Juicio abreviado a José Allende: el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves 22

Se desarrolló ayer la audiencia de juicio abreviado en donde el Ministerio Público Fiscal logró exponer las pruebas que condenan al ex diputado provincial y secretario general de UPCN, José Ángel Allende, por haberse enriquecido ilícitamente y haber cometido el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

 

Además, se expusieron los pormenores de las amenazas por las que Allende también fue acusado, tanto al periodista Martín Carboni como a la ministra de Salud de la provincia Sonia Velázquez, que estuvo presente en la audiencia.

Carboni estuvo representado por el abogado Rubén Pagliotto y Velázquez fue representada por María Fernanda Vázquez Pinasco, quien se manifestó crítica con la decisión de que sea incluido en este juicio abreviado lo referido a las amenazas en contra de la titular de la cartera sanitaria.

“Entendemos que con los elementos probatorios que obran en el expediente del Juzgado de Transición y las evidencias recolectadas en el marco de los legajos de UFI, a las que las partes le hemos acordado valor probatorio, ha logrado acreditarse en grado de certeza los hechos imputados al encartado, como su participación en los mismos”, aseguraron los fiscales Laura Cattaneo, Álvaro Piérola y Leandro Dato.

El tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa dispusieron un cuarto intermedio hasta el jueves 22 de octubre para deliberar respecto a una serie de planteos que los jueces le hicieron al Ministerio Público Fiscal (MPF). Los magistrados plantearon inquietudes respecto a pormenores del acuerdo entre la defensa de Allende y los fiscales.

Entre otros planteos, los magistrados interrogaron a los fiscales respecto al corte realizado por los investigadores (se investigó hasta 2016), al modo de valuar la multa de tres millones de pesos solicitada por los representantes del MPF y otras cuestiones vinculadas a la unificación de todos los expedientes que involucran al ex diputado provincial como acusado, publicó el sitio digital Análisis.

La audiencia en la que los magistrados comunicarán su resolución respecto al juicio abreviado será el jueves 22 a partir de las 8:30. Los jueces podrán homologar el acuerdo o suspenderlo y disponer que se resuelvan las acusaciones bajo la modalidad tradicional y/o por separado cada expediente.

 

Una extensa audiencia

 

Cattaneo fue detallando todas las pruebas que daban muestra del crecimiento injustificado del patrimonio del exdiputado provincial y actual titular de UPCN, exponiendo los resultados de las pericias contables realizadas que dan muestra del ilícito en el período 1999-2016. “En todos los años, el señor Allende invirtió más de lo que correspondían sus ahorros”, aseveró la fiscal.

En este marco, se puntualiza en dos hechos concretos. El primero, el de enriquecimiento ilícito, según los fiscales ocurrió “durante su desempeño como funcionario público del Estado provincial (diputado) desde el 10 de diciembre del 1999 hasta diciembre de 2016 (17 años), José Ángel Allende incrementó desproporcionadamente su patrimonio, utilizando para ello la intervención como interpósitas personas de Adriana Guadalupe Satler, Diana María Cristina Traverso, Julio Alejandro Allende, Victoria Allende y Carolina Allende y de la Persona Jurídica de UPCN. Ello ocurrió a partir de la adquisición de bienes inmuebles, embarcaciones, automotores, inversiones en plazo fijo y participación en sociedades por montos que no se justificaron en el ahorro disponible para inversión en un total de 4.983.146,14 pesos, lo que dolarizado equivale a la suma de 1.069.841,19”.

Y un segundo hecho, de negociaciones incompatibles con la función pública, “durante su mandato de diputado de la provincia, se interesó en forma directa, interviniendo en los respectivos trámites administrativos, en el otorgamiento de subsidios no reintegrables por parte del órgano legislativo que integró, en favor de la fundación Esperanza, entidad que conformó como presidente y secretario desde el 16 de noviembre del 2004 y que también fue dirigida por los coimputados Adriana Satler, en su carácter de presidente y Victoria Allende en su carácter de tesorera desde el 20 de octubre del 2007. Así, obtuvo que dicha fundación recibiera tales ayudas económicas por la suma total de 1.358.617,98 pesos desde enero del 2008 hasta diciembre del 2011”.

 

Las pruebas

 

Como principales pruebas, los fiscales expusieron documental reservada y un informe técnico pericial contable realizado por el contador Héctor Enrique, integrante del equipo pericial contable del MPF. Entre otras pruebas, forma parte del expediente la investigación periodística de la Revista Análisis fechada el 19 de abril del 2012 en donde se denunciaron los hechos y logró que se abriera una investigación para corroborar lo expuesto por este medio.

La causa contó con una profusa carga probatoria que incluyó diversos informes tendientes a comprobar la magnitud de su enriquecimiento e incluso se utilizó prueba que el propio Allende ofreció ante su presentación espontánea ante la Justicia. Es decir, el aporte del propio Allende colaboró para su incriminación.

Cattaneo expuso el listado de algunas de propiedades con las que contaba la familia Allende: un yate nombrado Guadalupe (cuyo valor es de 49.500 dólares, siempre valor a dólar de septiembre de 2018); inmuebles en Nogoyá y dos terrenos contiguos con mejoras que implican un valor total $21.323.890 pesos equivalente a 559.682,15 dólares; inmuebles en tres terrenos contiguos ubicados en Quebracho, Departamento Paraná, en un valor $39.686.446 pesos (equivalente a 1.041.639 dólares); y un inmueble en la Isla Puente de Paraná valuado en 6.578.893 pesos (equivalente a 172.674,36 dólares).

 

Pedido de pena

 

En lo que hace a la pena, Cattaneo expresó que se fijó una multa por encima del monto legal que equivale a un 60 por ciento del enriquecimiento ilícito probado: “Solicitamos que se imponga por los delitos de enriquecimiento, negociaciones, coacciones, amenazas en el marco de violencia de género, Todos en concurso real, la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional más una multa de tres millones de pesos e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos”.

También se acordó el decomiso en favor del Estado de los efectos del delito cometido que recae sobre el patrimonio injustificado. Se determinó el decomiso de dos bienes inmuebles (el de calle Laprida y la propiedad ubicada en el Parque Urquiza de Paraná sobre calle Castelli). El monto de los decomisos supera el valor del enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado. El edificio del Parque Urquiza será destinado al Consejo de la Magistratura, mientras que la propiedad de calle Laprida será destinada a ser sede de la Unidad Fiscal de Violencia de Género.

 

Testimonio de las víctimas

 

El tribunal permitió a las víctimas de Allende que se expresen en el marco de la audiencia oral y pública. Así lo realizó la ministra Velázquez y ratificó su oposición a que su causa sea unificada con otras causas que llegaron a este juicio abreviado y puntualizó en las “naturalezas penales distintas” y que son “inconexas” unas con otras.

“No corresponde un acto de Justicia para quien les habla en calidad de víctima, como mujer y tampoco para el interés social de un delito de género”, agregó la ministra.

A poco de cumplirse dos años de la denuncia de Velázquez, aseguró que “la misma tuvo como objetivo poner fin a una serie de amenazas que comenzaron un año antes de haber podido tomar el coraje y la valentía de poner fin a esta situación de violencia”.

En esa línea, aclaró que no busca el “punitivismo patriarcal” sino que una causa de violencia de género “no quede invisibilizada por el sistema”, finalizó.