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Vicentin: nueva reunión de conciliación
La cerealera Vicentín representa un 8 % de las exportaciones argentinas.
Desde la Inspección General de Personas Jurídicas santafesina le explicaron a Télam que la figura apunta a que se sumen los privados y el Estado tenga una minería calificada.
El Gobierno santafesino avanza en la conformación del fideicomiso para darle una continuidad exitosa a la agroexportadora Vicentin bajo la premisa de "no estatizar la deuda sino conseguir aportes privados", a través de un plan que pretende llevarle lo más cerrado posible al juez del concurso a la nueva reunión de conciliación convocada para el próximo jueves.
"El fideicomiso apunta aque aparezcan los privados, el Estado probablemente ni siquiera tenga mayoría, tendrá una minoría calificada, lo que se busca no es estatizar la deuda sino conseguir aportes privados", dijo a Télam la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, María Victoria Stratta.
El plan tiene dos etapas: la primera consiste en la conformación de un fondo fiduciario para la cesión de acciones de la empresa, en el que los acreedores que lo deseen puedan capitalizar sus créditos en participación en el paquete accionario.
La segunda, explicó Stratta, consiste en, "con las acciones en la mano, salir a buscar recursos" para la operatoria de Vicentin.
En esa línea, la negociadora santafesina dijo que "más de uno está dispuesto, frente a un plan serio, a poner plata para poder seguir operando con la compañía y cobrar lo que se les debe, porque saben que de otro modo no van a cobrar".
Esas gestiones están, en parte, en manos del representante designado por el presidente Alberto Fernández, Gabriel Delgado, un profesional idóneo en todo lo que tiene que ver con el negocio agrario.
La titular de la IGPJ dijo que "no todos van a capitalizar sus créditos, el concurso va a seguir su rumbo y algunos no capitalizarán y se les hará una propuesta" de pago.
Vicentin entró en concurso de acreedores en marzo pasado y hasta el momento se presentaron créditos para su verificación por unos $100 mil millones, según el expediente.
El juez del concurso, Fabián Lorenzini, rechazó los planteos de intervención de la administración de la empresa y elevó las apelaciones a la Cámara de Reconquista.
Pero en el medio de los plazos judiciales, los directivos de la cerealera que representa un 8% de las exportaciones argentinas acordaron con el Gobierno y la provincia de Santa Fe la conformación de un fideicomiso para salvar a la empresa de la quiebra.