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Elevaron a juicio causa por presunto peculado que tiene como principal acusado a Mazurier
Luis Alberto Mazurier finalmente irá a juicio luego de diez años de haberse iniciado la Investigación Penal Preparatoria por supuestos hechos de corrupción. En un caso ya quedó impune por el paso del tiempo que lo benefició con la prescripción.
El juez de Garantías Darío Mautone resolvió el miércoles pasado, “tener por cumplimentada la audiencia de remisión a juicio” y “remitir las actuaciones al Tribunal de Juicio, mediante auto fundado, a fin de que se celebre la audiencia de debate correspondiente” en la causa caratulada “Mazurier, Luis Alberto y otros s/Peculado”, de acuerdo al Legajo número 6.338/10.
Traducido a lenguaje sencillo, quiere decir que la Justicia acaba de decidir, diez años después de la denuncia inicial, que Luis Mazurier y los demás imputados afronten la instancia del juicio oral y público, frente a un Tribunal que dictaminará acerca de su inocencia o culpabilidad y eventuales penas si correspondieren. Ha concluido la Investigación Penal Preparatoria (IPP), lo mismo que la instancia de remisión a juicio, y el paso siguiente, en fecha a determinar, será lisa y llanamente el juzgamiento, informó el portal El Entre Ríos.
Es tanto el tiempo transcurrido, que pocos recuerdan de qué se trata.
A Mazurier, director del Diario El Sol de Concordia y ex presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), nombrado en ese cargo por el entonces gobernador Jorge Pedro Busti y quien era su ministro de Gobierno, Sergio Daniel Urribarri, se le atribuye la autoría de cinco hechos de corrupción en los que habría incurrido en peculado en concurso real con administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública, más un sexto donde el delito sería el de incumplimiento de las obligaciones de funcionario público.
En concreto, se lo acusa por la sustracción de fondos recaudados por la explotación del camping La Tortuga Alegre, las Termas del Ayuí y el Camping Las Palmeras, y de haber “omitido recibir la administración del Hotel Ayuí con la finalidad de apoderarse de manera ilegítima de los montos percibidos por su explotación comercial”.
Dicho de otro modo, la Fiscalía cree tener probado que Mazurier se apoderó tanto del Hotel Ayuí como de los fondos públicos que recaudaba la Codesal, organismo que cobraba “en negro” las entradas a sus instalaciones, sin emitir facturas ni contar siquiera con CUIT de inscripción ante la AFIP.
La instancia del debate permitirá que la acusación y la defensa presenten pruebas y declaren los testigos de parte. En la lista de quienes serán citados, a pedido de la defensa de Luis Mazurier, figuran dos ex gobernadores: Jorge Pedro Busti y Sergio Urribarri.
Además de Mazurier, están imputados Cintia del Rosario Mengeon, Teresita Itatí Bordón, María Florencia Lauría y Alberto Jesús Villanueva.
Tras diez años de historia, la causa acumula casi 200 voluminosos documentos, de varias hojas cada uno, un indicador de cuántos fueron los obstáculos que debieron sortearse para llegar finalmente a la instancia del juicio oral y público.
Los primeros pasos de la investigación estuvieron a cargo de Aníbal Lafourcade, en tiempos en que se desempeñó como Fiscal, y cuando la Justicia recién estrenaba el sistema acusatorio. Más tarde, una vez que Lafourcade fue nombrado juez, tomó la posta José Emiliano Arias.
Uno de los últimos intentos de la defensa de Mazurier por postergar la elevación a juicio consistió en plantear la “incompetencia” de la Justicia provincial y, en consecuencia, el traspaso de las actuaciones al fuero federal. Es decir, se pretendió dejar fuera de juego al Poder Judicial de Entre Ríos cuando llevaba diez años investigando el caso, petición que el juez de Garantías, Darío Mautone, rechazó de plano.
También en la audiencia del miércoles pasado hubo nuevos intentos de “patear la pelota hacia adelante”. Por ejemplo, el defensor de Mazurier, el abogado Osvaldo Sarli, pidió “la realización de pruebas contables, informáticas y técnicas”. Mautone no hizo lugar, por entender que la solicitud tenía “carácter dilatorio”.
La única buena noticia del día para Mazurier es que el magistrado consideró prescripto uno de los delitos que le atribuyó Fiscalía, el “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por no haber inscripto ante la AFIP a la Codesal; por lo cual ese hecho quedó impune.