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El STJ le inició un sumario al juez de Paz de Viale
El magistrado es Jorge Ángel Lescano y la decisión se argumentó “por presuntas maniobras de extrema gravedad que atentan contra su investidura”.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó instruir un sumario administrativo al juez de Paz de Viale, Jorge Ángel Lescano, “por presuntas maniobras de extrema gravedad que atentan contra su investidura”, según se desprende del texto del acuerdo general del último 22 de octubre.
La resolución del alto cuerpo da cuenta de la sospecha respecto a que el juez Lescano “habría violentado los deberes de lealtad, probidad, idoneidad y buena conducta exigidos a todo funcionario judicial por la Constitución Provincial y por la Ley Orgánica del Poder Judicial de Entre Ríos Ley No 6.902, en particular los artículos 17 inciso 1) ´guardar absoluta reserva respecto de asuntos de trámite, vinculados con sus funciones o relativos a la administración de justicia´”,
El acuerdo que ordena el sumario también cita el artículo 86° de la Orgánica del Poder Judicial que habla de “falta de idoneidad o aptitud moral reveladas en el desempeño de sus funciones”; también “negligencia”; “conducta privada incompatible con las funciones judiciales o incorrecciones graves en el ejercicio de su cargo”; e “incumplimiento a los deberes funcionales”, publicó Entre Ríos Ahora.
El STJ designó instructor sumariante al secretario de Superintendencia del alto cuerpo, Esteban Simón.
Luego de la apertura del sumario, Lescano fue apartado de su cargo, y quedó interinamente a cargo del Juzgado de Paz de Viale la abogada Vanesa Visconti, quien había ganado el cargo de secretaria por concurso. Pero ahora Visconti retomó su función de secretaria, y al frente del Juzgado fue designada la abogada Ayelén Bracco.
En 2018, llegó para tratamiento del STJ una presentación de la abogada Susana Edith Aguilar, que lo había denunciado a Lescano por su actuación en una causa por violencia familiar. La letrada reprochó al magistrado por cuanto sus resoluciones, dijo, “demuestran presunto abuso de poder, lesión del debido proceso y del principio de igualdad de partes”.
Pero entonces el máximo tribunal entendió que no correspondía realizar ninguna observación a la actuación del magistrado.