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Policiales

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La causa de los “contratos truchos” espera el resultado de una pericia para ir a juicio

La causa de los “contratos truchos” espera  el resultado de una pericia para ir a juicio

Pasaron más de dos años del inicio de aquella jornada en la que el sargento García descubrió a Flavia Beckman, Esteban Scialocomo y María Victoria Álvarez retirando 271.920 de los cajeros automáticos de la sucursal del Nuevo Banco de Entre Ríos ubicado en avenida Ramírez y Don Bosco de Paraná.


A estas detenciones se le sumó la de Hugo Mena, quien estaba esperando en su casa ubicada en la zona Este de Paraná el dinero recaudado, en una práctica habitual para los integrantes de la banda que coordinaba los contratos truchos de la Legislatura entrerriana.

Actualmente se está en la etapa final de Investigación Penal Preparatoria (IPP), a la espera de que se concluya con el análisis pericial de todos los contratos durante el período 2008-2018 en ambas Cámaras legislativas. En la misma está trabajando la contadora de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia (STJ), un ayudante y el perito de parte puesto por los abogados defensores, Cristian Dumé, muy allegado al letrado Emilio Fouces, ya que es también contador público del Club Estudiantes.

Se espera el dictamen pericial para poder elevar la causa a juicio, algo que para los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro debe darse de inmediato una vez que se obtengan los resultados contables. Se entiende que, en principio, el juicio podría ser en el segundo semestre del año próximo, aunque también se tiene en cuenta que en esa faz final del 2021 también habrá elecciones legislativas en el país y la provincia, consignó Análisis.

Se trata de una causa que tiene 154 testimoniales que generaron 228 horas de entrevistas. Un expediente de gran magnitud que debe ser analizado por los contadores con la demora producida por las restricciones vinculadas a la pandemia del Covid-19.

De los testimonios que hay en la causa, a los cuales accedió la edición papel de Análisis, el 70 por ciento de los contratados no reconoció su firma en dichos contratos, facturas o cheques endosados. La IPP demostró que era Beckman la encargada de falsificar las firmas necesarias para cometer el ilícito.

Allí se observa que un grupo familiar, con órdenes y aval de más arriba, se aprovecharon de las necesidades de las personas que requerían una ayuda por parte del Estado. Algunos contratados firmaron los contratos y otros fueron engañados. Ninguno cumplía funciones en el Poder Legislativo que los contrataba.

Incluso, de la investigación se desprende que había contratados que no sólo no pisaron nunca la Legislatura, sino que trabajaban en ámbitos privados como pueden ser los negocios familiares de Mena-Beckman, algunos medios de comunicación y agencias de publicidad.

Por ejemplo, una empleada del minimercado de Mena-Beckman reconoció: “Tengo un contrato de 30 mil pesos, pero Flavia me da tres mil pesos. Hace cuatro años que lo hago y también está otra señora conmigo”. También contrataron a una joven que ayudaba en la panadería del minimercado familiar y a su padre que era remisero: los contratos eran de 35 mil pesos, pero les pagaban tres mil pesos por mes. Mena contrató entre 2016 y 2018 a un carpintero para realizar trabajos en su casa al que le daban dos mil pesos por mes de los 30 mil pesos que figuraban en el contrato.

Los acusados aseguraban que era “todo legal” y que no se preocupen porque “hay mucha gente involucrada en esto y no nos van a tocar. Esto viene de años y no va a haber nunca problemas”, le dijeron a una mujer contratada en diputados según consta en la causa.

 

 

Principales recaudadores

 

En la causa constan quiénes fueron los principales contratados cobradores de cheques, tanto en Diputados como en Senadores. Cada uno de ellos hacía esa función para contratados de ambas Cámaras.

En la justicia se duda de que la mayoría de los cobros fueran a parar directamente a manos de las personas titulares de esos cheques. Incluso hay varios casos de falsificaciones de endosos, lo que se suma a idénticas metodologías en facturas y contratos. Varios de ellos están imputados en la causa.

* Germán Luna. Sobrino de Hugo Luna, allegado a Hugo Mena y Flavia Beckman. Tenía contrato en Diputados. Cobró 661 cheques, por 11.528.000 pesos.

* Rubén Eusebio Duro. Contrato en el Senado. Cobró 713 cheques, por 11.264.720 pesos.

* Nélida Eva Flores. Jubilada. Era esposa de Hugo Luna. Cobró 664 cheques, por 10.680.000 pesos.

* Irene Marcela Galli. Madre de Esteban Scialocomo, uno de los imputados. Contrato en el Senado desde el 2014. Cobró 571 cheques, por 10.160.000 pesos.

* Hilda Inés Piacenza. Cobró 524 cheques, por 9.471.000 pesos.

* Carlos Alberto Moya. Empleado municipal en el Concejo Deliberante y contratado de Walter Clivio en el Senado. Cobró 517 cheques por 9.164.307 pesos.

* Leonor Estela Benítez. Contratada en Diputados. Cobró 559 cheques por 8.888.000 pesos.

* Alexandra Cáceres. Contratada de Diputados. Cobró 537 cheques por 8.441.000 pesos.

* Andrea Demartín. Cobró 465 cheques por 8.260.000 pesos.

* Micaela Duro. Contratada de Senadores. Hija de Rubén Duro. Cobró 487 cheques por 8.132.297 cheques.

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