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Podrían imputar por lavado a quienes provocaron incendios en el Delta
La Unidad de Información Financiera (UIF) fue ratificada como querellante en la causa por la quema de islas en el Delta entrerriano y cobra fuerza la posibilidad de imputar a empresarios y ganaderos por lavado de activos en función de los beneficios económicos que obtendrían con los incendios forestales.
De esta forma, la investigación por los incendios en el Delta dio un giro radical a partir de la admisión como querellante de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la posible imputación de quienes figuran como propietarios de las islas por lavado de activos.
Se trata de un debate novedoso que ha empezado a darse en los tribunales argentinos y que, específicamente en el caso de la quema de islas, busca profundizar en la hipótesis de que los incendios hayan sido intencionales con la finalidad de crear “beneficios económicos de índole agrícola, ganadera o inmobiliaria”.
Esta nueva perspectiva forma parte de una línea de investigación trazada desde 2019 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es una organización intergubernamental que integran más de doscientos países, para profundizar la relación entre las modalidades delictivas medioambientales y el blanqueo de capitales.
En ese marco es que el 30 de octubre de 2020 el titular de la Dirección de Litigios Penales de la UIF, Claudio Javier Castelli, solicitó se le confiera el carácter querellante en la causa por los incendios en el delta, publicó el portal Página Judicial.
En su presentación, el organismo señaló que la quema de islas generó “un plus valor económico delictivo que provocó el aumento del precio de las propiedades incendiadas en beneficio de sus titulares, enmascarado en la simulación de un simple hecho de la naturaleza”.
Su pretensión ha sido resistida por los imputados en la causa que tramita en el Juzgado Federal de Paraná, a cargo de Daniel Alonso, por considerar que los delitos que la UIF debe investigar nada tienen que ver con los incendios y que si se la aceptara como querellante se estaría vulnerando el derecho de defensa y el principio que garantiza a cualquier persona que no sea juzgada dos veces por el mismo delito, porque se le estaría concediendo más de una oportunidad para perseguir penalmente y lograr una condena.
“La UIF es un organismo público que tiene a su cargo la investigación de delitos de lavado de activos. En 2019, el GAFI emitió una recomendación a los países miembros sobre la necesidad de investigar la vinculación que podría existir entre los delitos ambientales, como la contaminación o la deforestación, y el lavado de activos. Los incendios provocados en las islas son delitos ambientales y lo que hacen las empresas que los provocan es que en lugar de invertir en plantas de tratamiento u otra forma de mejorar los rindes en sus campos, externalizan los costos a toda la sociedad, es decir, hacen que todos paguemos para que ellos puedan aumentar sus ganancias de manera ilícita”, explicó a Página Judicial el abogado Fabián Maggi, integrante de la asociación civil Cuenca Río Paraná, que es querellante en la causa por los incendios en el delta.
El documento al que refiere Maggi se titula “Blanqueo de capitales y comercio ilegal de vida silvestre”, se dio a conocer en 2019 y resalta la relación existente entre las modalidades delictivas medioambientales y el blanqueo de capitales. También interpela a los países para que adopten estrategias nacionales y de reasignación de recursos para combatir el lavado de activos proveniente de estos delitos, instándolos a reforzar su conocimiento respecto a los riesgos implicados, entre otros aspectos.
Aquel compromiso fue refrendado al año siguiente mediante la creación de líneas de trabajo para desarrollar buenas prácticas para que gobiernos e industria privada aborden los riesgos de los flujos financieros vinculados con los delitos ambientales y, de esa manera, evitar el blanqueo de capitales derivado de actividades ilegales.
En esa línea, por ejemplo, se inscribe la Ley de Manejo del Fuego, que incorpora un interesante aporte para el control del blanqueo de capitales al prohibir la modificación del uso o destino que las superficies incendiadas poseían con anterioridad al siniestro; o la creación de juzgados ambientales en el marco de la reforma judicial.
Hasta el momento, un puñado de empresarios, ganaderos y hacendados han sido imputados por delitos de incendio u otro estrago y atentado contra la seguridad de naves o aeronaves. Pero la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de confirmar la participación de la UIF en el proceso podría agravar ese encuadre jurídico.
De hecho, la UIF considera que cualquier delito es apto para configurar un precedente para el lavado de activos y que todo delito contra el medio ambiente conlleva un beneficio económico-financiero que se persigue detrás de la comisión de ese delito.