.
Prorrogaron hasta octubre las preventivas a los integrantes de una banda dedicada al narcomenudeo
El juez a cargo del Juzgado de Transición y Garantías N° 1, Tobías Podestá, dictó el viernes pasado para los imputados de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de más de tres personas, la continuidad de la prisión preventiva.
De las personas imputadas, diez seguirán cumpliendo prisión preventiva en unidades carcelarias, mientras que otros seis lo harán bajo la modalidad domiciliaria. Los vencimientos de las prórrogas operan ahora entre el 31 de agosto y hasta el 23 de octubre.
De los 18 imputados en total, hay dos en libertad con medidas inhibitorias vencidas. A uno de ellos, no se le pudo tomar declaración por no comprender los actos procesales. Independientemente de ello, se iniciaron además dos causas: una por lesiones a un testigo (por parte de terceras personas) y otra por amenazas a familiares de testigos.
La decisión del juez Podestá se tomó al dar seguimiento a la causa que se inició en Gualeguaychú a fin de abril y que derivó en allanamientos que se ordenaron en junio y julio tras una investigación que se seguía por la venta de drogas al menudeo en la zona Norte de la ciudad.
La decisión del juez alcanza a su vez a un policía que prestó servicio en las División de Toxicología y de Investigaciones, y que fue trasladado a la Comisaría de la localidad de Carbó y está imputado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
Al resto de los imputados, se los acusó de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de más de tres personas, de acuerdo a los Artículos 5° y 11 de la Ley N° 23.737.
La fiscal Martina Cedrés, que lleva adelante la Investigación Penal Preparatoria, había solicitado al Juzgado de Garantías Nº 1 una orden de allanamiento y requisa domiciliaria en los barrios San Isidro, Quijano y La Cuchilla; la que fue dispuesta por el juez Podestá el 5 de julio pasado,
En ese procedimiento se logró la detención de la mayoría de las personas, se secuestraron armas de fuego y municiones de distinto calibre, teléfonos celulares, computadoras, elementos de corte y armado y envoltorios para comercialización, además de marihuana y cogollos.
Los operativos
Los allanamientos de principio de junio, permitieron desbaratar una red de venta de drogas al menudeo que lideraban los hermanos Matías y Gustavo Torres, especialmente en la zona Norte de Gualeguaychú.
En ese entonces, la fiscal Martina Cedrés inició una cruzada sin cuartel contra el narcomenudeo (Ley N° 10566) que puso en jaque a una organización que operaba desde hacía años en la zona Norte, pero también tenía ramificaciones en otros barrios como San Isidro, Quijano y La Cuchilla.
Como resultado preliminar de esos allanamientos se logró la detención de varias personas, entre 18 y 68 años, además de otras treinta personas que fueron trasladadas para su identificación y quedaron sujetas a la evolución de la causa.
Para estos procedimientos se movilizaron aproximadamente cien efectivos pertenecientes a la Gendarmería Nacional como a la Policía de Entre Ríos (Guardias Especiales y Toxicología de la Departamental Islas del Ibicuy, Rosario del Tala, Gualeguay y Concepción del Uruguay) y en total se realizaron nueve allanamientos. Los detenidos quedaron a disposición de la fiscal que lleva a delante la investigación.
En las jornadas siguientes, se realizó otro allanamiento en el barrio Quijano, donde se produjo la detención por parte de la División Toxicología Gualeguaychú, de uno de los prófugos en esta causa impulsada por la fiscal Cedrés.
Se trata de una persona de 21 años, que poseía pedido de captura ya que forma parte de la banda recientemente desbaratada. Para los investigadores, los allanamientos tuvieron como principal objetivo aprehender a estas personas. Entre los detenidos se encuentra un policía que estuvo prestando servicio durante un año en la División de Toxicología y más tarde en la de Investigaciones; y se cree que su vinculación es de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Es oportuno con contextualizar que primero Matías Torres –uno de los cabecillas de la banda-, había quedado detenido a principio de junio cuando se realizaron los allanamientos en la zona Norte.
Al poco tiempo se entregó Gustavo Torres, quien se sabía estaba cercado gracias a los datos aportados por los primeros detenidos. Y en las siguientes jornadas se obtuvieron más datos precisos que permitieron que una comisión policial de la División Investigaciones realice un procedimiento en calles Perito Moreno y San José, donde se detuvo a otro de los involucrados: un hombre de 36 años.
De esta manera, se completaron las 18 detenciones (diez a principio de junio y ocho durante julio); todas vinculadas con esta red de comercialización de estupefacientes y de los cuales diez seguirán cumpliendo prisión preventiva en unidades carcelarias, mientras que otros seis lo harán bajo la modalidad domiciliaria y hay otra persona a la que se no le pudo tomar declaración por no comprender los actos procesales
Los hermanos Torres están detenidos en la Comisaría del Menor y la Familia, por razones sanitarias al presentar justificativo médico que así ameritaron esa medida; mientras que el policía detenido se encuentra en dependencias de la Comisaría de Estación Carbó.
Esta Investigación Penal Preparatoria (IPP) que lleva adelante la fiscal Martina Cedrés es una de las más importantes, por su volumen y la cantidad de personas detenidas, vinculada con la historia de la lucha contra el narcomenudeo en la jurisdicción.
La “caída” de los hermanos Torres –de aceitados vínculos con policías e incluso otras autoridades del ámbito provincial- ha puesto nervioso a muchas personas, para dimensionar el golpe que implicó desbaratar esta industria ilícita de venta de estupefacientes en menor escala.