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JxC calificó de “ilegal” la intervención de Vicentin
Mediante nota enviada a diferentes instituciones de la ciudad, Juntos por el Cambio de Gualeguaychú invitó a las mismas a manifestarse públicamente en repudio a la intervención por decreto y posible expropiación por Ley de la empresa Vicentin SAIC, decisión que calificó como “ilegal” porque “avanza sobre el derecho de propiedad y la división de poderes”.
Los partidos que integran el frente político a nivel local (UCR, Pro, GEN y Nuevo Espacio), plantaron posición respecto al tema a través de una carta dirigida a diversas entidades en la que invitan “respetuosamante” a que se pronuncien en “contra de esta perjudicial decisión”.
“Nos moviliza una cuestión que entendemos sobrepasa la política partidaria”, señaló JxC en la nota y agregó: “Asistimos azorados a la intervención por decreto de la empresa Vicentin SAIC, hoy concursada, y al anuncio de la intención de expropiarla”.
Al respecto, la fuerza política cuestionó los tres argumentos utilizados por el Gobierno nacional para avanzar con la medida (conservación del empleo, evitar la quiebra y asegurar la soberanía alimentaria) y la calificó como “ilegal por cuanto desplaza al juez del concurso, lo que implica el sometimiento de un poder a otro y que es inconstitucional” porque “claramente avanza sobre el derecho de propiedad y la división de poderes.
Sobre los argumentos mencionados, JxC de Gualeguaychú aseguró que “la mayoría de los cientos de empleados siguen trabajando regularmente en las unidades de negocios que integran la empresa. Tampoco es seguro que termine en la quiebra. Y la actividad de la misma no se orienta principalmente al rubro alimentario (produce algodón, biodiesel, mezclas nutritivas para ganado, exporta cereales, etc.)”.
Y continuó: “También ponemos en tela de juicio que un estado endeudadísimo y en medio de una pandemia y sin experiencia en esos negocios, aunque ponga al CEO con el mejor CV de su equipo al frente de la empresa, pueda lograr los objetivos expuestos”.
También, consideró que “constituye una señal que desalienta a la creación de riqueza y empleo nacional y la inversión de capitales del mundo, ya que ¿quién estará dispuesto a invertir en un país donde el estado se adueña mediante DNU de la propiedad privada?”.
“No importa de qué empresa se trata. Y si es verdad que los propietarios la vaciaron o cometieron ilícitos, la justicia debe intervenir, pero este precedente nos permite suponer que en el futuro cualquier empresa con dificultades podrá ser apropiada por el gobierno”, puntualizó Juntos por el Cambio.