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El matrimonio que se suele realizar entre el narcotráfico y algunos políticos
El viernes por la noche el escenario político de Pueblo General Belgrano y Gualeguaychú se conmocionó por una información: en un procedimiento realizado por personal de Gendarmería Nacional en el Puesto Caminero emplazado en la Autovía Gervasio Artigas
Por Nahuel Maciel
EL ARGENTINO
(Ruta Nacional Nº 14) y el acceso a la localidad correntina de Tapebicuá, interceptaron un vehículo Peugeot 307, dominio colocado FNR-483, con casi 30 kilos de marihuana distribuidos en 41 paquetes.
El vehículo era conducido por un prefecto naval retirado de Gualeguaychú identificado como Rubén Cáceres; quien estaba acompañado por Santiago Andrés Irigoyen -concejal de Pueblo General Belgrano- y Gastón Eduardo Fiorotto domiciliado en Paso de los Libres, Corrientes, quienes trasladaban la droga que sería proveniente de Jardín América, Provincia de Misiones, con destino Pueblo General Belgrano-Gualeguaychú.
Cáceres es personal subalterno retirado desde hace unos años de la Prefectura Naval Argentina, con grado de Ayudante de Segunda, y fue quien habría intentado evadir el control de los gendarmes; pero luego fue interceptado por la Fuerza de Seguridad Federal.
Irigoyen, concejal de Pueblo General Belgrano por el partido oficialista Nueva Generación, junto a las demás personas quedaron detenidos por Gendarmería Nacional a disposición de la Justicia Federal.
Tras estos hechos, la detención del concejal Irigoyen –que responde políticamente al intendente de ese Municipio, Mauricio Davico- generó que el propio Davico pidiera al Concejo Deliberante “que instruya mediante la reglamentación vigente la expulsión de su cargo”, debido a que “su conducta no nos representa y daña a toda la sociedad en su conjunto”.
Del mismo modo, los compañeros de bancada de Irigoyen, Juan Carlos Guarnuccio, Analía Carrazza, Alejandro Frávega y Ludmila Márquez también manifestaron su repudio el accionar de su par de Nueva Generación.
“No hay margen para ningún accionar que esté por fuera de la Ley y mucho menos los hechos que llevaron a la detención. Como representantes del pueblo tenemos responsabilidades públicas, debemos extremar el ejercicio de nuestra moral y nuestra ética”, coincidieron en señalar los concejales.
“La sola sospecha sobre su conducta lo deja fuera de nuestra transparente identidad de servicio, no nos representa”, sentenciaron.
Además, anticiparon que en la próxima sesión del Concejo Deliberante “vamos a iniciar los procedimientos relativos a la remoción del concejal Irigoyen, respetando la norma y la honra de ser los representantes del pueblo”.
Hasta aquí las primeras consecuencias políticas de la información. Pero, amerita formular otras preguntas, por ejemplo:
1) Transportar casi 30 kilos de marihuana es un “mandado” para uno mismo o para otros.
2) Está claro que casi 30 kilos de marihuana es una inversión millonaria. Los niveles de vida de los tres detenidos lo justifican o eso demostraría que “el mandado” era para otro.
3) Ese “otro” podrá ser identificado por la Justicia o el hilo se cortará en estas tres detenciones, que seguramente ese rol ya ha sido reemplazado en caso de existir una organización mayor.
Narcotráfico y política
Se dice que el narcotráfico y la política son un matrimonio de conveniencias casi perfecto, por las millonarias ganancias y la impunidad que se dispensan unos con otros.
Que nadie se asombre con el matrimonio narcotráfico y política. Que alcance con recordar que en marzo de 2017 el intendente de la localidad correntina de Itatí, Natividad “Roger” Terán (Frente para la Victoria), y su vice, Fabio Aquino (PRO Cambiemos), fueron detenidos en el marco de una megacausa por narcotráfico. Ya el solo hecho de constituir una alianza electoral por la cual gobernaron Itatí desde el 2013 debería haber llamado la atención, ¿no les parece? Pero, no. A nadie le llamó la atención esa sociedad política.
No alcanza con este ejemplo, entonces hay que recordar lo ocurrido hace poco en Paraná, donde terminó condenado en primera instancia el entonces intendente Sergio Varisco (Cambiemos) en una causa por narcotráfico en la que resultó también condenado el narco Daniel “Tavi” Celis.
En este marco es oportuno recordar un artículo publicado el 29 de junio de 2019 en EL ARGENTINO, titulado “Solo de cocaína en Gualeguaychú se comercializa como mínimo treinta kilogramos por semana” (1).
Ese informe destacaba el testimonio del gendarme Leandro Luis Tajes, quien dirigió una investigación contra cuatro personas de Gualeguaychú por venta de droga, y había declarado en 2018 frente al Tribunal Oral Federal de Paraná (integrado por los jueces Noemí Berros, Roberto López Arango y Lilia Carnero), que “en Gualeguaychú debe haber unas 20 mil personas que consumen cocaína” y aclaró que ese número era de 2016, porque ya no trabajaba en Gualeguaychú que es una localidad que tiene (redondeando para arriba) casi cien mil habitantes.
Luego se invitó al lector a imaginar un número sensiblemente menor al que el gendarme Tajes calculó. En vez de 20 mil adictos, que se calcule menos de la mitad: seis mil adictos y para calcular su dosis mensual, cada uno de ellos se lo encuadre en un adicto incipiente o primerizo a moderado: esto es, cinco gramos de cocaína por semana.
Cinco gramos multiplicado por seis mil adictos, es igual a 30 mil gramos, es decir, 30 kilos por semana.
El gramo de cocaína cuesta en la actualidad (se calculó un precio muy conservador) 400 pesos (en la actualidad serían 800 pesos).
Hay que seguir el razonamiento básico: 800 pesos por 30 mil gramos por semana es igual a 24 millones de pesos.
Es decir, solo Gualeguaychú (calculando menos de la mitad de lo señalado por Tajes ante la Justicia, en vez de 20 mil, seis mil) mueve por semana un mercado de 24 millones de pesos de venta de cocaína, para abastecer con sus 30 kilos únicamente a seis mil adictos que están en su etapa inicial o son primerizos. Y hay que tener en cuenta que este cálculo es solo y exclusivamente para cocaína, sin sumar otros estupefacientes como marihuana o droga sintética, por ejemplo.
Nuevamente el matrimonio narcotráfico y política en su máxima expresión.
De nuevo, se invita a volver a leer: por semana ingresan a Gualeguaychú como mínimo 30 kilos de cocaína, cuyo valor de mercado es de aproximadamente 24 millones de pesos y abastece el consumo de seis mil adictos. Y esta aproximación es solo de cocaína, no contempla otras sustancias ilícitas como marihuana, cuyo consumo en la ciudad se calcula es mucho, pero mucho más elevado.
Hay que tener presente que son como mínimo 30 kilos de cocaína que ingresan por semana, en cada una de las 52 semanas del año, sin cesar: 1.560 kilos por año.
Ahora volvamos a la detención del concejal Irigoyen con sus casi 30 kilos de marihuana y pensemos los interrogantes planteados: ¿Hacía “el mandado” para él mismo o para otra persona u organización? ¿Era un acto individual o acaso el fiel testimonio del matrimonio que a veces se da entre el narcotráfico y la política? ¿Alcanzará con expulsar al concejal para decir que en Pueblo General Belgrano o en cualquier otra localidad entrerriana se ha disuelto el matrimonio narcotráfico política?
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