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Diario El Argentinosábado 20 de abril de 2024
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Concedieron la prisión domiciliaria a Etchecolatz

 Concedieron la prisión  domiciliaria a Etchecolatz

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal avaló hoy el pedido de prisión domiciliaria del represor Miguel Etchecolatz en la causa conocida como "Pozo de Banfield", aunque seguirá preso en el penal de Ezeiza por otros procesos en su contra por delitos de lesa humanidad.   


En un fallo dividido, el Tribunal revocó la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que había confirmado el rechazo del pedido de arresto domiciliario formulado por la defensa pública oficial del ex jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Buenos Aires, cuando la fuerza era comandada por el fallecido represor Ramón Camps, condenado por múltiples violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.
Los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci fundaron su decisión en "razones humanitarias" consagradas por los tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional y citaron el reciente fallo "Alespeiti" de la Corte Suprema, ya que el ex policía cumple "con exceso el requisito etario y el estado de salud que presenta impide que sus dolencias sean adecuadamente tratadas en la unidad penitenciaria".
Para los magistrados, Etchecoltaz, de 87 años, no presenta "riesgo de fuga en las condiciones actuales en las que se encuentra", con "pronóstico reservado, un riesgo elevado de sufrir descompensaciones en forma aguda, sin descartar muerte súbita".
El fallo toma en cuenta un informe presentado por los profesionales del Hospital Penitenciario Central de Ezeiza el 21 de abril pasado, donde el represor se encuentra alojado.
En disidencia, la jueza Ana María Figueroa consideró que se "debe ordenar la actualización de los informes del Cuerpo Médico Forense y asegurar que Etchecolatz reciba la atención adecuada para atender sus patologías", pero no otorgar la prisión domiciliaria.
Tras conocerse el fallo, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo repudió la decisión y expresó su "preocupación" por lo que consideraron un "nuevo intento de asignar privilegios al genocida".

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