Investigan si Gils Carbó favoreció a su ex marido con la compra de un edificio

En el marco de una investigación preliminar, Rívolo pidió una serie de medidas de prueba para comprobar la denuncia sobre la adquisición de un inmueble para la jefa de los fiscales ubicado en la calle Teniente General Perón 667.
Según la denuncia, en diciembre de 2012 anuló una licitación para la compra de un edificio ubicado en Alsina 872 y sorpresivamente decidió la adquisición de "otro inmueble a valores muchos más altos y con el condimento de beneficiar a terceras personas en el negocio inmobiliario y a sí misma”.
El sitio digital Análisis indica que “en esta causa, la también fundadora de la agrupación K “Justicia Legítima”, está acusada de los supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y cohecho”.
Gils Carbó es una ex fiscal que en el 2012, a instancias de Cristina Fernández de Kirchner, fue nombrada jefa de todos los fiscales federales. Desde ese cargo tomó una serie de decisiones en sintonía con la política judicial de la ex presidenta, como por ejemplo nombrar fiscales sin acuerdo del Senado y ubicarlos en fiscalías claves. Actualmente, el oficialismo impulsa en el Congreso un juicio político contra Gils Carbó.
En diciembre del 2012, firmó el expediente A 8798/2012 que puso en marcha una licitación pública para la compra de un nuevo edificio para el Ministerio Público. Como consecuencia del expediente se adjudicó la licitación a una empresa que ofreció un edificio ubicado en Alsina 872 de esta capital. Pero sorpresivamente, el 28 de diciembre del 2012 mediante una polémica resolución -la 1022- Gils Carbó dejó sin efecto la licitación. Las polémicas razones esgrimidas en esa resolución se deben a que esa licitación “excedería” el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. Así afirmó que “habiendo vencido el actual ejercicio presupuestario, se carecería del financiamiento respectivo, con la consiguiente nulidad del acto de adjudicación que comprometería a este organismo a pagar sumas de dinero sin el respectivo respaldo presupuestario”.
Como consecuencia de esa extraña decisión, Gils Carbó tuvo que devolver al gobierno 30 millones de pesos. “Esta arbitraria decisión provocó también un serio perjuicio para el dueño del edificio de Alsina 872, inmueble que estaba preadjudicado”, afirmaron los denunciantes.
Sin embargo, para los denunciantes la verdadera razón de la anulación de esa licitación “fue la adquisición de otro inmueble a valores muchos más altos y con el condimento de beneficiar a terceras personas en el negocio inmobiliario y a sí misma”.
Dos meses después de anular la licitación, mediante la resolución 317/13 Gils Carbó llamó a una nueva licitación para comprar dos o más inmuebles “en block”. Pero en esta llamado se estableció que la Procuración General de la Nación “no pagaría comisión inmobiliaria” y que en el caso de existir intermediarios “se deberá acompañar el pertinente instrumento público que acredite que fueron apoderados para actuar en nombre y en representación de los propietarios”. Luego la procurador adjudicó esta nueva licitación a la empresa ARFINSA, propietaria del inmueble ubicado en la calle Teniente General Perón 667, en un precio de 54.050.000 pesos de acuerdo a una oferta presentada por Jauireguiberry Asesores Inmobiliarios S.A. Como no estaba presupuestado el dinero, “se atendió con cargo de la partida del presupuesto general de la Nación, con la venia del entonces jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina” y no con el presupuesto de la Procuración.
También hubo problemas porque el inmueble de la calle Perón estaba incorporado al catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la ciudad de Buenos Aires con restricciones para reformas.
Pero ese problema de construcción no fue lo más grave sino “las negociaciones realizadas por Gils Carbó con la inmobiliaria Jaureguiberry con la oscura participación de Alonso (el ex esposo de la procuradora) y con el señor Gonzalez Fischer, gerente genereal de Arfinsa y el pago de la comisión que Arfinsa realizó como propietaria del inmueble”.
Pese a que el pliego prohibía taxativamente el pago de comisiones, Arfinsa abonó aquellos $ 8.109.000 a los representantes de Jaureguiberry, lo que representa una comisión del 18 por ciento, cuando en el mercado inmobiliario, este tipo de pagos oscila en el 4 por ciento. Además, la inmobiliaria creó la empresa “Jaureguiberry SRL.” con “el exclusivo fin de percibir ese monto de comisión inmobiliaria”. El pago quedó reflejado en la factura número 0000.0001, es decir la primera de la SRL.
La denuncia destaca que “Gils Carbó impuso como condicion a su ex esposo como parte del negocio, a modo de intermediario solapado”.