Actitudes miserables

Por Nahuel Maciel

EL ARGENTINO

Cuando a través de la prestación de un servicio público como es el de pasajeros de larga y media distancia se pone en riesgo la vida y la seguridad de los pasajeros; no hay otra definición que aportar que encuadrar la cuestión en actitudes miserables.

En Gualeguaychú se vive desde hace muchos años un conflicto entre la concesionaria de la terminal de ómnibus, Rotonda Group, y el grupo Flecha Bus y Jovi Bus, por las diferencias manifiestas por el costo del canon que habilita el uso del andén de ascenso y descenso de pasajeros.

En consecuencia, los pasajeros deben ascender y descender desde la vía pública. Es decir, en lugares no habilitados para esa clase de movimientos y poniendo en riesgo directo su vida y su seguridad.

Para el Grupo Flecha Bus dicho canon es caro y se niega a pagarlo. “Se deben sentir los dueños del mercado para establecer los costos de los demás”, le dijo ayer un remisero a EL ARGENTINO.

“Sabe lo que pasa: si el partido del abogado del Grupo Flecha Bus gana las elecciones municipales, la Terminal la dominarán ellos. Están aguantando, por eso no quieren respetar las normas”, sintetizó un ocasional usuario que está harto del destrato. Y esa percepción fue compartida por no menos de diez pasajeros que visiblemente estaban ofuscados y violentados por las empresas del grupo Flecha Bus.

De algún modo, quien hoy saca un pasaje para viajar fuera de la ciudad se siente ya no solo frustrado sino hasta con cierta sensación de ser estafado, porque no se brinda un servicio elemental de manera segura y en lugares adecuados o habilitados para esos efectos. No se satisface la elemental expectativa a la hora de contratar un servicio de pasajeros: hacerlo desde una plataforma habilitada. No importa si la pasajera está embarazada, si hay usuarios con alguna discapacidad, ni tampoco si hay niños y niñas o adultos mayores. El destrato lacera lo más elemental de un servicio público.

Está claro que a esta altura de la historia del Grupo Flecha Bus esperar el ejercicio de la responsabilidad social empresaria es una fantasía. El anhelo no llega a tanto. Pero de ahí a tolerar que se ponga en riesgo la vida y la seguridad de los pasajeros, a la luz del día y sin que ninguna autoridad ni la Justicia intervenga, hay un despropósito que debería obligar a otras actuaciones con mayor rigor.

¿Por qué este conflicto entre Rotonda Group y las empresas de ómnibus casi monopólicas las debe pagar con su riesgo el usuario, que es el único que sostiene el sistema?

Por otro lado, ¿dónde están las autoridades de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)?

La CNRT es un organismo que tiene competencia –entre otras modalidades- en los micros de media y larga distancia.

Entre sus funciones –según se desprende de su página oficial- es la de “organizar los medios necesarios para garantizar la fiscalización y el control de la operación del sistema de transporte automotor y ferroviario, de pasajeros y carga nacionales”. En Gualeguaychú está ausente a la luz de lo que ocurre con el ascenso y descenso de pasajeros e incluso en la carga y descarga de las encomiendas.

También la CNRT debe “ejercer el poder de policía en materia de transporte terrestre nacional, de su competencia, controlando el cumplimiento efectivo de las normas vigentes, así como la ejecución de los contratos de concesión y acuerdos de operación; y fiscalizar la actividad realizada por los operadores y concesionarios de transporte”. En Gualeguaychú parece que ha desertado de ese elemental y básico ejercicio.

“Somos el ente que se controla y fiscaliza el transporte terrestre nacional. Nuestro principal foco es servir a la ciudadanía, salvar vidas y generar todas las acciones que sean necesarias para cumplir con nuestra misión”, dice la CNRT en su página oficial, pero es evidente que es solo una expresión de deseos, acaso una impostura de acuerdo a lo que se vive y se padece en Gualeguaychú.

Y agrega algo más: “Lo hacemos con trabajo en equipo, profesionalismo, transparencia, ejemplaridad pública y comunicación; valores que conforman nuestra plataforma”. Pues bien: en Gualeguaychú no se observa ese “equipo” ni ese “profesionalismo”, mucho menos esa “transparencia”, ni qué hablar de la “ejemplaridad pública y comunicación”.

¿Será normal para los inspectores de la CNRT lo que está ocurriendo en Gualeguaychú? ¿No tendrán nada que exigir al respecto? ¿O será que frente a un poder como el de este grupo se sienten más sus empleados y por eso no intervienen ni siquiera con llamados de atención o recomendaciones?

Los pasajeros se acercan a la boletería, sacan sus boletos. Y se les anuncia que el ascenso al micro se hace en la vía pública, no en el andén de la terminal. Primera frustración y el ingreso al umbral de casi una estafa.

Luego ese pasajero debe peregrinar por los alrededores de la terminal para adivinar dónde está la unidad que lo transportará a su destino. No hay anuncios de horarios de llegada ni de partida, ni nada que se le parezca. Cuando observan a alguien vestido similar a un conductor, el pasajero se le acerca y le pregunta y con suerte recibe una respuesta, pero no en todos los casos. Así deambulan por la calle, sorteando automovilistas, llevando a cuestas su equipaje, poniendo en riesgo su vida o en el mejor de los casos su seguridad.

Empresas acostumbradas a vivir del Estado a través de suculentos y poco transparentes subsidios, con denuncias periódicas de irregularidades de todo tipo, siguen obteniendo millonarias ganancias poniendo en riesgo la vida y seguridad de sus usuarios. ¿Hasta cuándo?