Una década de juicios, y 27 condenas por el delito de explotación sexual en Entre Ríos

Desde entonces, se dictaron en total 27 condenas en el Tribunal Oral Federal de Paraná, por los delitos ocurridos en toda la provincia: en diez años se registraron 27 condenas; para algunos parecerá poco; pero Entre Ríos es una de las jurisdicciones con más sentencias en el país en esta clase de delitos.

En un recorrido por cada caso, se observa que se han juzgado casi todas las modalidades de sometimiento de mujeres: desde la prostitución en lo que se denominaba “whiskerías” tras un engaño de falsa promesa laboral, hasta el sometimiento en una carpa en una plaza del Centro Cívico de Paraná, consignó un extenso informe publicado por el diario Uno de Paraná y que lleva la firma del periodista José Amado.

Aquel primer caso fue juzgado por Lilia Carnero, David Chaulet y Roberto López Arango, con la acusación de la fiscal Marina Herbel de Pajares. En noviembre de 2008, meses después de ser sancionada la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata y Asistencia a sus Víctimas en Argentina, la Policía provincial allanó el prostíbulo ubicado en calle Táquela al Oeste, de Villaguay. Allí encontró a una menor de edad oriunda de Formosa.

Se demostró que la chica había llegado a ese lugar con la promesa de trabajar atendiendo el bar, propuesta que aceptó ante la desesperante situación de pobreza y violencia que vivía en su familia. Pero, luego se encontró con que debía mantener relaciones sexuales con los clientes. El mismo Sander la había ido a buscar y trasladado hasta Villaguay. En su dramático testimonio, la víctima dijo que, antes del juicio, el hermano del acusado la llamó por teléfono a su casa en Formosa: “No te hagás la loca, que si el Pichi (por Sander) sale te vamos a pegar un tiro”, la amenazó. También había quedado claro el escaso acompañamiento y ayuda que había tenido la víctima luego de ser rescatada.

Finalmente, tras los alegatos donde la fiscal pidió diez años de prisión y el defensor la absolución, Sander fue condenado a cuatro años de cárcel. La sacó barata, porque los jueces entendieron que el tratante no sabía que la chica era menor. “Las Mil y Una Noches” siguió abierto y funcionando a pleno pese a la sentencia de público conocimiento (tanto para la Policía como para la Municipalidad de Villaguay), hasta su clausura definitiva en 2013.

Fue un caso que evidenció parte de las principales características de la trata en argentina: mujeres en estado de vulnerabilidad (principalmente social y económica) sometidas en prostíbulos, donde se pretendía disimular la explotación sexual con el presunto consentimiento. No obstante, en otros casos iban a conocerse las modalidades para coartarles su libertad y quebrar su voluntad, como amenazas, endeudamiento, retención de documentos y celulares, entre otras.

La Ley de Trata fue mejorada en 2012, cuando entre otros puntos se creó el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, y también se elevaron las penas ante determinadas circunstancias.

 

Mientras, siguieron cayendo tratantes en distintos puntos de la provincia, y se llevaron a cabo juicios que ventilaron hechos atroces, algunos producidos en la clandestinidad del comercio sexual, otros como una esclavitud ocurrida a la vista de todos.

 

De fiestas VIP a una carpa

 

Uno de los casos más resonantes fue el de Gustavo Alfonzo, un personaje conocido en Concordia que conducía programas de radio y reclutaba promotoras para boliches de la ciudad, mientras paralelamente organizaba fiestas privadas con empresarios, políticos y hasta un ex funcionario del Copnaf y la Municipalidad de esa localidad, según se dijo en el juicio, a las cuales llevaba adolescentes y jóvenes para prostituirlas.

Una de ellas, de 16 años, fue la víctima de la causa, en un juicio histórico donde declaró hasta la monja Martha Pelloni que asistió a la madre de la chica explotada. Alfonzo fue condenado a diez años de prisión, y se pidió proseguir la investigación respecto a otras personas que integraban una amplia red delictiva.

El hombre que recibió la pena más alta por trata en Entre Ríos fue por otro caso tan escandaloso como socialmente inquietante: una menor de 15 años había sido captada en la provincia de Salta y luego trasladada a Santa Fe. Carlos Martínez la llevó a Paraná, primero la alojó en un hotel y luego se instaló en una carpa en la Plaza Carbó, a escasos metros de la Casa de Gobierno, de la Legislatura y de la Jefatura de Policía, de los Tribunales, de Gendarmería y de la Policía Federal. Ninguna de esas instituciones vio que, en esa plaza, instalada una carpa, se sometía a una menor a la prostitución.

Martínez la ofrecía a clientes y la sometía sexualmente en la misma carpa iglú. Policías de Paraná que advirtieron la situación la rescataron justo cuando el hombre estaba por subirla a un colectivo rumbo a Rosario. El fiscal general José Ignacio Candioti, quien consideró que se trató de un caso de “trata dura”, pidió 13 años de prisión, y “que sirva la sentencia para que no haya más víctima como ellas”. El Tribunal lo condenó a once años.

Se podrían mencionar otros dos casos emblemáticos para la provincia. Uno es el de los tratantes José Cándido Manzanares y Dardo Campoamor, oriundos de Gualeguaychú. Tuvieron un primer juicio por captar a una menor a quien comerciaban sexualmente tanto en Gualeguaychú, como en otros lugares de la provincia y del país. Cayeron por la corazonada que tuvo un gendarme en el enlace Victoria-Rosario, donde los interceptó y notó circunstancias extrañas en el vehículo, cuando llevaban a la chica a explotarla a la provincia de Córdoba. En ese debate no solo surgieron testimonios que revelaron la perversidad de los acusados, sino también los nombres de más víctimas. Por esto, tuvieron una segunda causa y una nueva condena. En total, recibieron penas de diez años y seis meses de prisión; y seis años, respectivamente.

El otro es el caso de Carlos Montiel, quien había engañado a una joven en la provincia de Misiones y la llevó a Concordia, bajo la promesa de trabajar como niñera, pero luego la sometió al comercio sexual en el prostíbulo “El Desafío”, consignó el diario Uno. Lo inédito de esta causa fue que, durante el fin de semana posterior a los alegatos y pedido de condena del fiscal, previo al lunes de la sentencia, en octubre de 2012, Montiel llamó por teléfono a las juezas del Tribunal Noemí Berros y Lilia Carnero, y las amenazó de muerte. Esto le valió una denuncia, el juez federal de Paraná Leandro Ríos lo procesó por amenazas calificadas y recibió una nueva condena. Como había quedado libre, se profugó de la Justicia hasta que se entregó en 2014.

 

Juzgados y por juzgar

 

El Tribunal Oral Federal de Paraná lleva 27 sentencias por trata, de las cuales algunas también fueron por explotación laboral. También hubo algunos juicios que terminaron con absoluciones. Se trata de una de las jurisdicciones con más condenas en el país; incluso vale destacar que las provincias que superan a Entre Ríos tienen varios tribunales.

La última sentencia fue este año, cuando en un juicio abreviado Raúl Ceferino Padilla acordó cumplir cuatro años de prisión por su rol en los prostíbulos “Bunda Preta” y “Tu Lugar”, ubicados en Sauce Montrull y El Pingo, cerca de la capital provincial. La causa se había originado en procedimientos policiales en 2010. Los dueños de los locales fueron sentenciados en 2015, y había quedado pendiente la situación de Padilla, quien inicialmente recibió la falta de mérito, pero luego su acusación se revirtió y llegó a juicio este año.

Hay varias causas más que están pendientes de llegar a un debate oral y público, algunos de las cuales deberían ser este año, pero la emergencia sanitaria trastocó todos los calendarios. Entre ellas, el caso de un ex policía procesado por explotar sexualmente a su pareja.

En cuanto al Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, que funciona hace solo tres años, se informó que aún no han tenido juicios por el delito de trata. El primer caso es un expediente recientemente (el 9 de junio) que fue remitido al TOF desde el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

 

Dificultades para perseguir un delito de índole federal

 

La trata sexual no ha desaparecido en diez años con la sanción de la Ley y el cierre de los prostíbulos en Entre Ríos. Muchas de las causas que se han juzgado han sido por allanamientos a los locales que aún funcionaban donde se detectaron situaciones ilegales, por pedidos de auxilio o advertencias casuales del tráfico de mujeres, y otras por investigaciones tras alguna denuncia policial, judicial o llamados a la línea 145. No obstante, se advierte que esto último ha sido menor que las demás.

Una dificultad que se presenta es que no hay una estructura en las Fuerzas de Seguridad dedicadas a este delito. La Policía de Entre Ríos fue una de las primeras en la Argentina en tener una División Trata, específica para este delito. Sin embargo, según publicó el diario Uno, actualmente cuenta con escaso personal para que se pueda abocar a investigaciones de largo aliento, ya que necesariamente deberían destinar varios meses de averiguaciones, seguimientos, escuchas telefónicas y demás tareas. Encima, la Justicia y la Fiscalía los ocupa permanentemente para causas de violencia de género o localización de personas que se ausentan de sus hogares. Es decir, su rol se ha diluido en otros asuntos que no serían menos importantes, pero en los hechos se relega la persecución de quienes están explotando sexualmente a mujeres.

Ni hablar de las Fuerzas Federales como la Gendarmería o la Policía Federal, que no cuentan con áreas específicas e incluso aquellos grupos de investigación que tuvieron éxito en causas de narcotráfico, han sido desmembrados; esto, pese a que la trata es un delito federal, la esclavitud del Siglo XXI que no conoce de fronteras provinciales ni nacionales.