Un relato que atrasa dos siglos

Bajo el pretexto de hechos ocurridos en 1800, el Presidente justifica una decisión unitaria y de absoluta discrecionalidad política.

 

Por Hernán Reyes

 

El Presidente de la Nación se desdijo de las ideas que alguna vez defendió y, en una de las acciones más unitarias de nuestra historia reciente, se olvidó de la pandemia y la gravedad de la situación que estamos atravesando, para priorizar la construcción de un relato que atrasa dos siglos. Dio marcha atrás con todas las consignas que, se supone, sostenía y volvió a apoyarse en los peores recursos discursivos: el odio, el resentimiento y la división.

Y no sólo eso, sino que es más canallesco todavía: no es cierto que el Presidente le quite recursos a la Ciudad para atender el reclamo salarial legítimo de la Policía Bonaerense, sino que aprovecha y utiliza el reclamo como excusa para para hacer lo que siempre quiso, que es recortarle los recursos a la Ciudad de Buenos Aires. Desde que asumió venía amenazando y esperando el momento para hacerlo.

No nos engañemos: es una acción contraria a la buena fe política, pero también es una medida inconstitucional. La Ciudad se encuentra en un proceso de consolidación de su autonomía, a partir de los años noventa y la reforma constitucional de 1994, al igual que la provincia de Tierra del Fuego. Esta autonomía fue producto de un consenso político que se consolidó en 1996, pero que fuera producto de nuestra larga historia.

La Constitución Nacional mandó a hacer una ley especial, una ley-acuerdo de coparticipación federal que incluye a todas las nuevas provincias y la Ciudad Autónoma, pero ese acuerdo nunca se logró y la ley no se sancionó. Con la situación no resuelta, la Ciudad se vio obligada a asumir nuevas competencias desde 1996, por su nuevo estatus, proceso que fue acompañado con nuevas asignaciones de recursos en concepto de coparticipación hasta que se sancionara la ley-acuerdo.

Así, se realizó la transferencia de la administración del subterráneo, la consolidación de una única policía metropolitana, la transferencia de la Justicia de competencia ordinaria, y la transferencia de la Inspección General de Justicia. Pero asumir dichas competencias supone transferir gastos que antes asumía el Estado nacional y ahora debería afrontar la Ciudad de Buenos Aires. Previendo esta posibilidad y con inteligencia, la Constitución estableció que una transferencia de competencias debe ser acompañada siempre con sus correspondientes recursos.

Así llegamos a 2016. Con Cambiemos gobernando la Nación, se acordó el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, cumpliendo con un reclamo histórico que tenía la Ciudad desde su autonomía. Además, se asignó un aumento del coeficiente de coparticipación en compensación por la transferencia de las competencias de seguridad pública. Ello basado en las cláusulas de nuestra Constitución, que en realidad es un reaseguro federal para evitar que el gobierno nacional de turno pueda comprometer la solvencia fiscal de provincias con las que no comulgue políticamente. Exactamente lo que sucedió en la noche del 9 de septiembre.

Sin embargo, la decisión del Presidente, más la baja de la coparticipación debido a la menor recaudación representaría una reducción del 9% del presupuesto de la Ciudad, lo que compromete la solvencia de nuestras cuentas, que llevan décadas en orden, y también pone en riesgo los esfuerzos que estamos realizando en el marco de la pandemia.

La actual administración con Rodríguez Larreta se enfocó en garantizar un uso eficiente de los recursos y asegurar su máximo aprovechamiento, logrando tener un presupuesto ordenado y con capacidad de respuesta ante la caída de la recaudación a causa de la pandemia. Esto basado en una visión del Estado que no dispone exclusivamente de la transferencia de recursos como política pública, sino que dispone de una gestión eficiente y que acompaña a la ciudadanía en su desarrollo.

Pero acá no me preocupa hablar exclusivamente de la decisión misma, sino de la aberrante forma de construir el discurso justificador. Un discurso que separa a la Ciudad de Buenos Aires del Área Metropolitana que integra y con la que convive. Un discurso que desconoce la solidaridad presupuestaria que asumió siempre esta Ciudad respecto de las necesidades de todos los habitantes y visitantes. Bajo el pretexto de hechos ocurridos en 1800, se justifica una decisión unitaria y de absoluta discrecionalidad política.

Alimentar un discurso de división territorial y de la sociedad en base a nacer o vivir de un lado u otro de una autopista, es contrariar la constitución de la unidad nacional, razón fundante de nuestra Constitución y expresada en nuestro preámbulo. Unidad que se encuentra seriamente amenazada por el miedo que lógicamente una pandemia genera y, además, la comunicación oficial exacerba. Esa construcción de fronteras es contraria a nuestra historia como Nación y a las convicciones que tiene el espacio político al que pertenezco, y también a las que caracterizan a los porteños.

Ante ello, nosotros como oficialismo en la Ciudad y oposición en la Nación, ofrecemos volver al sendero institucional y del derecho. Las acciones que se tomen contra la decisión serán por las vías institucionales y en reclamo del respeto de nuestras bases constitucionales. Y en lo político multiplicaremos los esfuerzos para la unidad y la solidaridad que siempre nos caracterizó como fuerza política y como Ciudad de Buenos Aires.

Tenemos el deber de traer racionalidad ante la irracionalidad, un deber moral pensando exclusivamente en el bienestar de la Nación. La distribución de la coparticipación es injusta, no hay dudas, en especial con la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. Para alcanzar un acuerdo más justo cumplamos de una vez con la manda de firmar un acuerdo-ley de coparticipación que defina los parámetros del desarrollo que queremos asegurar en todas las provincias y la transparencia en el destino de dichos recursos.

Aún en estos contextos de oscuridad, aún frente a la falta de respeto al diálogo y el consenso necesario, y frente a las necesidades de todos los habitantes del AMBA que necesitan de los recursos de nuestra Ciudad, no vamos a dejar de ser solidarios. No van a cambiar nuestra génesis y seguiremos profundizando puentes y canales con todos los argentinos para garantizar la unidad y el desarrollo nacional.

 

El autor es legislador porteño por la Coalición Cívica ARI, bloque Vamos Juntos.