La espiral de violencia no cesa en el barrio Munilla y el conflicto social escala a través del Código Penal

El conflicto entre familias del Barrio Munilla en vez de haberse disipado, sigue escalando en su violencia. El recrudecimiento del conflicto entre vecinos, obligó a la intervención policial aproximadamente a las 20 del miércoles.

 

Dicho conflicto derivó en denuncias recíprocas de las partes, que fueron recibidas en diferentes dependencias policiales. Así, la necesaria actuación policial en el lugar tuvo como resultado la agresión al subjefe de la Comisaría Segunda, quien presentó lesiones de consideración en la cabeza.

La actuación de la Fiscalía en turno fue inmediata, disponiendo la identificación de las personas partícipes en los disturbios y en la agresión; pedido que el juez de Garantías y Transición N° 1, Tobías Podestá, autorizó para proceder a los allanamientos y registros domiciliarios para tres viviendas del barrio.

Finalmente, los procedimientos resultaron con la detención de diez personas mayores de edad y el secuestro de elementos contundentes utilizados en las agresiones y que son de interés para la causa judicial.

 

Conflicto sin fin

 

A fines de septiembre el conflicto familiar derivó en verdaderas puebladas, donde los adultos mayores expusieron en la primera línea de las agresiones a sus hijos menores de edad.

Se trata de un conflicto entre varias familias del Munilla (en inmediaciones de calles Buenos Aires y Concordia) cuyo origen se ha perdido en la transmisión generacional, pero que retorna cada tanto tiempo para generar situaciones de protestas sociales que requieren de la presencia policial, de la actuación de la Fiscalía e incluso llega a instancia de jueces penales.

En diálogo con EL ARGENTINO, el jefe de la Departamental de Policía, comisario mayor Cristian Alejandro Hormachea, a fines de septiembre contextualizó este conflicto tomando los incidentes de las últimas jornadas, y aclaró que las diferencias entre las familias tienen varias décadas.

“Lejos de contener esa violencia, ambos lados animaron la pelea y así se fueron sumando otras personas hasta que se generó una gresca casi generalizada, que incluyeron piedrazos, golpes con palos y botellas de ambos lados”, refirió Hormachea para dar cuenta también que esa situación son una constante en el vecindario.

Los incidentes de septiembre se agigantaron cuando en “ese tumulto, un nene de diez años terminó herido en el antebrazo izquierdo, a raíz de una herida cortante, seguramente como consecuencia de un botellazo”, se indicó desde la Policía.

La espiral de violencia crece hasta el punto que un grupo de vecinos incendiaron cubiertas, interrumpieron el tránsito y constantemente amenazan con “realizar una pueblada”.

Los vecinos se acusan mutuamente de estar vinculados con la venta de drogas a menor escala (narcomenudeo), o la de prestar las viviendas para ser utilizadas como “aguantadero” de otros delincuentes y así tener un lugar donde esconder “las cosas robadas”.

Los vecinos que están en conflicto además se sienten más animados a la exposición por la cobertura mediática que han tenido y a través de las redes sociales se juramentan venganzas o “revanchas” entre unos y otros.

Si bien se trata de un conflicto que desde la superficie amerita la intervención de la Policía y de la Fiscalía; desde la profundidad necesita del aporte de los técnicos y operadores de áreas más específicas en materia de prevención y contención como el Consejo Provincial del Niño, Adolescente y Familia (Copnaf), el área Municipal de Salud, Niñez, Adolescencia y Familia e incluso las defensorías pupilares del Ministerio Público de la Defensa –junto a otros organismos públicos-. Todos ellos deberían abrir una mesa de diálogo que permita contener esta situación. Esa mesa todavía no ha sido habilitada por los funcionarios en su conjunto, como si cada uno estuviera más cómodo operando cada uno por su cuenta.

El tiempo sigue transcurriendo. Y en el mientras tanto urge que este conflicto no siga escalando, porque –como anillos concéntricos- comienza a involucrar a terceros vecinos que, por el momento, viven estas agresiones desde la distancia porque son ajenos; pero si la espiral sigue creciendo quedarán inmersos en medio de una pelea ajena a sus vidas.

Además –de esto deberían tomar nota las autoridades- los menores no pueden seguir expuestos por los adultos responsables y ser colocados en la primera línea de una batalla campal, donde se arrojan botellas de vidrios, piedrazos, palos y otros elementos contundentes. Un niño ya fue lesionado por estas actitudes, ¿qué más se espera para intervenir con otra contundencia?

 

Antecedentes

 

No hay violencia ni agresiones espontáneas, salvo por desequilibrios mentales.

Lo que se vive en el Barrio Munilla es una consecuencia de una zona que es tierra de nadie; es decir, un territorio ganado por la delincuencia que incluso ha corrido al propio Estado como garante de la paz social.

En octubre de 2015 se conoció la lectura de la sentencia por la cual se condenó a un año de prisión efectiva a Jonathan y Oscar Petizco; pena que también recayó sobre Leticia Núñez. En tanto para Daiana -hermana de los dos condenados- se le impuso un año de prisión de cumplimiento condicional y dos años de tareas comunitarias.

Se trató del juicio que abordó la muerte en riña de Gonzalo Acevedo, ocurrido en la madrugada el 25 de octubre de 2014 en calle Tala y Chalup, y por el cual fueron sometidos a juicio cinco integrantes de la familia Petizco y la vecina Leticia “Pechocha” Núñez, todos domiciliados en el barrio Munilla.

Un ejemplo de la violencia que viene desde lejos. En este juicio, la jueza Alicia Vivian (Tribunal unipersonal) dejó en claro que no se pudo probar durante la investigación y en las declaraciones de los testigos, “el autor de la muerte de Acevedo causada por las lesiones” provocadas durante la riña.

También dijo la jueza que no se pudo probar la participación en el homicidio de Juan Carlos Petizco (padre de los cuatro hermanos de la misma familia imputados) y de su hijo Carlos Javier quienes fueron absueltos de culpa y cargo.

Respecto de los demás integrantes de la familia (Jonathan, Héctor Oscar, Daiana y la vecina Leticia Núñez), se pudo probar la participación en el hecho, pero no quién de estas cuatro personas fue la responsable de infringirle la herida corto punzante que le causó la muerte a Gonzalo Acevedo.

Lo único para la jueza Vivian que se pudo determinar fue la participación de estas cuatro personas procesadas en la riña como autores responsables de haberla iniciado.

Con respecto a la condena, la jueza determinó en su fallo la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo para Jonathan y Héctor Oscar Petizco; además de recaerle la pena de prisión en cumplimiento efectivo de un año a Leticia Núñez, dos años de tareas comunitarias a favor del Estado sin remuneración y abstenerse a tomar bebidas alcohólicas. Por otro lado, Daiana, fue condenada a un año de prisión en suspenso.

Al finalizar la lectura de la sentencia, la jueza Vivian mencionó que fue “un caso muy complejo de resolver” e hizo un llamado a la reflexión a los abogados, “por la falta de respeto que se dio entre las partes” durante el trascurso de las audiencias.

Esa sentencia no cayó bien entre los familiares de Gonzalo Acevedo, quienes se fueron decepcionados por el servicio de Justicia, llorando la pena por la muerte de un ser querido y con la clara sensación de haber estado en instancia complejas como un juicio “para esto”.

Valga señalar –a manera de muestra- las ausencias de varios organismos del Estado y de la indulgencia de otros, para entender por qué hoy el barrio Munilla sigue embargado en la violencia.