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Monotributo, consenso fiscal e inconsistencias
Los impuestos laborales actuales van en gran parte al sistema previsional, que representa el 50% del gasto público nacional.
El monotributo se inició hace más de 25 años como una forma de permitir a quienes eran informales crecer con una carga impositiva y administrativa muy moderada. Recibirían una contraprestación de salud y de jubilación en el futuro. Luego se agregó el monotributo social, que era aún más simplificado. La tasa que se pagaba era menor, como también lo eran las prestaciones futuras a recibir.
Por Diana Mondino
A lo largo de los años el costo ha aumentado, pero aun así se ha producido un “precipicio”. Superados ciertos niveles, la tasa impositiva aumenta abruptamente. Así se genera el llamado enanismo fiscal: nadie quiere mostrar su crecimiento en facturación porque sería muy caro hacerlo. Tanto autónomos como ganancias tienen tasas muy superiores que son mucho más difíciles de pagar. Por otra parte, los beneficios de estar en uno u otro sistema tienden a igualarse.
Hay más de 4 millones de monotributistas, y el presupuesto 2021 estimaba $ 25mil millones de recaudación. Parece mucho, pero en realidad era solamente el 0,0043 de la recaudación estimada en $ 5.702.274,6 millones. Más fácil, era menos de la mitad de 1%. La suba entonces no debería ser un tema presupuestario ni de gran relevancia fiscal.
Este y todos los impuestos deben ser estudiados desde el punto de vista de sus efectos. Por otra parte, si en dos días se puede modificar y retrotraer normas que a su vez eran retroactivas y además se modifica la escala, daría la impresión que los efectos no se analizaron con suficiente profundidad. Asimismo, los saltos no se solucionan, sino que ocurrirán con importes mayores.
Para tener un mercado laboral con posibilidad de reducir el desempleo, una economía que pueda crecer y una razonable equidad (medida con cualquier criterio que el lector prefiera) es necesario que haya una relación lógica entre los distintos impuestos. Por supuesto es indispensable pensar un esquema que contemple a quienes tienen trabajos fuera de relación de dependencia, sean monotributistas o autónomos o… ni lo uno ni lo otro. Es decir, es indispensable reevaluar los impuestos al trabajo en general, incluyendo los que pagan quienes trabajan en relación de dependencia.
Los impuestos se aplican con varios criterios, y uno de ellos es la facilidad de identificar la base imponible. Obviamente es fácil encontrar a quienes están en relación de dependencia y por ello tienen fuertes gravámenes. Llamar “contratos basura” o “en negro” a los que trabajan bajo otras modalidades es una forma de hacer más digerible los impuestos se pagan por el dudoso privilegio de estar en relación de dependencia. Las ventajas respecto a protección en salud o previsional ya son muy pequeñas y el costo que se paga por esas ventajas es muy alto.
Es cierto que los impuestos laborales actuales van en gran parte al sistema previsional, que representa el 50% del gasto público nacional. Según el presupuesto 2021, los impuestos laborales -aportes y contribuciones a la Seguridad Social- se estimaron en $1.839.562,7 Millones, es decir un tercio de la recaudación total: más que la suma total de IVA y Ganancias de empresas y personas.
Sería fácil decir que si esos impuestos al trabajo no se cobraran, y los trabajadores recibieran esos fondos, su salario sería notablemente más alto, aumentaría el consumo e inversión, y tendríamos un círculo virtuoso. La contrapartida es que sería absolutamente infinanciable el sistema previsional. Estamos presos de las decisiones que se tomaron en el pasado sobre cómo financiar la seguridad social: inicialmente un sistema de pay-as-you-go, luego los aportes individuales de los fondos de pensión, luego su desaparición sumado a moratorias permanentes.
Volviendo al monotributo, es dramático que se pretenda cobrar o subir impuestos a quienes en cuarentena tienen ingresos disminuidos, y bienvenido sea que se modifique. Pero por la premura y sólo una modificación de escalas, sin considerar prestaciones ni objetivos, no se está yendo al fondo de la cuestión.
Por si eso fuera poco, el jueves Diputados sancionó la suspensión del Consenso Fiscal. Me sorprende porque de una primera lectura pareciera un cheque en blanco para que Gobernadores e Intendentes puedan subir sus impuestos, fundamentalmente Ingresos Brutos y Tasas Municipales. No hace falta explicar cómo funcionan esos impuestos, a los que justamente se había reducido y puesto un tope con el Consenso Fiscal. Esto significa más Impuestos para alimentar un Estado quebrado. Si fuera un puente para ordenar la situación fiscal habría menos reparos, pero ante un gasto que no se detiene y cuya eficacia es dudosa, lo más probable es que afecte notablemente a familias y empresas. Dificultará aún más el empleo de cualquier tipo, y siendo un costo más, también a precios y producción.
La nueva norma de monotributo es otra oportunidad desperdiciada de entender y mejorar el sistema previsional que, repito, es el 50% del gasto total del presupuesto. El monotributo es un monto pequeño, una gota en el presupuesto. La reforma al consenso fiscal no es una gota sino una catarata que afecta a todo el sistema productivo. Ambos forman parte del océano de inconsistencias que muy pronto deberemos mejorar.