceros oficiales, está “enfocada en las personas que delinquen” sobre todo en temas vinculados a las drogas, y se pretende “una rápida implementación”.
El eje de la iniciativa, según indicaron las fuentes consultadas, “no es en contra de los inmigrantes, sino contra los delincuentes”.
Los extranjeros conforman el 6% de la población total de las cárceles del país, mientras que el 33% de ellos es por causas de droga, principalmente de Perú, Bolivia y Paraguay, de acuerdo a cifras que maneja el Gobierno.
La normativa que aún está siendo evaluada, incluso con la activa participación de funcionarios de la Cancillería está enfocada a que “no entren delincuentes” al país y los que están “se vayan rápidamente”, remarcaron fuentes que participan de la redacción.
Puntualmente, se busca establecer que el trámite para expulsar a un extranjero que cometió un delito o tenga antecedentes no demore más de dos meses, teniendo en cuenta que actualmente puede extenderse por varios años.
Para ello, se dispone la “obligación” para el Poder Judicial de “notificar” a Migraciones “de todo auto jurisdiccional que atribuyan responsabilidad penal y de toda condena por delito penal contra un extranjero”, lo que permitirá que, en simultáneo con el proceso judicial, el Gobierno esté en condiciones de iniciar el acto para la expulsión.
Pero, además de los plazos, el decreto modificaría los requisitos para el acceso a la ciudadanía por naturalización: para conseguir la ciudadanía en lugar de exigir que el solicitante acredite más de dos años de residencia en el país, propone que el pedido sea evaluado por un juez federal una vez que se demuestre que esa residencia es “legal”.
El trabajo de los funcionarios nacionales busca evitar impugnaciones ante la Justicia: el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) ya advirtió que el texto del supuesto proyecto de DNU “es una regresión para los derechos de las personas migrantes” y que “su efecto será la puesta en marcha de una poderosa herramienta de control social por fuera de la ley”.
“El proyecto de DNU al que accedimos cambia el paradigma de la ley actual: amplía las causas que permiten la detención y expulsión de migrantes en situación irregular; habilita la revisión de todas las radicaciones otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas, sin importar el tipo de delito o su situación procesal; modifica los trámites de expulsión para que sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuada; elimina la unidad familiar y el arraigo como condiciones que evitan la expulsión”, indicó el Cels en un comunicado.
 

Este contenido no está abierto a comentarios