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Casos de género: Vidaer criticó al Ministerio Público Fiscal por no querer juicio por jurados
El Ministerio Público Fiscal de la Provincia agotará todos los medios a su alcance para evitar que los casos de violencia de género, principalmente por abusos sexuales, se diriman en juicios con jurados populares.
Con el principal argumento de evitar la revictimización de las mujeres, el procurador general, Jorge Amílcar García, instó a todo el cuerpo de acusadores públicos a impugnar esta nueva modalidad de juzgamiento para estas causas. Al respecto, la Asociación Vida Entre Ríos (Vidaer), a través de su referente, Carla Cusimano, criticó a García por pretender evitar los jurados populares “utilizando a las víctimas”.
La Instrucción General, que lleva la firma del Consejo de Fiscales (García, la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche y los fiscales coordinadores), efectúa múltiples críticas al juicio por jurados que fueron planteadas el año pasado durante el debate legislativo, pero no quedaron plasmadas en cambios en la ley.
Uno de ellos, es que el juicio por jurado se implementa “sin hacer ningún tipo de discriminación o salvedad y sin prever procedimiento especial para los casos de delitos que tengan connotación de género, violencia contra las mujeres y para los abusos sexuales, incluso aquellos que tengan por víctimas presuntas a niñas, niños y adolescentes por su especial condición de persona en desarrollo”, sostiene el documento del Consejo de Fiscales.
“Existe una posibilidad cierta de victimización secundaria grave, al colocar a la víctima de violencia de género y sexual ante la necesidad de brindar su relato y exponer los hechos de los que fue víctima y demás circunstancias de vida relevantes no ya ante las autoridades especializadas sino frente a un jurado de 12 personas de su propia comunidad”, cuestionaron los fiscales.
El órgano acusador considera que esta circunstancia sería peor para las víctimas “en comunidades pequeñas en las que las relaciones interpersonales priman, y el anonimato no es posible”. Sostienen que allí la revictimización “podría recrudecer por el procedimiento de jurados”.
Al respecto, en la extensa réplica efectuada por Cusimano en su página de Facebook, sostiene: “Se pretende hacer una utilización de las víctimas y/o de sus familiares, haciéndonos creer que es por nosotros cuando en realidad se esconde otro interés (...) quienes integramos la Asociación Vidaer sabemos cómo funciona la corporación”, publicó la agencia periodística APF.
Además, sostuvo que “nada de lo referido en este punto es real ya que la víctima de violencia de género continúa teniendo todo el derecho, no solo a emitir su opinión sino a recibir toda la ayuda que necesite. Si son niñas, niños o adolescentes, se les toma testimonio en Cámara Gesell, nunca son llevados a la sala del juicio. De igual manera, la mujer víctima de violencia puede declarar, si así se siente menos vulnerada, en Cámara Gesell”.
Perspectiva de género
En otro punto del documento, García sostuvo que la ley de juicio por jurados no tuvo en cuenta la necesaria perspectiva de género que se debe tener al momento de juzgar estos casos. Por esto, ordenó a los fiscales que al momento de seleccionar a las personas que integrarán un jurado, requieran las “exclusiones necesarias de aquellos que carezcan de esa formación, de tal manera que se garantice un jurado imparcial, vale decir con perspectiva de género”.
En este sentido, los fiscales pedirán a cada potencial jurado “que informen sobre capacitaciones previas de conformidad a la Ley Provincial Nº 10.768”, mediante la cual Entre Ríos se adhirió a la Ley Micaela. Quien no la tenga, será recusado. Asimismo, se subrayó que la paridad de jurados con seis varones y seis mujeres “de ningún modo garantiza la perspectiva de género dado que el sesgo patriarcal no es exclusivo del sexo masculino”.
En la crítica a este punto, Cusimano sostiene que los jurados no son funcionarios públicos, por lo cual no están alcanzados por la Ley Micaela. “Pretender que los potenciales jurados tengan una preparación previa es ir contra el espíritu mismo de la ley”, apuntó la referente de Vidaer.
Además, los fiscales parecen ubicarse por encima del resto de la sociedad al plantear que “a ello se suman los prejuicios e ideas preconcebidas y estereotipadas propias del sistema patriarcal que existen en el imaginario social en torno a la violencia sexual. Los jurados son susceptibles de trasladar al procedimiento tales prejuicios e ideas y ser influenciados por ellos al momento de valorar la credibilidad de la víctima y la culpabilidad del acusado”.
Cusimano respondió: “Este párrafo es de un nivel de discriminación impensado. Supone que la sociedad toda, aquella que no pertenece a la élite de la Justicia, es machista y patriarcal. Claro que no desconozco que parte de la sociedad está atravesada por esta verdadera patología, pero también entiendo que los funcionarios y funcionarias judiciales también lo están”. Y golpeó con el caso de Fátima Acevedo, víctima de femicidio tras denunciar al asesino: “Deberían hacerse cargo porque algunos operadores del sistema judicial son los responsables de su muerte”.
Advertencias
La mencionada Instrucción General del Consejo de Fiscales ordena también advertir a las víctimas de violencia de género y abuso sexual en qué consiste ir a un juicio por jurados, antes de solicitar la remisión de la causa a debate oral: “Luego de una minuciosa explicación del procedimiento de juicio por jurado y sus implicancias para el caso, requerir la opinión sobre el sometimiento del caso a este tipo de juicio”, instruye García. La respuesta de la víctima deberá quedar registrada en cualquier soporte.
En la conclusión de su extensa publicación, Cusimano criticó: “Estas instrucciones tienen un objetivo que no es el que parece y tienen un sello que no figura entre los firmantes. El sistema de juicio por jurados es un derecho constitucional que al fin podemos ejercer en nuestra provincia, a pesar de la élite...”.