Apremios ilegales: la advertencia de la Sala Penal movilizó a las autoridades provinciales

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, adelantó que solicitará una audiencia a la Justicia y pedirá las actuaciones que motivaron la advertencia de los vocales de la Sala Penal para iniciar las actuaciones administrativas que correspondan. En tanto, desde la Defensoría Pública se indicó que la preocupación por los apremios ilegales es creciente, sobre todo desde el inicio de la cuarentena, publicó el diario Uno de Paraná.

“La Sala Nº 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, integrada por los vocales, presidente Miguel Giorgio, Daniel Carubia y la vocal Claudia Mizawak, resolvió hacer saber a la Procuración General de la Provincia la preocupación de dicho cuerpo sobre el incremento de casos de excesos en el accionar de la fuerza policial en distintos procedimientos, a fin de que adopte las medidas que estime pertinente”, sostiene el informe de prensa. Luego agrega: “La resolución fue adoptada luego de haber tomado conocimiento de excesos cometidos por integrantes de la Policía entrerriana al momento de su accionar en casos vinculados a hechos delictivos”.

Según las averiguaciones realizadas por el diario Uno, habría dos circunstancias que podrían haber motivado el inusual comunicado del máximo tribunal de la Provincia. Una es una reunión que sucedió hace alrededor de diez días en la que participaron integrantes de distintas instituciones en la que se abordó el problema de la violencia institucional.

Otra vía podría haber sido una audiencia realizada la semana pasada ante el Juzgado de Garantías N° 5, a cargo de Paola Firpo, en la cual la defensora oficial de un imputado denunció una situación grave de apremios por parte de los policías que lo detuvieron. Se aportaron fotografías e informes que acreditaban el accionar violento.

Una tercera opción podría ser el público encono que existe entre el presidente de la Sala Penal, Carubia, y el procurador general, Jorge Amílcar García, ya que la comunicación está dirigida hacia él y no a la Jefatura de Policía ni al Ministerio de Gobierno. Evidentemente es para instar a investigar cada declaración de un detenido y no hagan oídos sordos.

 

“Ha recrudecido”

 

La Defensoría General viene tratando de implementar un protocolo de actuación ante los casos de apremios ilegales que sufren los detenidos que representan en numerosas causas con la idea de tener un relevamiento estadístico que permita tener un panorama preciso de la violencia policial.

Fuentes de ese Ministerio público coincidieron al señalar que “últimamente ha recrudecido y mucho lo que está pegando la policía, principalmente desde el inicio de la pandemia”. Estiman que la mitad de los detenidos (por cualquier delito o una contravención) ingresan a la Alcaidía golpeados, destacó el diario Uno.

En los últimos meses no se han conocido denuncias públicas de organismos de Derechos Humanos ni de entidades de abogados sobre este tipo de violencia institucional, salvo el pedido de juicio a los policías acusados por el homicidio de Gabriel Gusmán.

 

Un problema que se presenta y ha generado reclamos de defensores a fiscales es la gran cantidad de causas por Resistencia a la autoridad. Piden a la Fiscalía que no crean a rajatabla lo que dice un policía sobre lo ocurrido en un procedimiento, sino que se observen las pruebas. La queja es que, cuando un policía dice que el detenido se resistió, no pocos fiscales lo dan por cierto enseguida; en cambio, si el detenido dice que lo molieron a palos, su palabra no tiene la misma relevancia. Consideran que una cosa es un forcejeo y otra cuando un policía resulta herido o un patrullero roto, y que incluso es difícil determinar quién empezó la riña.

Aquí se presenta un problema: casi todas las causas que tramita la Fiscalía son iniciadas, actuadas e investigadas por la Policía. Hasta la megacausa de los “contratos truchos” de la Legislatura empezó por un policía. Entonces, se le presenta un serio inconveniente al Ministerio Público Fiscal si no les cree a los policías. Por ello es que han designado una fiscal (Laura Cattáneo) para investigar exclusivamente las denuncias por apremios ilegales.

Por el contrario, en la Policía creen que la situación es al revés: que los fiscales tienen “cortitos” a los policías que golpean a detenidos y no les perdonan ni una, por ello se tramitan numerosas causas por apremios y vejaciones.

En la Defensoría sostienen que los apremios suceden más en las comisarías que durante una detención en la calle. Lo que piden es que al detener a una persona la trasladen directamente a la Alcaidía, y que allí mismo el personal de Antecedentes le tomen las huellas y fotografías para tener un mayor control del tiempo que permanece con los policías. Llevarlo a una comisaría es irregular.

 

Romero: “No se fomenta ni tolera ninguna clase de malos tratos”

 

Consultada sobre el comunicado de la Sala Penal del STJ sobre la violencia policial, la ministra de Gobierno y Justicia de la Provincia, Rosario Romero, dijo: “Si algún episodio del accionar de la Fuerza motivó este comunicado, vamos a tomar las medidas pertinentes de sanción o investigación. De ningún modo desde el Ministerio de Gobierno se tolera ni se fomenta ninguna clase de malos tratos, sino todo lo contrario, de acuerdo a lo que enseñamos en los institutos de capacitación, incluso está la materia de Derechos Humanos”.

“En todos los casos que tuvimos, hemos colaborado, ha procedido Asuntos Internos, nunca hemos tolerado ese tipo de procederes”, agregó la ministra.

Además, informó: “Pediré una audiencia y copia de las actuaciones que hayan motivado estas afirmaciones para proceder en la vía administrativa, si es que ya no se hubieran iniciado, porque todas las veces que ocurre una denuncia se instruye un sumario administrativo”.