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De acerca el juicio de la causa por evasión millonaria con facturas truchas
Se cumplen dos años de la denuncia de la AFIP y los posteriores allanamientos que permitieron desbaratar una organización dedicada a servicios de evasión fiscal, si se podría llamar así, en la ciudad de Concordia.
La causa avanza y los imputados, entre ellos un contador y el dueño de una financiera, están más cerca del juicio. Casi un presupuesto anual de la Municipalidad de Concordia es el monto de facturación apócrifa generada por la banda que gestionaba recibos truchos a distintas empresas, con prestanombres de condición muy humilde. Para 2018, el municipio de la localidad entrerriana presupuestó gastos por 1.950 millones de pesos. Durante ese año (sólo hasta septiembre), la organización delictiva habría facturado 1.250.526.552,61 pesos, según los informado por el organismo recaudador y lo que consta en el expediente que se tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.
El monto de la evasión fiscal fue mayor a los 210 millones de pesos, sólo en concepto de IVA. Además, parte de las ganancias obtenidas habrían sido lavadas mediante el cambio de cheques en una entidad financiera. Se informó al diario Uno de Paraná que en las últimas semanas se tramitaron pedidos de excarcelación para algunos de los acusados que están con prisión preventiva domiciliaria, y solicitudes de devolución de bienes secuestrados, ya que se prevé decomisar vehículos y propiedades inmuebles para reparar el daño al erario público. De este modo, resta esperar algunas medidas de rigor previo a que la causa sea elevada al Tribunal Oral Federal de Concepción.
El 14 de marzo de 2019, hace exactamente un año, se llevaron a cabo 11 allanamientos en Concordia, en domicilios particulares, en un estudio contable de pleno centro y en la entidad financiera que además se dedica a la compra y venta de oro, entre otros, a cargo de la Prefectura Naval Argentina. Se secuestró profusa documentación, así como soportes informáticos con datos sensibles para la causa, y detuvieron a cuatro personas. Un par de días después indagaron a los sospechosos, entre ellos, el contador Guillermo León Bahr, su mano derecha Luis Orlando Eckerdt y el empresario de las finanzas, Rubén Javier Ábalo, a quienes les dictaron medidas cautelares y les trabaron embargos millonarios.
El delito que les endilgaron es el de “integrar una organización destinada a evadir impuestos al valor agregado y a las ganancias”, y a Ábalo en particular el lavado de activos. Así se describió en la imputación tanto de la Fiscalía Federal como de la querella particular de AFIP, que fue adoptada por el juez federal Pablo Seró: “El haber liderado, en forma conjunta, una organización delictiva que tenía por objetivo facilitar la evasión de impuestos, como así también de dar apariencia lícita a los bienes que iban adquiriendo con lo producido por tales maniobras espurias, también de forma organizada. Los contribuyentes que solicitaban sus servicios espurios se beneficiaban con crédito fiscal ilegítimo excluyéndolos de carga impositiva, lo que les permitía no abonar tributos en la forma que la ley lo determina”.
Según la Justicia, los implicados habrían constituido una asociación ilícita, con un claro reparto de roles: “El contador Bahr era quien efectuaba el soporte intelectual y técnico que posibilitaba la creación de sociedades pantallas mediante la inscripción de personas insolventes o de escasos recursos en diferentes organismos. Alguna de ellas son las denominadas Forestal Nueva Chance SRL, Toledo y Dante Maderas SRL. Él también facilitaba a los contribuyentes ‘socios aparentes’ para la inscripción de sociedades y así eludir cuestiones de responsabilidad fiscal; entre sus labores más destacadas”, se detalla en el expediente.