.
Corrupción: cuestionan el acuerdo alzando por el MPF y el ex diputado José Ángel Allende
La ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez, realizó una presentación en sede judicial que pone en jaque el acuerdo entre la defensa del ex diputado José Ángel Allende (PJ) y la Procuración General.
El acuerdo de juicio abreviado entró así en un túnel del que se desconoce la salida.
El ex diputado provincial tiene cerrado un acuerdo que implicaría una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional, entregar su casa del Parque Urquiza valuada en 720.922 dólares; y otra en el centro de Paraná que tiene un valor de 378.289 dólares. También deberá pagar una multa de tres millones de pesos. Todo eso por el delito de enriquecimiento ilícito en más de un millón de dólares; por haber agredido a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, lo que se constituyó en una causa de violencia de género con el testimonio de otros funcionarios; y por las amenazas al periodista Martín Carboni. En este último caso, el fiscal Álvaro Piérola ya había elevado la causa a juicio y adelantado que pediría una pena de dos años de prisión condicional.
Tras conocerse el acuerdo, la ministra de Salud manifestó en la prensa su malestar por la propuesta de la que se beneficiaría Allende. Esa expresión, sin embargo, se plasmó en una presentación judicial en la que Velázquez rechazó el acuerdo al entender que la unificación de las causas no tiene un criterio que permita juzgarlo en un solo acto, publicó el portal Página Judicial.
El tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa deberá refrendar o rechazar ese acuerdo que alcanzaron Leopoldo Lambruschini, en representación de Allende; la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, el fiscal de género Leandro Dato y los fiscales Laura Cattáneo y Piérola.
No hay demasiados antecedentes en la jurisdicción de que un tribunal rechace lo acordado por las partes. Sucede que, en este caso, Velázquez y Carboni se manifestaron en desacuerdo y poco o nada pueden hacer, ya que no se habían presentado como querellantes en el entendimiento que la fiscalía impulsaría la acción acusatoria y no un acuerdo para beneficiar al imputado.
Velázquez y Carboni quedaron presos de un sistema que, quizás, debería corregirse. ¿Por cuestiones técnicas pueden las víctimas tener que aceptar algo que los ofende?
Por directivas de la Procuración General, en los casos de violencia de género, los fiscales toman como vinculante la opinión de la víctima. Esto no surge de la ley, sino de la política criminal establecida por el procurador Jorge Amílcar García. Esto, posiblemente, sea una conquista social producto del contexto y la nueva sensibilidad ante el machismo milenario que en el siglo XXI se han propuesto a remediar.
Con la negativa de la víctima, en este caso, Velázquez, el fiscal Dato puede levantar el pedido de abreviado en lo que incumbe al delito de género. De no hacerlo, la última palabra la tendrá el tribunal: el 1° de julio.
Rechazo al abreviado de Allende
Como lo hizo la ministra Sonia Velázquez; el periodista Martín Carboni también se presentó en los tribunales. Advirtió que en el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y el imputado “se licuan y funden cuatro injustos, cuyas penas en abstracto generan una escala punitiva de entre dos años de mínima y 16 años de máxima de prisión”.
De esta forma, el periodista -como Velázquez., también manifestó su “expresa y motivada oposición” a la acumulación de causas en un mismo acto que deberá ser analizado el 1º de julio por el tribunal.
Como se indicó, ambas víctimas no se presentaron como querellantes porque entendieron que no era necesario ante el interés público de entonces para dilucidar los hechos. Esto, finalmente, los perjudicó al no permitirles ahora rechazar el acuerdo.
En una extensa presentación, Carboni expresó no solo que “la acumulación de causas pretendida desnaturaliza disruptivamente el proceso de Juicio Abreviado”, sino que “invisibiliza derechos de especial protección constitucional e internacional”.
En el escrito, el periodista remarcó que “el delito de amenazas coactivas atribuido al imputado José Allende constituye a la par que un ataque a la libertad de determinación contra el suscripto, un claro atentado contra la libertad de expresión”, consagrado en las constituciones provincial y nacional, así como también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros instrumentos con jerarquía constitucional, consignó Página Judicial.
La Justicia -según Carboni– debe valorar que “el interés jurídico lesionado es la libertad de expresión en su doble faz: individual y colectiva”. Y advirtieron: “Desconocer dicha dimensión, a tenor de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado argentino en relación a la libertad de expresión, y en atención a la calidad de funcionario público que revestía el imputado al momento de perpetrar el desmedido ataque (invocando el atroz asesinato de José Luis Cabezas y hasta negando la autoría de Yabrán), configura violencia institucional, siendo responsables los agentes del Estado en los términos expresados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Más allá de estas posturas, la propuesta debe ser homologada por el tribunal (que integran Chemez, Castagno y Cánepa), pero antes de tomar una decisión, los jueces quieren escuchar a las víctimas y por eso convocaron a la audiencia a la ministra Velázquez y al periodista Carboni. Su presencia y lo que tengan para decir podría ser determinante en el resultado final del proceso.