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Juicios a Urribarri: Ríos, Barbirotto y Garzón deberán resolver las recusaciones a dos jueces
En la Justicia se discuten sobre la unificación de los juicios contra Urribarri y sobre los jueces que deben intervienen en los planteos.
Finalmente, el miércoles pasado se dio un paso para que se resuelva un enredo judicial que provocó un planteo de recusación contra dos jueces, interpuesto por un empresario imputado en una causa junto al exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri.
Germán Buffa, empresario acusado por el supuesto delito de negociaciones incompatibles en la función pública, en carácter de partícipe primario, recusó a los jueces José María Chemez y María Carolina Castagno, quienes junto a Elvio Garzón, conforman el tribunal que juzgarán a Urribarri tras la unificación de todas las causas penales en su contra. La decisión la tomaron hace un poco más de un mes, el 12 de agosto.
El planteo de Buffa fue porque ambos magistrados habían tenido una intervención en la causa en la que está acusado junto al exmandatario y el ministro de Comunicación de Cultura, Pedro Báez. Para resolver ese planteo fueron designados por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), Pablo Alejandro Barbirotto, juez penal de Niños y Adolescentes; y Carlos Ríos, juez de Transición suplente.
Estos, a su vez, se inhibieron de intervenir, pero sus argumentos fueron rechazados hoy por el Tribunal integrado por Elvio Garzón, Rubén Chaia y Mariano Martínez. El primero es parte del Tribunal original, que no fue recusado por ningún abogado defensor, informó el portal Entre Ríos Ahora.
El enredo judicial que generó el planteo de Buffa sólo sirvió para que se conociera públicamente que los magistrados y algunos imputados comparten ciertos círculos de la vida social. Barbirotto, por ejemplo, aseveró tener una relación de «amistad manifiesta» con Mauro Urribarri, hijo del exgobernador, pero no dio detalles para sostener esa aseveración.
En tanto, Ríos habló de una amistad con Gustavo Javier Tórtul, excoordinador contable de la Unidad Operativa Mercosur, imputado en la mega causa de “El Sueño Entrerriano”. Contó en su escrito de inhibición que son compañeros de fútbol del Club Atlético Paraná, en equipos de fútbol del Club Interprofesional de esta ciudad (Abogados A y Contadores S) y de una agrupación de fútbol amateur de esta ciudad.
También planteó su apartamiento puesto que interviene en una causa por presunta estafa que entablaron Luis Miguel Etchevehere y Buffa, representante de la nueva mayoría accionaria en el matutino paranaense El Diario.
Esos argumentos fueron rechazados por los jueces Chaia, Martínez y Garzón, ya que los consideraron insuficientes para probar una amistad manifiesta con los imputados.
Así las cosas, ahora los jueces Garzón, Barbirotto y Ríos deberán analizar la cuestión principal de este enredo judicial: la recusación del empresario Buffa contra Chemez y Castagno.
Al hacer su descargo en contra de dicha recusación, Castagno y Chemez afirmaron que el 12 de agosto se conformó la nueva integración del Tribunal de Juicio y el abogado de Buffa, José Raúl Velázquez, fue notificado ese mismo día a las 12:44, por el mismo medio por el cual fue presentada la recusación -notificación electrónica de mesa virtual; y la recusación deducida por el letrado fue presentada “mediante mesa virtual el día 19 a las 12:44 hs”. Para los jueces, el término perentorio de 24 horas que tenía el recusante para interponer el planteo se venció, publicó el portal Entre Ríos Ahora.
Asimismo, sostuvieron que, debido a la acumulación de los tres expedientes judiciales, sus intervenciones en la causa contra Buffa, Urribarri y Báez “no configura ni precipita en la causal de recusación invocada ni en ninguna otra”.
Cabe recordar que Urribarri zafó del segundo juicio en una causa por corrupción, que debía comenzar el 18 de agosto en el marco de la megacausa del Sueño Entrerriano, que sumó tres investigaciones judiciales en una.
La piedra de toque que derivó en el aplazamiento del proceso a Urribarri -el segundo que se suspende este año- fue a propósito de un planteo de los defensores, que argumentaron riesgos sanitarios por la pandemia de coronavirus y la imposibilidad de llevar adelante un proceso que involucra a personas con factores de riesgo.