Los informes de la CARU

Esta semana la CARU volvió a publicar un nuevo informe sobre efluentes de la papelera UPM Fray Bentos, y desembocadura del Río Gualeguaychú.

Podríamos nuevamente contar a nuestros lectores, sobre las tropelías que se cometen al juzgar a la pastera y cóomo se aplica el rigor al Río Gualeguaychú, pero sería tedioso y ya conocido.

Pero algo debemos decir haciendo un intento de superar nuestra indignación.

UPM impuso una normativa que le convenía, y que no rige, por sobre la norma internacional y aún la misma uruguaya legalmente vigente. Consiguió que las Delegaciones de ambos países ante CARU le otorgaran un certificado de no contaminación basado en normas que no rigen.

Pero esas mismas dos Delegaciones ante CARU, examinan la calidad de las aguas del Río Gualeguaychú con normativas internacionales, argentinas-entrerrianas y hasta uruguayas legalmente vigentes, consiguiendo con ello un certificado de contaminación basado en disposiciones que rigen.

La alevosa contradicción entre una y otra manera de cotejar los resultados de laboratorio, da a pensar en el porqué de la doble vara empleada, dejándonos la idea que se usa de escarmiento social y político, a la vez de una advertencia al díscolo pueblo de Gualeguaychú.

Reiteramos que indigna la contradicción de los Integrantes argentinos del Comité Científico CARU, que en el año 2013 firmaron la vigencia de normas en el caso UPM, y tres años después consintieron otras que no rigen, beneficiando a UPM y perjudicando el reclamo de Gualeguaychú, en una actitud carente de toda profesionalidad.

Las normas que rigen para la Delegación Argentina ante CARU, son las mismas que hasta el 2015, aunque evidentemente no las instrucciones políticas. Y las instruyó, dictamen mediante, la Consejería Legal de la Cancillería Argentina, no siendo publicado hasta el momento ningún cambio, lo que nos hace preguntar qué ordenes está cumpliendo esa Delegación. Desde Fundavida estamos convencidos que han tenido un cambio de posición sin un nuevo dictamen de la Dirección de Consejería Legal de nuestra Cancillería que los respalde.

Sin masa crítica ni la fuerza de los referentes ambientales de otrora, Gualeguaychú se debate entre indignados, incrédulos, y los justificadores de turno.

Es hora de repensarnos. No podemos sentarnos a que el tiempo lo resuelva, porque esta grotesca comedia de mentira, no nos lleva a nada que no sea bajar los brazos ante tanta impunidad y abandono.

La gestión de lo ambiental por parte de la Cancillería Argentina, de quien depende CARU, no solo ha dado un giro de ciento ochenta grados respecto de la postura histórica de nuestro país en el conflicto de las pasteras finlandesas en el Río Uruguay sino que además ha inaugurado una etapa delictual contra los intereses nacionales adoptando ilegalmente normas de medición para los efluentes de la planta de BOTNIA (UPM) en Fray Bentos que claramente han sido diseñadas por la propia empresa con la complicidad del estado uruguayo para mentir a la región afectada por sus efluentes un status de ilegalidad exasperante.

Lo consignado en los párrafos precedentes es tan grotesco, que no registra antecedentes en nada similar ni en nuestro país ni en ningún otro lado: que representantes de una nación en flagrancia absoluta atenten contra los intereses de la misma en connivencia evidente y obsecuente con los intereses foráneos que la agreden.

En apenas dos años hemos retrocedido más de un siglo en lo que respecta a la normativa de control de la naturaleza y la vida, un escenario que jamás imaginamos contemplaríamos.