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Resaltan la necesidad de que agentes del Estado reciban capacitación en género
El 5 de mayo pasado, la legisladora de Fuerza Republicana Nadima Pecci presentó un proyecto de ley que se opone a su adhesión. A la iniciativa también la firman Ricardo Bussi y el macrista Walter Berarducci.
Luego de que se postergara el tratamiento de la Ley Micaela en la Legislatura de Tucumán, única provincia argentina que aún no adhirió a la norma, desde la Fundación Micaela García “La Negra” se recordó la necesidad de que reciban capacitación en género todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, y en los poderes del Estado.
En un escrito, la Fundación señaló la falta de perspectiva de género del juez Carlos Rossi, que liberó al femicida de la joven, y también de un agente de la Policía provincial que se negó a tomar la denuncia por un intento de abuso cometido por Sebastián Wagner pocas horas antes de asesinar a Micaela.
“Micaela fue víctima de un feminicidio perpetrado por una persona que, a pesar de tener dos condenas por violación y un sin fin de informes desfavorables que no recomendaban su salida, fue beneficiado con prisión condicional por un juez que, sin perspectiva de género, así lo decidió arbitrariamente. Pocas horas antes de que Micaela fuera atacada por Sebastián Wagner el 1 de abril de 2017, el padre de una menor intentó radicar una denuncia contra Sebastián Wagner por haber intentado abusar de su hija. La denuncia no fue tomada por el policía que, sin perspectiva de género, recomendó a la familia regresar unos días después”, se denuncia en el texto.
“Micaela fue víctima de un femicida y de un Estado que no actúa o lo hace de manera ineficiente y tardía. Esa es la razón por la cual la Ley establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres”, se lee además.
El documento fue emitido en respuesta a los cuestionamientos que recibió la Ley Micaela en Tucumán, por parte de sectores antiderechos que consideran que la norma busca instalar la “ideología feminista”.
Este jueves estaba previsto el tratamiento del proyecto para que Tucumán adhiera a la norma nacional Nº 27499, que establece “la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.
Sin embargo, ante la fuerte resistencia de estos sectores, el tratamiento se postergó.