“Cuando termine muerta”

Por Liliana Bonarrigo (*)

 

“Cuando termine muerta por culpa de él, puede ser que la

Policía y el juzgado hagan algo, mientras tanto vamos a tener

que seguir pagando las consecuencias con el Gordo” (…)

 “Estoy podrida de denunciarlo y que la Policía no

haga nada. Ni la Policía, ni el Juzgado, ni nadie”.

 

La cita pertenece a los audios que Fátima Acevedo envió a su amiga contándole la apremiante situación de violencia de género que ejercía sobre ella su expareja y padre de su hijo, Jorge Martínez, y la inacción por parte del Estado. Fátima fue asesinada tiempo después, el 1º de marzo de 2020. Desde el 5 de febrero de ese año, la joven de 25 años y su hijo estaban alojados en la Casa de la Mujer de la Municipalidad de Paraná, desde donde salió al encuentro de Martínez sin ninguna protección, a pesar de estar su caso judicializado.

El 11 de febrero de ese año, la Fiscalía le había otorgado el botón antipánico (un mecanismo que funciona como aplicación del teléfono móvil y que depende del servicio, de los datos, de la señal). Los días previos, el 3 y 4 de febrero de 2020, Fátima había denunciado a Martínez en la comisaría Tercera; el 5 se había impuesto la restricción por 90 días, una orden que nadie controló. Mucho antes del desenlace, Fátima había acudido al Juzgado de Familia a reclamar la cuota alimentaria para su hijo. El día 2 de marzo de 2020, cuando Fátima no regresó, personal de la Casa de la Mujer radicó una denuncia con un tinte tardío que dejó flotando un interrogante: ¿por qué Fátima fue sola a encontrarse con su femicida cuando estaba “a resguardo” en una institución del Estado que debía contenerla?

Hace pocos días, del 22 al 26 de febrero, se desarrolló el juicio contra Martínez. Ni en los alegatos de la Fiscalía, ni en los de la Querella se cuestionó al sistema judicial, policial y de género que no pudo proteger a esa mujer que había decidido romper con el círculo de la violencia. Nadie habló de las fallas del sistema.

A seis años del movimiento #NiUnaMenos, con leyes como la de Violencia de Género y Micaela, con las estadísticas negras de “una cada 27 horas”, ya debería ser una verdad de Perogrullo que a la mujer que pide ayuda hay que escucharla y protegerla; que las exclusiones del hogar y perimetrales –extendidas en los intrincados pasillos de la burocracia– por sí solas no son eficaces si no hay control; y que la presión de la Justicia debe recaer sobre el violento y no sobre la víctima.

Se cometieron 52 femicidios desde el 1º de enero al 28 de febrero de este año: uno cada 27 horas. El 71% de los victimarios fueron parejas y exparejas; 65% ocurrió en la vivienda de la víctima. Entre los asesinos hay cinco policías y tres militares. Nueve víctimas habían realizado, al menos, una denuncia por violencia de género, cinco tenían medidas restrictivas, 41 menores perdieron a sus madres. Los datos pertenecen al Observatorio #AhoraQueSíNosVen, surgido al calor del primer #NiUnaMenos. Desde su creación, este observatorio registró 1.450 femicidios: uno cada 30 horas en cinco años. El Estado sigue ausente. El poder Judicial sigue siendo patriarcal, las fuerzas de seguridad siguen sin capacitarse en género. A estas alturas, y a pesar de los Ministerios, las buenas intenciones, de las declamaciones y posturas mediáticas, las estadísticas son claras: el Estado no pudo salvar a esas mujeres. Y si bien en el cambio sociocultural hacia una perspectiva de género se debe comprometer toda la sociedad, es el Estado el que debe ocuparse de las urgencias, porque las víctimas no pueden esperar un cambio cultural. Los femicidios no son accidentes. Cuando el violento mató, hubo un cúmulo de situaciones previas evitables.

Puede ser que la condena a Martínez haga Justicia a Fátima Acevedo, pero no la devolverá.

“Cuando termine muerta … puede ser que la Policía y el juzgado hagan algo”.

 

(*) Esta columna de Opinión de Liliana Bonarrigo se publicó originalmente en el diario Uno de Paraná.