Los trabajadores de ATE esperan una autocrítica de la dirigencia por el caso de corrupción de Allende

 

El ex diputado provincial José Ángel Allende (PJ) y actual secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que reconoció su crecimiento patrimonial en más de un millón de dólares y en consecuencia tendrá que devolverle al Estado provincial su mansión del Parque Urquiza (valuada en más de 700 mil dólares) y una casa de calle Laprida 152 (tasada en 378 mil dólares); además de una multa por tres millones de pesos.

 

También deberá cumplir una pena de prisión condicional de dos años y ocho meses y será inhabilitado de modo perpetuo para ejercer cargos públicos por haber proferido amenazas contra la actual ministra de Salud, Sonia Velázquez y contra el periodista Martín Carboni.

Oscar Muntes es secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos y realizó declaraciones vinculadas con el vicio de la corrupción contra la administración pública y una de sus peores secuelas: la impunidad.

En diálogo con EL ARGENTINO, indicó que: “Un dirigente gremial como Allende, que además ha ocupado sensibles como importantes cargos públicos en la provincia, reconozca que se ha enriquecido ilícitamente, además de devolver la plata; debería inspirar una autocrítica al interior del Partido Justicialista, del propio gremio UPCN al que pertenece y nosotros, como trabajadores del Estado que estamos enrolados en otro universo de valores también debemos reflexionar por el daño que le ha causado a la sociedad”, aseveró Muntes.

Al ser consultado si como dirigente gremial de ATE es válido criticar a su par de UPCN; Muntes aclaró: “Claro que es válido, porque el daño de la corrupción se desparrama por todos los entrerrianos; además, siempre debemos, como ciudadanos, analizar las conductas y rendir cuentas de ellas”.

“De este tema me preocupan muchas cosas. Si bien comprendo el alcance de esa antigua frase que enseña que un mal acuerdo siempre es mejor a un buen juicio; entiendo que en casos de corrupción no deberían existir esa clase de beneficios porque un juicio y oral público hubiera permitido, en este caso, saber cómo Allende se apropió ilícitamente de bienes del Estado y eso hubiera sido más ejemplificador que cualquier arreglo como el que se alcanzó”, resaltó para aclarar que “este acuerdo si bien es legal, no deja de cerrar un capítulo de la corrupción dándole otro beneficio o privilegio a quien se reconoció corrupto”.

“Para los trabajadores del Estado no es ningún triunfo de la Justicia. Primero porque Allende fue sentado en el banquillo de los acusados gracias a investigaciones periodísticas y no por el accionar propio del Estado; segundo por el paso del tiempo que fue excesivo para llegar a este resultado; y la pena final que obtiene una persona que se reconocer corrupta que apenas devuelve una pequeña parte del daño que ha inferido a todos los entrerrianos, resaltó Muntes.

En ese marco, reclamó una profunda autocrítica, especialmente de los afiliados de UPCN, que siguen sosteniendo el cargo de Allende como secretario general de ese gremio; pese reconocer que ha sido corrupto. “No entiendo esa lógica. Por eso, además de luchar contra la corrupción, hay que luchar contra la impunidad”.

El secretario general de ATE insistió que los trabajadores de su sector no percibieron el acuerdo judicial como un beneficio para los entrerrianos, sino casi exclusivamente para Allende. “espero que el Partido Justicialista también haga una profunda autocrítica por haber bancado a un dirigente confeso como corrupto y le permitió ser nada menos que Presidente de Honorable Cámara de Diputados en el período 2011-2015, cuando ya era denunciado por atentar contra la administración pública provincial”.

“El estatuto de ATE, por ejemplo, es muy claro: toda persona que tiene una condena no puede asumir responsabilidades dentro del sindicato. En ATE nadie podría seguir integrando sus órganos de decisión como lo hace actualmente Allende en UPCN. En ATE permanentemente estamos debatiendo y reflexionando sobre estas situaciones, justamente porque rechazamos a quienes dicen representar a los ciudadanos y luego reconocen que de manera ilícita se han enriquecido a costa de la pobreza de los trabajadores. Por eso invitamos a todos los sectores a reflexionar al respecto, porque nadie puede sentirse ajeno a las consecuencias del caso Allende; pero especialmente deben reflexionar los pares de Allende en el Partido Justicialista y quienes compartieron la banca con él. Sin autocrítica profunda y sincera, no habrá mecanismos para prevenir la corrupción y, en cambio, se alimentará siempre la posibilidad de la impunidad”.