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La diputada Gaillard propone sanciones alternativas para casos de narcomenudeo

La diputada Gaillard  propone sanciones  alternativas para casos  de narcomenudeo

La diputada nacional Carolina Gaillard (PJ-Entre Ríos) presentó un proyecto para modificar la escala penal para delitos de narcomenudeo, estableciendo la posibilidad de que los jueces impongan penas de prisión condicional (no efectiva) o alternativas a la cárcel cuando se trate de personas que no registren antecedentes por la misma clase de delitos.


El narcomenudeo es la venta de drogas en menor escala, un negocio que reconoce distintas fases dentro de la cadena del narcotráfico y, dependiendo de cada barrio o de los alcances de las distintas organizaciones, puede tener mayor o menor infraestructura. En la provincia se ha detectado un esquema representado por el “dealer” (distribuidor), el kiosco o el “delivery” (sistema de entregas).

El mapa que dibuja el narcotráfico viene demostrando que sin venta minorista no hay narcotráfico porque el gran negocio necesita una presencia en el territorio –que obtiene con la proliferación de kioscos– para tener un termómetro del consumo.

Frente a este nuevo escenario, la herramienta que ensayó Entre Ríos fue dar facultades a la Justicia provincial para perseguir y juzgar el comercio, entrega, suministro o facilitación de estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor, publicó el portal Página Judicial.

El proyecto de Gaillard no plantea devolver la competencia plena a la Justicia Federal, sino que advierte la desproporción entre las penas que se fijan para el “dealer” o distribuidor y el jefe del negocio. En cualquier caso, la pena va de cuatro a quince años de prisión. “Dicha distinción no encuentra reflejo en la escala penal, ya que se ha establecido una misma pena para conductas de tráfico de estupefacientes de menor cantidad con aquellas destinadas a gran escala, resultando objetivamente desproporcionada su aplicación y ocasionando un notorio incremento en condenas por narcomenudeo en las provincias que adhirieron al sistema”, enfatizó la legisladora entrerriana.

El proyecto propone “pensar la posibilidad de otra forma de aseguramiento, distinta a la unidad carcelaria”, para las personas imputadas por delito de comercio minorista o narcomenudeo que no registren antecedentes por ese tipo de delitos y cuando se compruebe que las drogas incautadas “estén destinadas directamente al consumidor”.

Entre las alternativas que se plantean está la posibilidad de reducir el mínimo de la pena a tres años de prisión condicional que los jueces impongan penas de hasta tres años con la condición de someterse, en forma voluntaria, a medidas socioeducativas orientadas a conocer las consecuencias de los consumos problemáticos de sustancias y su relación con los tráficos ilícitos, realizar tareas comunitarias de pacificación de su lugar de residencia u otras medidas destinadas a evitar la reiteración de ese tipo de conductas.

Gaillard aseguró que “la experiencia demuestra que el encarcelamiento indiscriminado del último eslabón del comercio minorista de sustancias estupefacientes se encuentra muy lejos de resolver los problemas derivados del narcotráfico, y usualmente impacta en poblaciones particularmente vulnerables, agravando de por sí la grave situación en cárceles derivada de la sobrepoblación y sus consecuencias deletéreas como son el hacinamiento, la violencia institucional, la dificultad de acceso a derechos básicos y esenciales o el perjuicio e ineficaz efecto de las penas de corta duración que distan de aportar a la resocialización”.

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