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Recuperó la libertad el ex viceintendente de Federación investigado por trata laboral
El miércoles por la noche fue liberado Juan Luis Spañoletti, el ex viceintendente de Federación y ex delegado de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación en Entre Ríos durante el macrismo, que había sido detenido por orden de la Justicia Federal de Concepción del Uruguay, sindicado en una causa por trata de personas laboral.
La novedad la dio a conocer su abogado defensor, Jorge Cavallo, al portal “7 Páginas”, aunque el letrado no quiso dar más precisiones sobre la medida dispuesta por el juez Federal Pablo Seró.
El portal “Entre Ríos Ahora lo consultó al letrado, pero fue escueto en su respuesta: “Efectivamente el Juzgado Federal del doctor Seró dispuso la inmediata liberación del doctor Juan Spañoletti, hecho este que se cumplimentó en el día de ayer, miércoles 10, a las 19:20”, indicó.
Spañoletti recuperó su libertad luego de permanecer detenido con prisión preventiva en la Unidad Penal de Concordia. El ex viceintendente de Federación fue detenido durante la madrugada del jueves 21 de mayo tras un operativo de la Policía Federal, en conjunto con la Secretaría de Trabajo. La intervención de ambos organismos en una finca de Spañoletti permitió encontrar a cinco personas en situación de explotación en un establecimiento que tiene en Colonia Ayuí, Departamento Concordia.
El ex funcionario de Cambiemos se defendió con el argumento de que ese establecimiento lo había rentado a un tercero, por lo cual en todo momento buscó desligarse de la situación. El dirigente y abogado fue viceintendente de Federación entre 2011 y 2015, durante el gobierno de Carlos Cecco; y entre 2015 y 2019, durante la gestión nacional de Mauricio Macri, fue delegado de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Spañoletti fue detenido en la madrugada del jueves 21 en su finca de Colonia Ayuí, a 40 kilómetros de Federación, en el departamento Concordia, durante un operativo conjunto entre la Policía Federal y la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, junto con integrantes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata. La intervención comenzó el miércoles por la noche y se extendió hasta altas horas de la madrugada del jueves en una finca de Colonia Ayuí, ubicada entre Federación y Concordia.
Fue un pedido de auxilio y posterior denuncia de uno de los propios trabajadores lo que motivó la intervención del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, cuyas autoridades diagramaron el procedimiento y convocaron a los funcionarios especializados en el tema para abordar la cuestión. A partir de las averiguaciones realizadas, se pudo establecer que en total fueron diez los misioneros que llegaron hasta Ayuí para trabajar en el establecimiento de Spañoletti. Sólo quedaron cinco; los otros cinco volvieron a su provincia por sus propios medios.
La causa abierta en la Justicia Federal de Concepción del Uruguay está caratulada “PFA 1937/2020 NN S/Infracción Artículo 145 bis 1° párrafo Ley 26.842”, una norma que previene y sanciona el delito de trata de personas. El artículo 15 dice textualmente: “Será reprimido con prisión de 4 a 8 años, el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.
Los cinco trabajadores misioneros rescatados de la finca de Spañoletti, oriundos de la localidad misionera de Montecarlo, regresaron el viernes 22 de mayo a su ciudad. Fueron trasladados en un vehículo de la Escuela de Suboficiales General Francisco Ramírez.
Cuando a finales de mayo el juez le había denegado la domiciliaria argumentó que “en lo que respecta a la situación en particular de Juan Spañoletti, si bien no surgen cuestiones negativas de reincidencia y estadística criminal, restan medidas importantes incorporar a los autos principales, tales como declaraciones testimoniales, que a raíz de la situación sanitaria de público conocimiento, identificación de las víctimas y recibir sus testimonios, informe socioambiental, informe psicofísico, entre otras”.
En tanto, sobre el posible peligro de fuga, Seró señaló que “ante el estado incipiente de la causa, no se puede descartar que podría existir accionar de terceras personas, que puedan ser todavía sometidas al presente proceso, y en el caso de encontrarse en libertad el imputado podría colaborar para que aquellas eludan el accionar de la justicia o unirse para entorpecer la investigación, quienes podrían prestar auxilio al nombrado a los fines de mantenerse alejado del proceso, en clandestinidad, si es que se profugara”.