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El punto de la constitucionalidad, en el centro del debate sobre la legalización del aborto
La primera jornada del debate en comisión del proyecto de ley sobre la legalización del aborto giró ayer en torno de la constitucionalidad de la iniciativa sancionada por Diputados, durante un plenario en el que expertos en Derecho plantearon sus diferencias en torno a si se debe proteger o no la vida desde la concepción.
Aunque en menor medida, la objeción de conciencia de los médicos que deban practicar abortos y la tasa de mortalidad de mujeres por el ejercicio clandestino de la interrupción del embarazo fueron también ejes de la audiencia, que se llevó a cabo en dos tramos: tres horas por la mañana y tres por la tarde, con veinte oradores.
La jornada continuará hoy con la misma metodología y una decena de invitados.
El profesor de derecho constitucional Pablo Garat consideró que esta iniciativa "tiene que pasar el test de constitucionalidad", afirmó que "todo nuestro orden constitucional se apoya en el interés del niño, que aparece ausente en los debates" y dijo que Argentina aún "debe aclarar" su posición respecto a si "se es niño desde la concepción".
Por el contrario, el exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra declaró que "no hay ninguna regla constitucional que obligue a penalizar el aborto", sostuvo que quienes se oponen a la práctica "personifican y humanizan al proyecto de vida" y remarcó que "el embrión no es una persona ya nacida".
Ursula Basset, especialista en derecho de familia, afirmó que la Constitución argentina "protege la vida desde la concepción", señaló que el Estado "debe ofrecer opciones" a la mujer gestante que no desee la maternidad, como la adopción, y consideró que este proyecto "da derecho a abortar pero no a decidir".
Andrés Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional, aseguró que "no hay ningún tipo de incompatibilidad" entre el proyecto de ley en discusión y la Convención sobre los Derechos del Niño sino que, "por el contrario, con esta iniciativa se está honrando el derecho a la vida de las niñas, niños y adolescentes".
Para el abogado Alberto Bianchi, doctor en derecho de UBA, la ley se contrapone en el orden constitucional y con el Código Civil y Comercial, que entienden que hay vida humana desde el momento de la concepción, y cuestionó que la ley "pase de despenalizar a la mujer que aborta a penalizar a los médicos que se oponen".
Aida Kemelmajer de Carlucci, doctora en derecho de la Universidad de Mendoza, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencia de Buenos Aires y de Córdoba, señaló que en la legislación argentina "hay una norma que dice que la vida se protege desde la concepción" y que "también hay otra que habla de las autonomías de las mujeres".
"El Comité Internacional de los Derechos del Niño le viene diciendo a la Argentina que tiene que asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y atención pos-aborto para niñas y adolescentes", aseguró.
En cambio, el abogado constitucionalista y profesor adjunto de la UBA Alfredo Vitolo replicó a Kemelmajer al asegurar que "el derecho internacional no exige a nuestro país ni a ningún otro que reconozca el derecho al aborto" y sentenció que "sostener lo contrario no constituye una interpretación de buena fe de los tratados de los que nuestro país es parte".
La abogada y directora ejecutiva del Equipo latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi, habló de "garantizar mejores condiciones para el ejercicio de la libertad individual".
En cambio, la licenciada María Inés Franck, abogada y miembro del Centro de Bioética, Persona y Familia, aseguró que "esa vida en el vientre materno está protegida constitucionalmente" y llamó la atención de que en el proyecto venido en revisión de Diputados hay "artículos de interpretación abierta que permiten el aborto en cualquier etapa del embarazo".
La antropóloga y catedrática del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Marta Lamas Encabo, defendió la propuesta de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, aunque señaló que lo ideal sería que "ninguna mujer tenga que llegar a la decisión de hacerse un aborto".
Además, apuntó que la discusión del proyecto de ley en la Argentina ya era "un problema sin solución que debería resolverse a través de la política".
El abogado Alfonso Santiago, director de la Escuela Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, aseguró que la iniciativa tiene "gravísimos vicios constitucionales", entre los que señaló "el desconocimiento del principio de la igual e inviolable dignidad de la persona humana".
"Si se sanciona este proyecto, las personas por nacer pasarán a ser personas de segunda categoría", aseguró.