En defensa de la vida

Por Nahuel Maciel

EL ARGENTINO

 

El 25 de abril nuevamente la comunidad de Gualeguaychú y de la región se movilizará (este año es la edición número 17) en rechazo de la presencia contaminante y de violencia social colectiva que representa UPM (Botnia); pero también en reclamo a vivir en un ambiente sano, en defensa de la convivencia que implica contar con la licencia social para todo emprendimiento, en la necesidad que el Estado –y el sector privado con responsabilidad- tienen que ejercer para la protección integral de la vida; y especialmente para decirle NO a las papeleras y SI a la vida.

El año pasado a raíz de la pandemia del Covid-19 se organizó la movilización, pero de manera virtual, de modo de colaborar con las medidas de prevención sanitaria, que hacen también a la defensa de la vida.

Este año, la Asamblea Ciudadana Ambiental analizó que están dadas las condiciones para una movilización intermedia entre la presencia física y la virtual. Por eso organizó una caravana automovilística.

El 25 de abril la concentración se realizará en el histórico paraje de Arroyo Verde y desde allí se partirá –presumiblemente, porque aún faltan confirmaciones- hacia el llamado Óvalo en la cabecera Oeste del puente internacional General San Martín, donde operan Aduana Argentina y Gendarmería Nacional; para luego retornar a Arroyo Verde y compartir la proclama que todos los años elabora la propia Asamblea Ciudadana. Se trata de una proclama que anuncios, pero también señalan situaciones a manera de denuncias.

La marcha al puente internacional General San Martín como se la conoce colectivamente a esta movilización ambiental de la Asamblea Ciudadana, siempre abraza de manera fraternal a argentinos y uruguayos y por extensión y volumen a todos los pueblos que se ponen de pie para defender el interés general a partir de una sana y equilibrada relación que debe prevalecer entre las acciones antrópicas y el cuidado de la naturaleza.

Se marcha en defensa del río Uruguay y de todos los ríos; pero también para señalar cómo se están avasallando y destruyendo sus entornos y cómo la República cae de rodillas frente a empresas de neto corte colonialista como UPM (Botnia) y para repudiar la impunidad que se genera no sólo con la pasividad de ambos Estados y todos sus organismos sino también con el triste y patético rol que ejerce la Justicia que no puede avanzar siquiera en una causa por delito ambiental.

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) se muestra muy eficiente para generar las políticas de navegabilidad del curso de agua compartido, permitiendo que los bienes (ellos lo llaman recursos) naturales sean extraídos por empresas que, como vampiros, chupan la sangre de los pueblos. Y esa es la razón por la que no logra ponerle un límite a esas mismas empresas y se muestran más serviles que conductores de los destinos de los recursos de una Nación.

Vivimos en una crisis de civilización que se refleja –entre otros aspectos- en la falta de diálogo entre la cultura y la naturaleza. Y esto a pesar que pocas protestas (y materias) como la ambiental les agrega a las demandas sociales la perspectiva de las generaciones futuras.

Esta crisis de civilización también es reflejada como un problema y conflicto ambiental a lo largo y ancho del planeta. Por eso esta movilización de la Asamblea Ciudadana es considerada como una de las más multitudinarias a escala planetaria e interpela a las autoridades porque no se ponen al frente de sus pueblos en defensa de valores permanentes como es la protección de la vida en todas sus formas.

El desmonte nativo, el vertido de efluentes urbanos e industriales sin controles ni procesos, los agrotóxicos vinculados con las producciones agropecuarias, la erosión de sus costas, la depredación ictícola son sus mayores problemas, agravados por la presencia de UPM que ha venido para alterar la proverbial paz entre los pueblos ribereños.

No hay que hacer demasiados esfuerzos para observar que existen multiplicidad de dominios, organismos y jurisdicciones que intervienen en el ambiente, generalmente sin coordinación e incluso a veces sin dialogo entre las distintas administraciones y en la mayoría de los casos hasta superponiendo decisiones. El Estado tiene tal confusión que a esta altura de las circunstancias y del devenir histórico, hay que creer que es más una decisión política que una torpeza administrativa.

Esto favorece hasta la impunidad a las producciones extractivas (especialmente a la minería a cielo abierto); tiene como consecuencia la degradación de entornos naturales; genera la pérdida sostenida del patrimonio natural pero también del cultural de los pueblos; entre una lista más extensa de los males que desde hace generaciones se vienen señalando.

Como todos los años, la Asamblea Ciudadana Ambiental vuelve a convocar para movilizarse en defensa de lo más sagrado para los pueblos: la vida y el ambiente.

En el caso de Gualeguaychú y del río Uruguay, la vida y el ambiente es una poderosa síntesis que también habla de la identidad y los legados históricos de los Padres de la Patria. Legado como el que dejó el general de hombres libres que fue José Gervasio Artigas, cuando sostuvo que no estaba dispuesto a vender el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad.

Por eso se vuelve a marchar. Porque hay un pueblo que sigue en pie y tiene memoria, mientras los Estados ha puesto de rodilla a las Repúblicas y se han olvidado de la Constitución y permiten que emprendimientos de neto corte colonialista como el de UPM (Botnia) prevalezca por encima de los intereses generales de la población.

La movilización anual que convoca la Asamblea Ciudadana Ambiental –la décimo séptima edición- es un fiel testigo que todavía se adeudan respuestas por parte del Estado en materia de defensa ambiental; que el conflicto lejos de solucionarse cada vez se agrava más y que socialmente sigue abierta una herida generada por UPM (Botnia) que seguramente costará varias generaciones para que cicatrice.

Lejos de los sentimientos de derrota o frustración, la persistencia del reclamo del pueblo se agiganta con el paso del tiempo. Y hace de su reclamo un motivo de lucha permanente, porque –como se sabe- los pueblos construyen sus banderas en su marcha. La de los pueblos ribereños es la que enarbola el NO a las papeleras y el SI a la vida; la que flamea para fortalecer el diálogo entre la cultura y la naturaleza; la que se iza de manera cotidiana para encontrar en la sustentabilidad el cuidado de la biodiversidad y la que no será arriada pese a los negociados de los poderosos. Como se ha apuntado en varias oportunidades, se trata de la misma bandera esbozada por Artigas cuando sostuvo que con la verdad no teme ni ofende y cuando afirmó que no iba a vender el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad.