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Disputa entre socios y directivos de la cooperativa “Unidos por una Vivienda”: las dos voces
Un grupo de 100 familias reclamaron que, a pesar de que adquirieron un terreno hace seis años, no pueden acceder a construir sus viviendas en el lugar debido a que el municipio solo contempla “construcciones para el desarrollo industrial” en la zona (calles Las Tropas y La Calandria).
Los vecinos incluso denunciaron que las autoridades de la cooperativa en la que están nucleados (Unidos por una Vivienda) no les dan respuestas y exigen la inmediata renuncia de sus funcionarios.
Del otro lado, el Consejo Directivo expresó que la única solución para que los socios puedan acceder a su vivienda es adquiriendo otro terreno, alternativa que apoyó el municipio.
Los hechos
según los socios
En el año 2014 el grupo de familias compró la chacra “El Cristo”, ubicada en calles Las Tropas y La Calandria, con el objetivo de acceder a la vivienda propia.
Durante el cambio de gobierno a nivel nacional en el año 2015, el plan nacional por medio del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), que estaba destinado a la construcción de viviendas rurales para terrenos ubicados fuera del ejido urbano, a través del cual los vecinos iban a construir, dejó de existir.
"Los que hacemos el reclamo somos 100 familias de las 430 que conforman la cooperativa", mencionó el grupo de “100 socios del cristo”, como se hacen llamar.
El agravante de la situación, según ellos, fue que en enero del corriente año, el municipio planteó una propuesta en la que se establecía que los propietarios debían donar su chacra de 6 hectáreas al municipio para la creación de un “Polo Cooperativo”. A cambio, los socios debían efectuar la compra de otra chacra ubicada en calle Maestra Piaggio y casi Boulevard de María, de 2 hectáreas, para la cual se debía pagar una diferencia de unos 347.624,31 pesos. “El supuesto beneficio era el de acceder a un terreno con servicios, pero no era así, ya que luego de un tiempo, en plena pandemia, en una de las reuniones con empleados de la Secretaría de Hábitat y Planeamiento Municipal nos dijeron que la municipalidad no contaba con los fondos para llevar los servicios, salvo que las 100 familias pagáramos por lo menos el 25 por ciento del total del valor del terreno”, informaron. “Esto quedó en la nada porque nos opusimos, pero la presidenta de la cooperativa -Romina Tagniani, quien asumió en el año 2019- quería firmar a toda costa con las tesoreras y secretarias”.
Los vecinos especificaron: "Entendiendo que estamos fuera del ejido urbano, comprendemos que debemos hacer frente a gastos de manera individual sobre los costos de los servicios y demás", y agregaron: "No pedimos que nos regalen nada, todo es por nuestros derechos".
“Desde el 2014 que está esa tierra parada ahí, nos dicen que no podemos construir viviendas pero la realidad es que no nos quieren llevar los servicios”, declaró una socia. ”Les dijimos que no los queremos y que nos hagan la excepción, como ya lo hicieron con los barrios Don Pedro y Totó Irigoyen”.
Y aseguraron: “Hoy en día necesitamos más que nunca el apoyo de la gestión municipal ya que nos respondieron que no nos pueden avalar la subdivisión del anteproyecto presentado de nuestro barrio “El Cristo” porque las ordenanzas municipales no nos avalan y por ser zona de chacra”.
Por último, manifestaron su disconformidad con el manejo de la situación de parte de la comisión directiva de la cooperativa en la que están nucleados: “Nos comunicamos con el Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos (IPCYMER) para informar la situación y para que nos indicaran cómo continuar en tal caso y no tuvimos respuesta alguna”. Sin embargo, los reclamos elevados al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) fueron respondidos a la brevedad.
La voz de
la cooperativa
En diálogo con EL ARGENTINO, la presidenta de la cooperativa “Unidos por una Vivienda LTDA”, Romina Tagniani y la tesorera, Soledad Ross, explicaron su versión: “Cuando la cooperativa compró la chacra ‘El Cristo’, a nivel nacional había un programa para viviendas rurales que tenía muchos fondos y la expectativa era poder entrar en él”.
Como se informó anteriormente, en medio de la compra del terreno (que se efectuó en 12 cuotas), el gobierno cambió: “Macri desguazó varios programas incluido este, entonces la cooperativa se encontró con que tenía la chacra pero el programa ya no existía”, especificaron.
En tanto, el agravante fue que a nivel municipal se aprobó el Programa de Ordenamiento Territorial (POT), donde se modifican sustancialmente los lugares donde se pueden construir viviendas y el sector de la chacra fue destinado al desarrollo industrial. “Desde ese punto de vista, para poder construir algo ahí existe la alternativa de que vía ordenanza del Concejo Deliberante se otorgue una excepción al POT, la cual se tramitó pero no está”.
A pesar de las expectativas, aseguraron que en el expediente del Concejo ya está el dictamen de planeamiento donde dice que la ubicación de la chacra no es apta para el destino de viviendas familiares.
“Esto no es una cuestión de la dirección de la cooperativa de querer o no hacer viviendas”, afirmaron, “desde el punto de vista legal, el marco jurídico de la ciudad no permite que ahí se puedan construir las viviendas que los socios quieren, y avanzar en estas condiciones implicaría embarcarlos en una aventura en la que nunca van a tener la escritura a nombre de ellos porque se necesita que el municipio apruebe el loteo primero”.
Y sumaron: “Que el municipio habilite el loteo de ‘El Cristo’ implica que asume la obligación de llevar los servicios, que cuesta unos 48 millones de pesos que la municipalidad no tiene”.
“El consejo de administración ha tratado de explicarle (a los socios) por todos los medios que meterse a construir algo ahí es lo mismo que construir en un terreno ajeno, además, en ese lugar la gente no puede acceder a los planes de viviendas actuales, como el PRO.CRE.AR y demás”.
Y remarcaron que, como se mencionó, la chacra se compró en un momento donde era viable y los socios podían acceder a viviendas rurales, “incluso otro terreno de la cooperativa entró en el programa nacional y ahora tienen sus viviendas”, sumaron. “Tenemos 5 en total: una tiene 20 viviendas y está ubicada en Boulevard Martínez y Domínguez, otra con 40 hogares en Boulevard Martínez y Tula Costa; y por otro lado “El Cristo”, la de calle Roffo y la última, de Luciana Ríos, que no tienen viviendas porque no entraron dentro del plan”, detallaron.
Ante la demanda de los socios, el consejo de la administración tomó contacto con las autoridades municipales para buscar alternativas: “Con el municipio nos reunimos muchas veces y buscamos millones de soluciones”, aseguraron. En esa línea, la Secretaría de Hábitat planteó la entrega de la chacra en cuestión al municipio y estos “brindar otra en la zona de atrás del cementerio, que entraría dentro del marco del programa ‘Tu primer terreno’”. “Tenían la posibilidad de pagarlo en 10 años y de acceder a todos los servicios, pero la propuesta se le hizo a los socios y la mayoría no la aceptó”, se lamentaron.
Incluso, expusieron que por la pandemia, no pudieron tener reuniones personales informativas porque están prohibidas.
“El fin de la cooperativa es brindarle al socio un terreno que el día de mañana pueda decir ‘es mío’ y que pueda venderlo o dejarlo de herencia. En ese lugar no podemos brindarle nada porque no van a conseguir la escritura ni la mensura”, concluyeron.